DECENAS DE ACUSADOS DE TERRORISTAS

Martes, 01 de Noviembre de 2011 01:58

El Gobierno del Presidente Rafael Correa, algunas Alcaldías, así como empresas privadas han impulsado una serie de denuncias y juicios en contra de dirigentes sociales, por su participación en diversas acciones de protesta social. Organizaciones sociales, ambientalistas y de Defensa de los Derechos Humanos han denunciado los casos que presentamos en resumen.

CASO 1.- Investigación judicial a pobladores de Morona Santiago opuestos a la explotación minera. En noviembre de 2006, indígenas de la Federación Interprovincial de Centros Shuar  (FICSH), se movilizaron con el objeto de exigir la salida de la empresa EcuaCorriente de las zonas San Carlos y Rosa de Oro, en la provincia de Morona Santiago. La empresa presentó el año 2007, una denuncia en contra del entonces  Alcalde de Limón – Indaza Antonio Castillo y 15 personas más.

CASO 2.- Juicio penal y encarcelamiento a indígenas Shuar. Dos técnicos de esa empresa que habrían intentado ingresar a la zona en abril de 2009 fueron impedidos de hacerlo por las familias Shuar ahí asentadas. Éstas habrían retenido sus implementos de trabajo (un GPS, un teléfono satelital y otros artículos). Ante el hecho, los técnicos de la empresa presentaron una denuncia por robo agravado en contra de los indígenas: Samik Adriano Ankuash Juwa, Tsetsekip Rafael Tsamaraint Sankup, Antuash José Mashu Asamant.

CASO 3.- Denuncia a operadores de justicia por fallar a favor de indígenas anti mineros, en Morona Santiago. Luego de que el Juez Tercero de Morona Santiago dictara el sobreseimiento definitivo en  noviembre de 2009, a favor de los tres indígenas involucrados en la retención de los implementos técnicos de los empleados de EcuaCorriente, el Fiscal  y Juez de lo Penal que conocieron la causa fueron denunciados por la empresa. El 8 de enero de 2010, la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de Judicatura instruyó un sumario administrativo para el Juez Tercero de Garantías Penales de Morona Santiago, para indagar el fallo por éste emitido.

CASO 4.- Indagación previa contra dirigente anti minero de Zamora Chinchipe. Integrantes del Comité de Defensa del Cantón El Pangui, fueron llamados a rendir declaración por supuestas lesiones provocadas a cuatro policías en enero de 2009, durante la protesta contra le Ley de Minería. Entre ellas María de Jesús Bravo Pagola y Aída Vintimilla.

CASO 5.- Pobladores anti mineros del cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. El alcalde presentó la denuncia contra cinco pobladores de El Pangui, luego de que los pobladores le reclamaran por haber negociado unilateralmente con la empresa EcuaCorriente. Mesías Córdova, Ángel Giovanni Ullaguari, Carlos Rumipuglla, Kevin Giovanni Ullaguari Morocho y Joel Vicente Zhunio.

CASO 6.- Pobladores anti mineros, provincia de Zamora Chinchipe. Durante la protesta nacional en contra de la Ley de Minería, en enero de 2009, un grupo de personas fueron detenidas por la Policía y procesadas. Dos de ellas, permanecieron detenidas durante 23 días, por supuesto terrorismo: María de Jesús Bravo Pagola, Aída Vintimilla, Mesías Córdova, Ángel Giovanni Ullaguari, Carlos Rumipuglla, Kevin Giovanni Ullaguari Morocho (menor de edad) y Joel Vicente Zhunio.

CASO 7.- Dirigente de Morona Santiago apresado y procesado. En el mismo contexto de movilizaciones por la expedición de la Ley de Minería, un dirigente de Limón fue detenido en enero de 2009, permaneció detenido hasta el 5 de febrero de 2009. Antonio Castillo Orellana ex Alcalde del Cantón Limón - Indaza.

CASO 8.- Acción penal contra familia campesina, cuya finca estuvo ubicada en zona de interés minero de la empresa EcuaCorriente. El Juzgado Cuarto de lo Penal de la provincia de Zamora dictó prisión preventiva contra un joven campesino por supuestas lesiones mutuas entre él y su agresor. Buscando que la familia campesina abandonara la tierra de interés de EcuaCorriente, esta empresa presentó dos acciones administrativas en contra de la familia. La primera ante la dependencia provincial del Ministerio del Ambiente, por supuesta tala de bosque, y la segunda, por supuesta invasión a la concesión minera “Mirador 3”. Familia Belezaca Vintimilla.

CASO 9.- Integrantes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar acusados de sabotaje y terrorismo con muerte. Once integrantes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FCSH),  fueron acusados de sabotaje y terrorismo a raíz de la movilización protagonizada por el pueblo Shuar en Morona Santiago durante la jornada de protesta contra el proyecto de Ley de Aguas. Públicamente los dirigentes de esta organización han expresado su posición de no permitir la explotación petrolera/ minera en territorio Shuar. Los acusados son 5 entre ellos Pepe Acacho, Vicepresidente de la CONAIE.

CASO 10.- Pobladores del cantón Las Naves, provincia de Bolívar, reprimidos y judicializados. El 26 de junio de 2010, moradores del cantón las Naves, emprendieron acciones de protesta contra la extracción minera de la Empresa CURIMINING SA. Esta acción fue reprimida violentamente por un pelotón de aproximadamente 400 policías, quienes haciendo uso desproporcionado de la fuerza, agredieron a los manifestantes. La Policía señaló al azar a las personas que actualmente enfrentan las acciones penales: Gabriela Rochina Rochina, José Manuel Guzmán Quinaloa, Edgar Gonzalo Vizcarra, Dalila Peralta Rizo, Gabriel Rochina, Manuel Guzmán, Micaela Guzmán, Enma Gavilánez Peña, Francisco Muñoz Castro.

CASO 11.- Denuncia penal contra pobladores del cantón Las Naves. Luego de una movilización de protesta por el proyecto minero de la empresa Curimining S.A, en la provincia de Bolívar, esta empresa denunció en octubre de 2010 ante la fiscalía de Echeandía, a 37 personas. Se encuentran procesados: Esther Landetta Chica (Tenguel), Gabriela Rochina Rochina, José Manuel Guzmán Quinaloa, Edgar Gonzalo Vizcarra, Dalila Peralta Rizo, Gabriel Rochina, Manuel Guzmán, Micaela Guzmán, Enma Gavilánez Peña y Francisco Muñoz Castro.

