Por Mariana Neira
La gente está
furiosa porque la Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, se juega la vida
deteniendo a los corruptos y unos jueces los sueltan ni bien pisan la cárcel.
Algunos dirán:
¡Qué horror, cómo se ha corrompido la justicia; antes no era así! No es verdad.
Siempre hubo una justicia para ricos, otra para pobres; una justicia que se
compra y se vende. ¿Cuántos no han vivido la presión para pagar a un juez por
una decisión?
Lo que sí sorprende,
es que desde la década correísta, hay masas de corruptos que actúan en grupos
organizados como ‘pandillas’ y roban con cinismo en todas las áreas del Estado.
Parece que hubiesen puesto a funcionar una incubadora para producir corruptos,
y a la vez, armado centros de capacitación para entrenarlos en métodos de robo
modernos y hacer que todos funcionen con una misma mentalidad y objetivo:
robar.
Eso se nota en
los procesos judiciales por corrupción a correístas. La técnica de pedir
billetes, una joya o cualquier regalo por agilizar trámites o lograr una
sentenciar favorable, pasó de moda. Ahora la corrupción sigue un modelo
sustentado en alta tecnología que funciona así:
1 Ni bien el
funcionario público escogido por la cúpula se posesiona del cargo, abre una
cuenta bancaria en el país y en un paraíso fiscal (en el exterior).
2 Como dueño de
esas cuentas pone a la esposa, amante, a los hijos e hijastros, al papá de los
hijastros, a los tíos, a los suegros que, saben, por la edad solo recibirán
prisión domiciliaria.
3 Para los
gastos de bolsillo guardan unos millones en sus escritorios, en cajas fuertes
empotradas en las paredes, encaletados en la tierra o en los tumbados.
La incubadora
dejó unos ‘pollitos’ a los que el gobierno de Lenin Moreno los mantuvo y ahora
están involucrados en sobreprecios aplicados cruelmente a construcciones de
hospitales, equipos y productos sanitarios necesarios para salvar la vida de la
gente afectada por el coronavirus. Entre ellos están Alexandra Ocles, el
legislador Daniel Mendoza y tantos nombres detrás de ellos. El alcalde de Quito,
Jorge Yunda, anda ahora más ocupado en tapar los casos de corrupción de sus
empleados en el Municipio que por salvar a los quiteños del coronavirus.
Durante el gobierno de Correa, Yunda estuvo involucrado en una denuncia por
haberse apoderado de varias frecuencias del Estado usando a testaferros.
Junto a los
‘pollitos’ aparece el ex presidente de la república, Abdalá Bucaram, que fuera
juzgado por los casos ‘Gastos
Reservados’ y ‘Mochila Escolar’, pero prescribieron y pudo regresar al
país el 19 de junio 2017, justo al mes de que Lenin Moreno se posesionara como
presidente de la república de Ecuador.
También aparece
involucrado en corrupción Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, ex arquero
de la selección de Ecuador, referente de los jóvenes. Y no se sorprendan que
pronto aparezcan más nombres.
La corrupción en
el país es por la facilidad que hay para cometerla. Tenemos un sistema con leyes
blandas para castigarla y como contraparte, ha aparecido gente enfurecida que pide
pena de muerte, cadena perpetua o más años de reclusión para los corruptos.
Son temas que
hay que discutir. Lo importante es que la legislación contenga estas acciones
básicas:
1 Golpearles a
los corruptos donde más les duele: la codicia. ¿Cómo? Incautando, confiscando o
prohibiendo la enajenación de sus bienes, los de su familia y de los presuntos
testaferros tan pronto se dicta la primera orden de detención. Que se bloquee
de inmediato sus cuentas bancarias e inversiones financieras en el país y en el
exterior.
2 Que con las
autoridades judiciales y policiales que protejan o liberen a los sospechosos de
corrupción, se proceda de igual manera que con los corruptos.
3 Que los trámites
judiciales sean rápidos.
4 Que todo
funcionario público con cargo jerárquico repita anualmente su declaración de
bienes y que todo bien no declarado o escondido pase de inmediato a poder del
Estado.
Con decisión política
y leyes claras, no hace falta la pena de muerte, pero no hay decisión. Se nota
porque desde hace años está rodando por los escritorios de los poderes ejecutivo y
legislativo un proyecto de ley que, supuestamente, ayudaría a luchar contra la
corrupción.
Es que muchos
tienen cola.