El suicidio de un ex ministro involucrado en un caso de corrupción ha sido visto como un suceso más de crónica roja, igual que funcionarias de un municipio caminen con grilletes impuestos por la justicia por supuesta corrupción. Para ellos esas acusaciones eran injustas, pero la fiscalía tiene evidencias que indican lo contrario.
Estos
dos casos merecen un análisis profundo para entender por qué los empleados
públicos de alto, mediano y bajo rango se han involucrado en corrupción en los
últimos años y cómo corregir ese problema.
CÓMO CORROMPEN A UN EMPLEADO
PÚBLICO
No
es un problema de ahora, dicen María y Gladys.
Por
los años 80, María era Subjefe de un Departamento de relaciones externas en una
Institución que controlaba a las empresas de la república. Un día el presidente
de la república dictó un decreto prohibiendo los ‘gastos supérfluos’, pero poco
le importó a la Jefa de la Institución que hizo una gran fiesta para que un
‘Grupo ciudadano’ la eligiera ‘Mujer del año’. Como el jefe del Departamento
pasaba permanentemente con permiso por enfermedad, a María le tocaba poner el
visto bueno para el pago de las facturas de la fiesta. Ella, novata en las
lides de la administración pública, pero buena lectora, recordó el decreto
presidencial y se negó a firmar las facturas por ‘gastos supérfluos’ y empezó
una batalla entre su negativa a firmar y la orden de la Jefa para que las
firmara. Por Gladys, María supo que un auditor de la Contraloría tenía una
oficina en la Institución y acudió a él para contarle la presión que vivía. El
auditor le dijo que, efectivamente, no debía autorizar ese pago porque era
ilegal. La Jefa convocó a María a su despacho para exigirle personalmente que autorizara
esos pagos porque ‘era un acto de lealtad con la Institución’. María le dijo
que no lo haría porque era ilegal. Entonces, el Jefe de personal comenzó a
acosarla (bulling laboral): la marginaron de trabajos importantes, todo lo que
hacía no valía, le contaban hasta los segundos de sus atrasos al ingreso, le
negaron el parqueadero, etc. María aguantó tres meses y le preguntó al auditor
qué debía hacer. Él dijo: “Firmar la autorización de pago de las facturas,
aguantar hasta cuando cambien a la autoridad o renunciar”. María prefirió
renunciar porque tenía quien la sostuviera económicamente.
Después
supo que su ex Jefa, tan audaz, coimó a una empresa internacional que hizo
llegar una queja al presidente de la república que, como no era corrupto, la
destituyó. Debieron pasar años para que se dieran cuenta de que ella era una
funcionaria corrupta, mientras una empleada honesta, sin nadie que la
defendiera, se vio obligada a renunciar en meses.
Desde
entonces María ha escuchado de varios empleados públicos que firman contratos ilegales
que los jefes les ponen adelante y cuando existe un reclamo de la justicia
-como lo estamos viendo en varios casos- estos jefes dicen: “No sé, yo no lo
hice, yo no autoricé”. Y el peso de la ley cae sobre quien firma.
El
empleado público comete ilícitos consciente o inconscientemente para mantenerse
en el cargo, para tener un salario, para hacerse rico. Pero al hacerlo, automáticamente
se mete en una red de corrupción que le exige autorizar más y más ilegalidades.
EN 14 AÑOS SE ‘DEMOCRATIZÓ’ LA
CORRUPCIÓN
Antes
se creía que las coimas las pedían y recibían solo los empleados públicos de
mandos inferiores. (Los de arriba eran una ‘argolla’ que solo hacían ‘negocios’
y muy grandes). Pero en los últimos 14 años se ve que la corrupción se
‘democratizó’. Va desde la cima hasta la sima. Son los jefes (desde el
presidente y vicepresidente de la república) los que organizan la red de la
corrupción con personas de su absoluta confianza en puntos clave (departamentos
financieros, jurídicos, técnicos).
En
los puestos clave están los ‘burócratas’ (sinónimo de empleados públicos)
entrenados para las malas artes y que tienen un perfil de ‘pipón’, o sea,
ingresó a trabajar en el Estado (si es que trabaja) no por méritos
profesionales sino por palanqueos y por ser afines a la ideología del
presidente de la república. Su fin es hacer dinero, el país le importa un
comino.
La
mayoría de los empleados públicos es gente honesta que consiguió el empleo por
recomendaciones profesionales (creo que ya no existen los concursos de
merecimientos) y se mantienen al margen de actos corruptos.
Al
nuevo gobierno le toca la dura tarea de detectar a los corruptos y hacer un
proceso de limpieza. Se les podría ubicar por su currículo, sus vínculos
laborales, personales, cuentas bancarias y bienes.
PREMIAR A BUENOS EMPLEADOS Y
RECLUTAR A LOS BECARIOS
A
los buenos empleados públicos el Estado debe premiarles y, sobre todo,
protegerles creando un mecanismo que facilite la denuncia reservada de casos de
corrupción en sus oficinas.
En
este proceso de limpieza de la burocracia podrían participar, de manera
coordinada con el gobierno, los gremios que protegen a los empleados públicos.
Además,
la Contraloría debería realizar una capacitación permanente de los empleados públicos
sobre lo que es legal e ilegal dentro de la administración púbica y las
sanciones que impone la legislación a quienes incurren en corrupción.
El
nuevo gobierno también debería hacer una campaña intensa de ubicación en cargos
públicos de los miles de becarios que están en la desocupación o subempleados.
Por esta circunstancia, muchos están emigrando. ¡Qué desperdicio de dinero! El
Estado educando a ecuatorianos para que vayan a servir a otros países.
La
limpieza y regulación de la burocracia es urgente para crear confianza en la
gente que reclama honestidad.
@MarianaNeiraL