CASO 12.- Pobladores del cantón Nabón, beneficiarios de las amnistías de 2008, a pesar de lo cual han sido sentenciados a 8 años de reclusión mayor, por sabotaje y terrorismo. Enfrentan un juicio por supuesto sabotaje. Setenta personas de Nabón ingresaron al campamento Belén de la empresa minera Explorsur S.A, en protesta por las actividades de la empresa en el páramo de Shincata, lugar en el que nacen las vertientes de agua para la parroquia Cochapata. Están procesados: Vinicio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Patiño Quezada, Segundo San Martín Mora, Luis San Martín Mora, Manuel Capelo Erraez, Rodrigo Quezada Sanmartín.

CASO 13.- Investigación judicial contra dirigentes de la parroquia Selva Alegre, provincia de Imbabura. La comunidad Mocoral-Barcelona denuncia que la empresa CECAL ha operado durante tres décadas, sin estudio de impacto ambiental, sin plan de manejo ambiental, sin licencias ambientales ni títulos mineros regularizados, ni tampoco ha cumplido los compromisos asumidos con la comunidad. Ante esta situación la comunidad interrumpió las actividades de la empresa CECAL. A raíz de lo cual la empresa presentó un recurso de amparo ante la Agencia de regulación y control minero de Imbabura, en contra de 8 comuneros, entre ellos Polivio Pérez, dirigente de la comunidad.

CASO 14.-  Enjuiciamiento a dirigentes y comuneros de Azuay. La detención y posterior procesamiento judicial se dio cuando efectivos de la Policía nacional reprimieron la movilización pacífica realizada el 4 de mayo de 2010,  contra el proyecto de la Ley de Aguas y por la anunciada actividad minera en la zona. Procesados Florencio Guzmán, Carlos Pérez, Federico Guzmán y Ángel Arpi.

CASO 15.- Indagación judicial contra maestras indígenas y dirigentes comunitarios de “Las Lagunas”, “Ilincho” y Gunudel, del cantón Saraguro, provincia de Loja. El 12 de mayo de 2010, cuando se realizaron movilizaciones en defensa del agua, varias maestras que realizaban actividades con niños del centro educativo Inty Raymi, de “Las Lagunas” fueron acusadas y procesadas.

CASO 16.- Investigación judicial contra dirigentes y comuneros de la parroquia San Lucas, provincia de Loja. Durante las movilizaciones contra el proyecto de Ley de Aguas, se produjo el apresamiento de 8 personas, ante lo cual una multitud retuvo a algunos policías como medida de presión para que sus compañeros fueran liberados. El 13 de mayo de 2010, el Alcalde de Saraguro pidió a la Ministra de Educación la destitución de sus cargos de los maestros interculturales bilingües Julio Gualán y Gabriela Albuja.

CASO 17.- Dirigentes de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), provincia de Imbabura. Luego de la movilización nacional de mayo de 2010, convocada por la CONAIE en oposición al proyecto de Ley de Aguas, el  gobernador de Imbabura, presentó una denuncia por el delito de sabotaje y terrorismo en contra de tres dirigentes de la FICI.

CASO 18.- Dirigentes de la CONAIE y de la ECUARUNARI acusados por sabotaje y terrorismo. En junio del 2010 indígenas marcharon hacia la ciudad de Otavalo,  para expresarse  ante la X Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), la misma que contó con la  presencia de mandatarios de varios países. En la movilización se expresaron consignas sobre el incumplimiento de los derechos de los pueblos y denunciaron la desatención por parte de las autoridades del Estado acerca del agua, recursos naturales, educación intercultural, salud intercultural, administración de justicia y el constante descrédito y discriminación de la que son objeto sus dirigentes: Marlon Santi, Delfín Tenesaca, Pepe Acacho

CASO 19.- Medida administrativa contra dirigente de organización de pescadores artesanales de la comunidad de Olmedo, provincia de Esmeraldas. La comunidad de Olmedo organizó una movilización hacia el estero Guachalá, que una empresa camaronera había convertido en parte del canal que utiliza tanto para succionar el agua del estero como para verter parte de sus desechos. A pesar que en dicho evento no participó el líder comunitario, días después el Ministerio del Ambiente elaboró un informe que inculpa a este representante comunitario de haber talado árboles de mangle, e inició un proceso que terminó condenando a Modesto Segura, líder de la comunidad de Olmedo, a pagar una multa de más de dos mil dólares

CASO 20.- Acusación penal a dirigentes de comunidad de Salango, provincia de Manabí. La Gobernación de Manabí y el Ministerio Coordinador de Patrimonio han intervenido para recuperar las 34.2 hectáreas de tierras comunitarias que hace nueve años fueron supuestamente escrituradas ilegalmente por el ciudadano suizo Patrick Bredthauer y su socio Ángel Pinoargoty. El 19 de junio de 2009, la Secretaría Nacional de Transparencia, la Secretaría de Pueblos y la Gobernación de Manabí procedieron a abrir y desprivatizar los caminos y playas públicas. Sin embargo, Arturo Mera Intriago, Juez Segundo de Garantías Penales de Manabí, aceptó un recurso de amparo presentado por Patrick Bredthauer, quien presentó acciones judiciales en contra de autoridades locales, dirigentes y comuneros de Puerto López y Salango.

CASO 21.- Juicio penal  por denunciar contaminación ambiental en Tenguel- provincia del Guayas. Este proceso se inició como retaliación a las  denuncias que realizara la presidenta del “Comité Pro defensa de Nuestro Ríos Tenguel, Gala, Siete y Chico” en relación a la contaminación de los ríos y su impacto en la salud de la población y en la vida acuática. Procesados: Esther Landetta, Hugo Anchundia, Juan Asencio Castillo y Raúl Asencio Gamboa.

CASO 22.- Personas de Zaruma, investigadas por denunciar la contaminación minera. Estas personas han sido investigadas por denunciar la contaminación y daños ambientales producidos por la  pequeña y mediana minería del sector.

CASO 23.- No aplicación de amnistía a personas procesadas civil y penalmente por la empresa ADELCA, cantón Mejía, provincia de Pichincha. Se trata de uno de los procesos instaurados por pedido de la empresa ADELCA en contra de dos pobladoras de Tambillo, opuestas a que dicha empresa extendiera su infraestructura y actividad. Pese a que las tres pobladoras de Tambillo son beneficiarias de las amnistías emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente en 2008, autoridades judiciales de lo civil, llamaran a las tres pobladoras a rendir confesiones.

CASO 24.- Dirigentes laborales acusados de sabotaje y terrorismo. Por supuestos daños causados a una puerta del edificio del IESS Guayaquil, durante una marcha de los trabajadores del Ingenio San Carlos al IEES el 20 de junio de 2011. Procesados Bolívar Merchán, Presidente de la Federación de Trabajadores del Guayas y Jaime del Valle.

Caso 25.- Enjuiciados por atentar contra el orden público. Profesores de la Unión Nacional de Educadores, UNE, acusados porque supuestamente instigaron a que los estudiantes y profesores del Colegio Aguirre Abad salgan a las calles el 30 de septiembre del 2010. Enjuiciados: Mery Zamora y Wilson Pazmiño.

Caso 26.- Acusados de sabotaje por protesta en la empresa eléctrica. El 18 de noviembre del 2009, cuando el Presidente Correa visitaba a la Empresa Eléctrica de Guayaquil, se produjeron protestas. Acusado: Kleber Albardo.

Caso 27.- Enjuiciados por protestas realizadas en la provincia de Los Ríos. Dirigentes sindicales realizaron acciones de protesta en defensa de la estabilidad laboral. Otto Ramón Cappig, Secretario del Comité de Empresa de la Eléctrica de los Ríos Emel – Ríos, y Lenin Sánchez trabajador de Emel Ríos.

Caso 28.- Acusación de sabotaje a dirigente de los empleados del Ministerio de inclusión Social. Acusado de sabotaje por haber quemado llantas en las inmediaciones del Ministerio y de haber apagado la luz de esa institución. El se encontraba dirigiendo una Asamblea de los empleados que reclamaban el pago de los fondos de reserva. Max Rivera, Ex Presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Inclusión Social.

Caso 29.- Dirigente estudiantil sentenciado a 8 años de cárcel por sabotaje y terrorismo. Participó en diciembre del 2009 en acciones que afectaron al Rectorado de la Universidad Central del Ecuador, y que debieron ser contravenciones sancionadas, pero inaudito acusarlo de terrorismo y sabotaje, a más de ser trasladado a la cárcel de Lago Agrio violando la Ley. Marcelo Rivera ex presidente de la FEUE

Caso 30.- Empleados de la Universidad de Chimborazo acusados de terrorismo. Empleados y estudiantes de la Universidad de Chimborazo se encontraban realizando acciones de protesta contra la Ley de Educación Superior desde agosto. Los días 29 y 30 de septiembre del 2010 volvieron a manifestarse frente a la Gobernación de Chimborazo. Se encuentran acusados por terrorismo y sabotaje: Lola Maldonado, Luis Carvajal, Elías López y Aníbal Oleas. 

Caso 31.- Rector de Universidad y dirigentes estudiantiles acusados de Sabotaje y terrorismo. Profesores y estudiantes de la Universidad de Cotopaxi realizaron manifestaciones de protesta contra la Ley de Educación Superior, paralizaron la panamericana en las inmediaciones de la ciudad de Latacunga. Se encuentran enjuiciados: Ing. Hernán Yánez Rector de la Universidad de Cotopaxi, Edwin Lasluisa ex dirigente de la FEUE, Paul Jácome Asambleísta Alterno de Cotopaxi, Xavier Cajilema, concejal de Latacunga.

Caso 32.- Acusado de lanzar gas lacrimógeno dentro del Coliseo de la Concordia en el que se encontraba el Presidente de la República. Se encuentra con orden de detención y el reportero niega la acusación. Periodista Juan Alcivar.

CRIMINALIZÁNDOLES PERSIGUE EL GOBIERNO A LOS HUMILDES DEL CAMPO

En el documento que publico a continuación hay una denuncia internacional de los organismos de derechos humanos de Ecuador, sobre la “criminalización”, una nueva forma de perseguir a los indígenas y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Muchos rumores se han escuchado, desde ahora va a ver con detalles lo que la ‘revolución ciudadana’ viene haciendo desde el 2008 con los humildes que habitan en ‘el Ecuador profundo’, lejos de Quito, Guayaquil, Cuenca. Ellos no tienen mucho espacio en los medios convencionales (en los del Estado, cero), si retransmite estas notas, les hará mucho bien. El mundo debe conocer las acciones antiderechos humanos solapadas que se realizan aquí.

CRIMINALIZACIÓN A DEFENSORES

DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA

SEPTIEMBRE 2011

CEDHU, ACCIÓN ECOLÓGICA, INREDH

ANTECEDENTES

Ante la escalada de procesos investigativos y judicializaciones en contra de personas que defienden sus derechos y los de sus comunidades, Acción Ecológica, la Comisión

Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU y la Fundación Regional de Asesoría en

Derechos Humanos, INREDH organizaron en noviembre de 2007 la primera cumbre sobre criminalización en Ecuador. Decenas de casos de criminalización que involucraban a cientos de hombres y mujeres, la mayor parte habitantes de provincias y zonas con mega proyectos de “desarrollo”, fueron socializados y sistematizados en ese evento.

En el año 2008, los colectivos y organizaciones de las personas afectadas y organizaciones ecologistas y de derechos humanos, presentaron dos peticiones de amnistías a la Asamblea Constituyente, la misma que resolvió favorablemente en las dos ocasiones, ordenando a las autoridades pertinentes, el archivo de los expedientes investigativos y judiciales.

A pesar del reconocimiento por parte del Estado de que cientos de personas habían sido criminalizadas mediante la instrumentalización del sistema de justicia, y pese al precedente político-jurídico que constituyó el mandato constitucional de amnistías, nuevos procesos investigativos y judicializaciones han tenido lugar a partir del año 2008. Otra de las situaciones dadas es el incumplimiento de amnistías en tres de los casos beneficiados con aquellas.

Los nuevos casos que describimos se dan en contextos de resistencia de colectivos y personas ante proyectos “productivos o de desarrollo” que implican ocupación territorial y afectaciones medioambientales, y por movilizaciones realizadas a partir de la emisión de leyes o proyectos de ley que propician la ejecución de estos proyectos. Tales proyectos, principalmente extractivos y agroindustriales, son impulsados y defendidos por el estado como expresión del “interés nacional” y constan como prioridades del denominado Plan Nacional del Buen Vivir.

En los procesos de criminalización que describimos en este documento, subyace el quebrantamiento de derechos fundamentales como el derecho al agua, la tierra y la territorialidad, el derecho a no ser desplazado, a la consulta ambiental y pre-legislativa, establecidos en la Constitución del Ecuador, junto con otros, como el derecho a la resistencia (artículo 98), el derecho de la naturaleza o pachamama a ser defendida (artículo 71), la prohibición de todo tipo de privatización del agua y el establecimiento de una prelación en su uso, privilegiando el consumo humano, la agricultura familiar y el cuidado de la naturaleza (artículo 318), la soberanía alimentaria como garantía para toda la población (artículo 281), y el carácter plurinacional del estado (artículo 1).

Quiénes son defensores y defensoras de derechos humanos

El ejercicio de la resistencia por parte de personas y colectivos en tanto mecanismo de reclamo y protección de derechos comunitarios, colectivos y ambientales, propicia el reconocimiento de esas personas como defensoras de derechos humanos.

Según las Naciones Unidas, “...Defensores de derechos humanos son todas aquellas personas que asuman el compromiso de trabajar por el respeto de las condiciones de vida digna de los demás ciudadanos con los que conviven en su colectividad o a quienes han decidido ayudar por cualquier medio o de cualquier forma, ya sea activando acciones legales o de hecho.”1

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual de 2006, como la Representante Especial para los Defensores de Derechos Humanos de la ONU, han mostrado su preocupación por la utilización de acciones judiciales o administrativas contra personas que defienden derechos de las personas y de las comunidades, con el propósito de hostigamiento y desprestigio.2

“Más grave aún es la situación de líderes sociales de las provincias, ciudades y comunidades alejadas de los centros de poder político, pues al no existir instituciones del Estado que garanticen sus derechos, quedan en la primera línea de protesta, enfrentando a poderes particulares y públicos y recibiendo hostigamientos directos que generalmente terminan en enjuiciamientos judiciales infundados”3

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido denuncias que señalan la persecución y hostigamiento de defensoras y defensores a través de la iniciación sucesiva de procedimientos judiciales que meses después son sobreseídos por no encontrar responsabilidad de las personas procesadas en los hechos investigados. No obstante dichos sobreseimientos, nuevas investigaciones -en la mayoría de los casos con pruebas distintas pero relativas a acusaciones similares- son abiertas y, como consecuencia, se ordenan nuevas detenciones o restricciones judiciales. La Comisión ha recibido denuncias de varios casos de la apertura y sobreseimiento de estas acusaciones penales contra una misma persona, así como de la apertura y sobreseimiento sucesivo de investigaciones respecto de varios líderes de una misma organización o reivindicación.

¿POR QUÉ LOS CORONELES CHIRIBOGA Y MERA ESTÁN INVOLUCRADOS EN EL CASO RESTREPO?

El 22 de junio de 1988, los Restrepo le hicieron llegar una carta al presidente León Febres Cordero, manifestándole sus dudas sobre el accidente y la necesidad de una profunda investigación. El presidente, en la misma nota sumilló esa orden al ministro de Gobierno Heinz Moeller… los generales se pusieron en acción. Encargaron la nueva investigación al mayor José Gabriel del Pozo que formó un equipo interinstitucional, de élite, con Doris Morán a la cabeza.

En la primera reunión, el 15 de julio, estuvieron Morán y los detectives 06 (desconocido), 015 (desconocido), 023 Edwin Pazmiño Sagbay, 134 (desconocido) y 136 Jenner Arboleda, por el SIC; capitán Robalino y teniente Rueda, por el GIR; y teniente Edmundo Efraín Mera Hernández y Juan Sosa Mosquera, por la UIES.

…

El 8 de enero de 1988, Mera Hernández y Sosa Mosquera laboraban en el SIC-10. Sosa, incluso, tuvo ese día el primer turno de guardia de la noche en los calabozos del SIC-P.

Desde el 20 de julio hasta el 8 de septiembre, manteniendo la teoría del accidente de tránsito, este equipo fue por segunda vez a la quebrada Paccha, para –según escribió Morán en su informe- “realizar otro rastreo minucioso para tratar de obtener alguna evidencia más convincente en torno al caso que se investiga”. El juez policial, Pedro Marcelo Carrillo Ruiz, escribiría después en un proceso judicial contra Barrionuevo, Del Pozo, Valenzuela y Morán cumplido en octubre de 1991, que “esta búsqueda se hizo ante los escándalos e insistencia de los padres”.

Del Pozo aseguró que en ese rastreo “intervinieron prácticamente todas las fuerzas: Ejército, Marina, FAE, Policía Nacional, instituciones que han aportado con recursos humanos y medios técnicos: hombres ranas, helicópteros, sistemas de comunicación”.

Las evidencias del accidente que “encontraron” fueron: pedazos de tapiz del carro y otras partes pequeñas, “un pedazo de tela de camisa color crema que en la tarde le llevaron a la familia Restrepo que dijo no coincidir con ninguna prenda que llevaban puestos sus hijos el día de la desaparición”. La familia desmintió: “Jamás trajeron ese pedazo de tela”. Dos toallas higiénicas, un pelo negro, un pedazo de piel de animal.

Haciendo un paréntesis en su “esmerada” búsqueda, el 21 de julio llegaron a la casa de los Restrepo ocho policías, encabezados por Morán. Preguntaron cómo iban vestidos Santiago y Andrés. Más énfasis pusieron en averiguar la característica de sus zapatos.

Mientras tanto, continuaban las ofertas de “entrega” de los niños. El 25 de julio, Luz Helena fue a la casa de los Morán a reclamar por uno de los incumplimientos. La enérgica insistencia de la madre provocó el llanto de la subteniente que preguntó:

-Bueno señora, ¿y si ahora sí le lleváramos una prenda de sus hijos?

-¡Entonces demostraré al mundo que no hubo accidente! –respondió Luz Helena.

En febrero, Morán se “cortaba la cabeza” porque Santiago y Andrés no estaban en la quebrada y en julio ofrecía evidencias de que los chicos se accidentaron.

“Estas palabras me dieron un ataque de histeria y los padres de ella tuvieron que sacarme sostenida. A los tres días, el 28 de julio de 1988, trajeron el zapato”. A su hermana Martha Cecilia le contó cómo fue esa escena: “Morán llegó a devolver la jaba de colas que los policías pedían a la familia todos los días para refrescarse en su “ardua búsqueda” en la quebrada. Ella se fue y minutos después llegaron el teniente Edmundo Mera Hernández y el teniente Miguel Ángel Chiriboga, con un maletín pequeñito. Sin decirle a Luz Helena qué llevaban en ese maletín, le pidieron que les permitiera hablar con la empleada en el sitio más reservado de la casa. Luz Helena les señaló el comedor pero se quedó escondida detrás de una pared y escuchó que a su empleada Dora Lara le preguntaban:

-¿Este es el zapato de uno de los jóvenes?

-Sí, este es el zapato del niño Santiago.

Luz Helena oyó y entró.

-¿Qué pasa?

La madre vio el zapato.

-¡Es el zapato de Santiago! –gritó y de inmediato preguntó:

-¿De dónde traen este zapato?

-De la cascada –contestó Mera.

Con la empleada observaron el zapato. A Dora le sorprendió la zuela usada, como si Santiago hubiese caminado entre rocas, piedras. Esos zapatos Santiago se los había puesto, por primera vez, el día de su graduación, sobre una alfombra, y la segunda, el 8 de enero de 1988. “A Luz Helena le llamó la atención que el zapato no mostrara evidencias de haber permanecido a la intemperie durante siete meses. No estaba deformado, no tenía muestras de pantano seco ni humedad interior, solo en la punta, parte externa, estaba deliberadamente sucio”.

Mera Hernández diría después: “Limpié el zapato con la finalidad de poder observar en mejor forma y de esa manera poder llevar ante los ojos de la señorita Dora Lara para el reconocimiento”. No explica por qué buscó a la empleada y no a la madre.

Las dudas expresadas por Luz Helena, no preocuparon a este policía.

-Señora, ¿dónde compró los zapatos? –preguntó el policía.

-En Bogotá –respondió Luz Helena.

Mera insistió hasta cuando Luz Helena confesó la verdad: los había comprado en Medellín. “El oficial mostró un rostro de alivio, como si hubiese hecho un gran descubrimiento”.

…

Para mostrarles el zapato, del Pozo les convocó a los Restrepo… el 30 de noviembre. Luz Helena, Pedro, Martha Cecilia y Dora Lara, así lo hicieron. El mayor les envió a la Brigada de Menores. Allí estaba Edmundo Mera, de la UIES y al poco rato llegó del Pozo. Mera sacó de unos periódicos viejos y sucios, tres zapatos, dos de Santiago y uno de Andrés. La familia se sorprendió porque dos días atrás, del Pozo había hablado de un solo zapato.

…

… Luz Helena se dirigió al teniente Edmundo Mera.

-¿Por qué cuando me llevó el zapato a mi casa, el 28 de julio, no anotó las observaciones que hice sobre el estado del zapato?

-No lo hice.

La madre insistió por una respuesta.

-Porque yo no escribo lata –dijo Mera Hernández.

…

Argoti fue ese día al SIC, llevando un cassette con una conversación de la subteniente Morán con los Restrepo. La familia quería que lo entregara a la Policía como una prueba del engaño de esta mujer.

Este segundo cassete de la historia, lo recibió el mismo José Gabriel del Pozo que lo pasó al teniente Juan Sosa y él, al teniente Edmundo Mera “para que lo escuchara y realizara su transcripción mecanográfica. Dándose cuenta que su contenido no aportaba en mayor forma para la investigación que realizaba”, el teniente Sosa lo usó en otros trabajos y borró la evidencia”.

…

El teniente coronel Elías Federico Mera Cevallos… había asumido esa jefatura (del SIC-P) en septiembre de 1988 y por la trascendencia nacional e internacional que adquirió el caso, dispuso que el teniente Miguel Angel Chiriboga Hurtado, jefe de la Brigada de Menores, y el agente Luis Sampedro, elaboraran un informe relámpago.

Chiriboga y el teniente Edmundo Mera Hernández, fueron identificados por Luz Helena como los hombres que tiempo atrás la habían perseguido desde tempranas horas de la mañana por todas las iglesias a donde iba a orar. Chiriboga también participó en el “descubrimiento” de los zapatos.

El 12 de diciembre de 1988, Chiriboga y Sampedro presentaron un informe subjetivo y bastante contradictorio. Sostenían a rajatabla que hubo accidente de tránsito, pero también una posible fuga del hogar, lío de faldas y narcotráfico.

Páginas 83, 84, 85, 87, 99, 100, 101, 105, 106 del libro “Caso Restrepo, crimen de Estado”, de Mariana Neira, Editorial Eskeletra, 1998.

¿POR QUÉ EL GENERAL ALULEMA ESTÁ INVOLUCRADO EN EL CASO RESTREPO?

El viernes 20 de septiembre de 1991, a las 21h00, un comando del GIR, al mando del capitán Wilson Alulema Miranda, llegó para realizar una requisa. Recordando lo que había pasado cuatro días antes, un guía de apellido Rojas le dijo a España: “Venga un ratito”, y le sacó de la celda. España se asustó. Al caminar por un pasillo observó la presencia del GIR y se preguntó qué estará pasando. El guardia, nervioso, le pidió: “¡Corra a la oficina del pabellón administrativo!”

Comenzó la requisa. Transcurrieron unas dos horas y el capitán Alulema ingresó a esa oficina donde encontró a España. Le pidió al jefe de guías, Luis Palacios, que les dejara solos. Este se negó. Según consta en el proceso que se siguió en los tribunales policiales, Alulema le preguntó a España por qué había realizado esas declaraciones sobre el caso Restrepo, cuáles fueron los motivos, si talvez existía dinero de por medio. España le contestó que lo hacía porque vio lo que sucedió con los menores Restrepo; que no se fue contra la institución policial “ya que mi orgullo es haber trabajado en ella”. El capitán le anticipó que saldría de prisión después de tres años y como no hay evidencia, sería el último en salir. “Me pidió que me retracte de lo que he dicho y que de alguna manera se me ayudaría, porque me estoy yendo en contra de un general y yo iba a salir mal parado. Yo le indiqué que jamás me retractaré y que a mi general Molina, yo jamás le había involucrado, ya que él solo me castigó”.

Terminado este diálogo, España regresó a su celda y encontró todo desbaratado. Los del GIR habían destruido su pequeño extractor de jugos, metiéndole un cuchillo en el motor, igual la licuadora. Destrozaron el charango que le había prestado un amigo, rompieron su ropa, arrancaron las hojas de su biblia y del cuaderno en el que llevaba un diario de su vida, se llevaron dinero y cartas de amigos y familiares en las que supuestamente esperaban encontrar alguna evidencia en contra de España.

Mientras se reponía de la ira por encontrar todo destruido, el jefe de guías le dijo a Hugo España: “No cogerá nada porque ellos ingresaron con una funda de raticida que decomisaron en el pabellón durante la requisa”. Buscaron el veneno y no aparecía. España tenía hambre. Su sorpresa fue grande cuando al comenzar a calentar su sopa, salía un olor horrible, a químicos. Apagó la cocina y llamó a los guías para que observaran. Al siguiente día pidió la presencia de un canal de televisión. Las autoridades penitenciarias consideraron que por los acontecimientos anteriores, los ánimos de los reclusos estaban caldeados y no era conveniente el ingreso de periodistas que podrían ser tomados como rehenes. Solo entraron los diputados socialistas Diego Delgado y Segundo Serrano, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, junto a Elsie Monge de la CEDHU. Sacaron los alimentos contaminados y los enviaron para su examen al Instituto Izquieta Pérez. El 2 de octubre de 1991 se hicieron públicos los resultados: la sopa de España estaba contaminada con insecticida Baygón y raticida Racumín, venenos letales.

A los pocos días de la denuncia pública, el capitán Alulema visitó a la autora para asegurar que “En ningún momento le exigí al señor España que se retracte; peor le amenacé”.

Nunca hubo investigación policial ni sanción para los responsables. Más bien empezó a circular este anónimo:

Caso Restrepo:

¿Racumín para una rata?

Páginas 250/251 libro “Caso Restrepo, crimen de Estado”, de Mariana Neira. Editorial Eskéletra.

¿LASSO EL PRIMER CANDIDATO… CHIMBADOR?

Les voy a contar un chisme. Hace unos tres años, en una reunión de café alguien que –les juro, no me acuerdo quién fue- dijo que la imagen de Correa se iba a desgastar pronto –por su lengua y su mal carácter-. Eso está sucediendo. Correa y sus encuestadoras se dan más del 70% de popularidad, pero Monitor de la Opinión Nacional acaba de informar que “la credibilidad del Primer Mandatario se sitúa en el 41,52%” (El Comercio, 26 de septiembre 2011). Este porcentaje me parece más lógico porque cada día encuentro más arrepentidos de Correa, por sus correazos. Me decía ese alguien que si las cosas se ponían muy malas y este señor tenía que irse a su casa, a la China o a la Cochinchina, habría que pensar en alternantes que podrían ser éste, éste, éste... y Guillermo Lasso. A mí me pareció absurdo el nombre de este banquero de sonrisa forzada, tieso, anticarismático. Les comenté a varios amigos –hasta a un pariente de Lasso- que los mismos adeptos al gobierno tenían bajo la manga este nombre para sustituir a Correa. Me creyeron fuera de foco, pero vean, ahí está, Lasso en plena campaña desde el martes 27 de septiembre 2011 cuando lanzó un libro familiar con un discurso ultra político. En el acto estaba toda la derecha… ¿Y Correa será de izquierda?, me preguntó la persona con quien conversé sobre esta reunión.

Ahora le vemos a Lasso todos los días en la tele, andando de tienda en tienda, como un filántropo, con una sonrisa de oreja a oreja. Y hasta adeptos importantes en la, dizque izquierda, tiene. En una entrevista reciente, el ex alcalde indígena de Cotacachi, Auki Tituaña señaló a Lasso como una nueva opción. ¿Lasso opción independiente, de derecha, de izquierda o chimbador? En Venezuela –lo escuché a un entrevistado en CNN-, es el mismo Chávez quien escoge a los candidatos para que compitan con él, porque mientras más candidatos ‘opositores’ existen, más se divide el electorado y en ese marco de confusiones, la oposición real tiene las de perder.

QUIEN RÍE COMO LOCO, ESTÁ ENFERMO

¡Qué feo ver un personaje riéndose como loco de todo! Le llamé a un amigo sicólogo para preguntarle si es normal que una persona ría a cada rato durante una conversación, una entrevista, una conferencia, un discurso. Me dijo: quién ríe de todo no es porque está feliz, sino porque está enfermo. Podría adolecer del Síndrome de Angelman. “Es una enfermedad infrecuente, de origen genético que ocasiona distintos trastornos de la conducta, el desarrollo y el aprendizaje. Aún no existe cura".

“El acto de reír y sonreír puede producirse espontáneamente (como respuesta al buen humor o a estímulos emocionales o sociológicos adecuados), pero también hay la risa patológica… Según Poeck, la risa patológica es la que se origina: como respuesta a un estímulo inespecífico; en ausencia de un cambio correspondiente en el aspecto afectivo; en ausencia del control voluntario del grado y la duración del episodio; en ausencia de un cambio correspondiente en el estado de ánimo”.

Amigo lector, no le aburro con ciencia. Si quiere leer más sobre el tema le recomiendo estas páginas:

http://www.bago.com/BagoArg/Biblio/neuroweb341.htm

http://www.buenasalud.com/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=3044&ReturnCatID=15

¿Y sabía usted que quien mucho ríe se puede morir de risa? El primer caso conocido en la humanidad es de Calcante, en el siglo XII a. C. “Un adivino sentenció que Calcante nunca llegaría a probar el vino de sus uvas. Llegada la vendimia, Calcante invitó a su rival a beber, pero al repetir éste la profecía, Calcante soltó tal carcajada que murió asfixiado. Muchos ‘muertos de risa’ constan en la web: http://es.wikipedia.org/wiki/Morir_de_risa

Se puede morir de risa, pero no reírse de los que mueren. El disfrute y festejo del dolor ajeno cae en el sadismo enfermizo.

DÍA DE DOLOR PARA LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS DEL 30-S

La muerte de un ser querido es lo más doloroso para un ser humano racional y normal. Y no es para reírse ni festejar. Mi pesar a los padres, hijos, hermanos, esposas, amigos, de las personas que fallecieron durante la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010 provocada por la irresponsabilidad y vanidad de quienes se ríen de todos.

LISTADO DE FALLECIDOS EL 30S

Froilán Jiménez, 28 años, herida de bala en tórax, policía, fue muerto por los disparos que se hicieron desde una camioneta roja (¿??).
Edwin Efrén Landeta, 29 años, herida de bala en tórax, policía.
Juan Pablo Bolaños, 24 años, herida en la cabeza, civil.
Jácome Paredes Johny, 40 años, herida de bala. Ingresa sin signos vitales, civil, h. Universitario.
Grueso Tenorio Nixon, herida de bala. Ingresa sin signos vitales, civil, h. Universitario.
Quimin Contreras Manuel, 26 años, H. Universitario, civil, h. Universitario.
Augusto Angulo, 32 años, H. Guayaquil, herida de bala. Ingresa sin signos vitales, civil.
Franklin Romero Feijó, 17 años, H. Guayaquil, civil.

Tomado de:

http://misnoticiasjornal.blogspot.com/2011/09/30s-ecuador-listados-de-fallecidos-del.html

NI PRIVADOS NI ‘MP’ DAN ESPACIO A LA CULTURA

Estos días han sido de conversaciones sobre literatura y periodismo en Ecuador. Uno de mis interlocutores se lamentaba que los grandes medios de comunicación privados paulatinamente han ido eliminando las secciones y suplementos culturales. En su lugar han puesto farándula, o sea, arte popular, más comercial. La farándula merece respeto y tiene derecho a su espacio, pero sin desplazar a otro. Le decía a mi interlocutor que los espacios culturales se los ha venido perdiendo por falta de creatividad tanto de los que hacen marketing como de los jefes de sección que deben cambiar el enfoque de la noticia cultural, darle más vida, acercarla más al público, ¿por qué no decirlo?, hacerla más popular y menos elitista.

Mi interlocutor entiende que en una sociedad capitalista los medios privados caminan al ritmo del negocio y dan preferencia a temas que ‘venden’. La cultura también está en la dinámica del ‘negocio’ de las ideas, de la imaginación. Lamentablemente, se venden poco, por eso acuden a la solidaridad de los medios para que les ayuden a comercializar el producto de la mente humana. Ante la actitud de paulatina reducción de espacio en los medios privados, vieron como una ‘esperanza verde’ a los ‘Medios Públicos’ (MP). Al ser financiados por el Estado, al menos en Europa vemos, no se manejan en función del negocio, sino del servicio a la comunidad y vaya a ver usted la frustración que tuvimos en nuestro país. El espacio para la noticia, entrevista, crónica cultural en los ‘Medios Públicos’ es tan reducido como en los medios privados porque pasaron a ser ‘Medios de la Presidencia’ (MP) que privilegian sus mensajes políticos y cuando de libros se trata, divulgan ampliamente solo los escritos por funcionarios del círculo íntimo y reducido del gobierno. Si de danza, teatro, etcétera se trata, privilegian la difusión de los eventos organizados por el gobierno o sus ‘panas’. Los escritores, artistas independientes, ¡que se vayan al diablo! Lo ‘público’ de servicio a la comunidad, a la cultura de ‘todos los ecuatorianos’, fue una tomadura de pelo, un gran engaño.

EL GRAN AMIGO DE GADAFI EN ECUADOR

Gadafi siempre tuvo en Ecuador grandes amigos, uno de ellos fue el religioso anglicano Walter Crespo quien ofrecía hasta regalar millones de dólares a cambio de un voto a favor de Libia en la ONU. Los hechos fueron narrados por la prensa ecuatoriana.

Revista Vistazo. Diciembre 18, 1997:

“… Walter Crespo Guarderas (47 años) es el hombre fuerte de la Iglesia Católica Anglicana del Ecuador y de Libia.

Está casado con María José Vega con quien cría a sus cuatro hijos, tres de ellos en adopción –dos libios y un estadounidense- y al último lo vio nacer el día de las elecciones de la Asamblea Nacional.

Guayaquileño, licenciado en Filosofía y en Derecho, master en Teología y en Derecho, master en Teología, doctor en Derecho Internacional, tiene actualmente a su cargo el obispado de la Iglesia Católica Anglicana en Quito y es obispo misionero en Trípoli, Libia desde 1993. Crespo participó activamente en contra de la Ley de Libertad Educativa propuesta por el gobierno de Sixto Durán Ballén y su representación pastoral es cuestionada por la Iglesia Episcopal Anglicana del Ecuador, con sede en Londres.

Durante sus estudios de Derecho en Ginebra, Suiza, tuvo compañeros libios a través de los cuales inició su vinculación con el gobierno de ese país.

Este obispo anglicano estrechó amistad con el coronel libio Muamar Al Gadafi.

Es finalista en el Premio Gadafi (al que fue postulado por el fallecido ex dictador de Zaire, Mobutu Seseseko por su mediación en la solución de la guerra civil de ese país), y, en caso de ganarlo, recibiría cuatro millones de dólares con los que crearía dos colegios diocesanos.

Polémico, desde su vinculación al MPD (fue candidato a la Asamblea Nacional por el radical Movimiento Popular Democrático, MPD) hasta su relación con Libia y su líder. Varias fuentes que lo conocen sostienen que también es agente de negocios de esa nación árabe y actúa como gestionador de dineros en el exterior. Defiende los intereses de Libia en el país, como cuando ofreció a nombre de Gadafi pagar un millón de dólares a varios municipios ecuatorianos, a cambio del voto del Ecuador en el Consejo de Seguridad en contra de las sanciones norteamericanas a Libia.

…Walter Crespo Guarderas… es la figura más notable de los implicados en una estafa masiva a más de 1.000 humildes personas de todas las provincias del país, que confiaron sus labrados capitales a la cooperativa de ahorros de la Iglesia Anglicana, Anglicoop, y al Group Express Corporation, Grucomex. El perjuicio global ascendería a 4.000 millones de sucres”.

Después fue involucrado por la Policía ecuatoriana en tráfico de armas hacia la guerrilla de Colombia.

El Comercio. Jueves 15 marzo 2001:

“LA CORTE SUPERIOR INICIO EL JUICIO CONTRA W. CRESPO.

Según la defensa, la Policía forjó los informes del caso.

Hace ocho días fueron detenidas cuatro personas por un supuesto tráfico de armamento bélico. El Servicio de Inteligencia de la Policía sospecha que el supuesto obispo Walter Crespo, los coroneles en servicio pasivo Jorge Merino y Carlos Tobar y el civil Iván Hernández están involucrados en la presunta venta ilegal de armas, aparentemente, a la guerrilla colombiana.”

El Comercio. Martes 23 marzo 2004:

“EL OBISPO WALTER CRESPO FUE LIBERADO AYER

El religioso anglicano fue condenado por la Corte Superior de Quito a cuatro años de prisión por tráfico de armas. Crespo permaneció detenido desde el 8 de marzo del 2001.

Siempre negó su vinculación con una red de tráfico de armas.”

‘ESCENARIO’ CON PERIODISTAS E INDÍGENAS

¿Será cierto que al interior del Palacio de Gobierno existe un ‘cuarto de guerra’ que analiza ‘escenarios’ e indica a los gobernantes cómo actuar y qué decir para cumplir sus objetivos?

Sea como fuere, se nota que un objetivo fue cooptar, amedrentar o destruir a los opositores importantes como UNE, FEUE, FESE, los sindicatos y asociaciones de trabajadores públicos y privados, transportistas, derechos humanos, iglesia, forajidos, feministas, artistas, etc. Los sectores productivos apenas hablan, políticos solitarios batallan en la Asamblea.

No es necesario estar dentro de un ‘cuarto de guerra’ para notar que en pie de lucha se mantienen dos grupos importantes: los periodistas y los indígenas. Como en un tablero de ajedrez, al frente tienen al gobierno con las Fuerzas Armadas y la Policía (herida y humillada).

En este momento el ‘escenario’ es de ataque a muerte a los periodistas. Empezaron con la ‘guerra sicológica’, lanzando toda clase de insultos: periodistas corruptos, etc.  Después, ‘amedrentamiento’ con juicios, incluso a una empresa. (Por las millonarias indemnizaciones demandadas, la gente ha empezado a preguntarse cuál es la verdadera intención: ¿reclamar por un daño moral o pedir dinero para liquidar a una persona, a una empresa, hacerse ricos?) La ‘estocada final’ sería la Ley de Comunicación, bozal para impedirles a los periodistas informar –entre otras cosas- lo que de acuerdo a mis ‘escenarios’ estaría por venir: la batalla con los indígenas.

Ellos se han mantenido altivos y valientes defendiendo sus principios en las leyes de minería y agua, en la defensa de su territorio y del medioambiente. En el 2010 ya se levantaron y ni un muerto: Bosco Wisuma, ni la clausura de su radio símbolo: Arutam, les detuvo. Los gobernantes fueron ridiculizados en el mismo palacio, en respuesta, enjuiciaron silenciosamente a 189 dirigentes indígenas, por ‘terroristas’. ¡Qué pena!, ni la prensa ni los derechos humanos han informado ampliamente sobre el avance de estos juicios. La poderosa Conaie que históricamente ha paralizado al país y ha tumbado gobiernos, no se amilanó, se declaró en movilización permanente. El gobierno buscó la reconciliación durante la consulta, hasta con regalitos, la respuesta fue un NO rotundo. Los indígenas se han constituido en la piedra en el zapato de la ‘revolución’.

Para gobernar ‘por siglos’, el gobierno necesita dinero para contentar a la gente con bonos, obras y servicios, aunque fueren malos y humillantes (como la salud) o tuviesen a su alrededor escándalos de corrupción. Para eso debe aumentar la producción petrolera e iniciar una explotación minera a gran escala. Acaba de informar sobre una nueva licitación de yacimientos mineros, especialmente en Azuay y Zamora Chinchipe. Ésta, gobernada por indígenas, ya se puso en pie de lucha diciendo “no a la minería a gran escala”.

Ante este ‘escenario’, ¿qué recomendaría un ‘cuarto de guerra’ para someter a los indígenas? ¿Continuar con los regalitos? ¿Activar los juicios pendientes? ¿Intentar desaparecer a la Conaie neutralizando su gran soporte que son las ONGs? Si todo fallara, ¿recomendaría una acción bélica, como en Esmeraldas, para expulsar a los pequeños mineros y nativos? De cualquier manera, habría una batalla. Por eso es imprescindible la Ley de Comunicación: no conviene libertad de expresión, peor una prensa libre que informe objetivamente.

MATAR MEDIOS PRIVADOS PARA TENER LECTORES

El sábado pasado me paré en un puesto de periódicos y revistas, en la zona norte más movida de Quito. Mientras realizaba una gestión miré el PP, símbolo del ‘culto periodismo’ de la Presidencia. Digo de la Presidencia porque los tales ‘medios públicos’, ni del Estado son. Son juguete de los genios del Palacio. Los otros poderes deben pedir permiso para salir en sus páginas, micrófonos o pantallas con sus cadenas e informes. ¿Por qué creen, amigos lectores, que la Asamblea creó recién sus propios canal y radio? Para aprovechar la feria de frecuencias y tener voz como los del Palacio.

Bien, les iba diciendo que vi el PP. Nunca lo he comprado y después de la revisión de títulos que di ese día, nunca lo compraré. Contiene crónica roja mezclada con farándula, deportes y un descarado servilismo a sus amos. Para que sea popular, escriben como les da la gana (es el estilo latinkingsero típico de este gobierno caracterizado por su ‘exquisita cultura’).

¡Qué servil es este medio! Solo contiene información oficial. Eso confirma que los ‘revolucionarios’ cuajaron este proyecto de ‘periodismo’ sin pensar en servir al pueblo aumentando su cultura, dándole opciones para el análisis y el discernimiento correcto en el momento de pedir cuentas y votar. Les interesaba mantener un buen porcentaje de ciegos que voten por ellos eternamente, porque como Castro y Chávez, se creen eternos. A mí me gusta jugar a las predicciones. Algún día, pienso, ese pueblo va a despertar y a reaccionar en contra de los genios del mal, como lo hizo el pueblo peruano en contra de Fujimori y Montesinos que llenaron los puestos de venta de revistas con su ‘prensa chicha’, igualita al PP.

-¿Y esto se vende? -le pregunto al dueño del puesto de venta de revistas, mostrándole el PP.

-¡Fuuuu! ¡Qué va! -me dice y en minutos me da un informe de sus ventas-: El Telégrafo (‘padrastro’ del PP) ni abrimos el paquete, enterito devolvemos.

-¿Y el PP?

-Sólo vendemos 3 (tres) al día. Ahorita, vea, recién se ha vendido uno.

-Pero también veo ‘comercios’.

-El Comercio sí se vende, 50, 25 diarios, entre semana, los fines de semana vendemos hasta 100.

-¡Guau!

El dato del hombre muestra una diferencia abismal, goleada de 100 a 3 (más que el 10 a 0 del que se jacta el Morita). Y como además de agorera, soy mal pensada, me digo: Con razón el gobierno quiere desaparecer a los medios privados. Es para que no haya competencia y obligar a la gente a leer los pepes y los telégrafos, ver la radio y canal de la Presidencia. Creo que quieren ‘matar’ a El Universo para que sus lectores se pasen a El Telégrafo. Sino, nadie lo lee. ¿Qué les parece mi mal pensamiento, amigos lectores?