domingo, 28 de agosto de 2016

CON ‘LINCHAMIENTO’ SE CERCA AL PERIODISMO INVESTIGADOR Y DE OPINIÓN

"Ciertas cadenas (televisoras) son cloacas con antenas y ciertos periodistas deshonestos, malos quieren abusar de su poder y quieren acabar con instituciones y defender ciertos beneficios corporativos... Qué descaro del periodismo libre e independiente y no muestran la verdad sino que toman partido. En las entrevistas a autoridades (la periodista) interrogaba, no los dejaba hablar, tomaba partido, decía falsedades... Esta es la prensa corrupta y deshonesta que debemos enfrentar. Esto es uno de los principales peligros de la democracia y esto es lo que está en juego en las elecciones de 2017. Gracias a Dios tenemos la ley de Comunicación, el derecho a la réplica. Esto debemos denunciar. En otros países esto se llama acoso mediático. Claro linchamiento mediático para proteger a ciertos sectores. Prohibido olvidar", presidente Correa en la sabatina del 6 de agosto, cuando ordenó a sus subalternos sancionar por ‘linchamiento mediático’ a Janeth Hinostroza y Teleamazonas.
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Usted no come cuentos, ¿verdad? Analicemos juntos tres acciones del gobierno en el último mes: la sanción a Janeth Hinostroza y Teleamazonas, la conminación al insolvente Fernando Villavicencio a que pague un dinero a Correa y el concurso de frecuencias. Son tres coincidencias que llevan a pensar en que el gobierno comenzó la ‘batalla final’ contra el periodismo independiente ecuatoriano, como lo ha venido amenazando el presidente Correa. Y las armas usadas son el ‘linchamiento mediático’, la justicia ordinaria controlada por el gobierno y un concurso de frecuencias nada transparente iniciado a pocos días del arranque de la campaña electoral.
¿Qué saca el gobierno con esto?, me preguntará usted. Cercar al periodismo investigador que denuncia y al de opinión.
Analicemos.
1. El gobierno ataca a Janeth Hinostroza y Teleamazonas, para amedrentar al pequeño, pero valiente grupo de periodistas investigadores que aún queda en los medios tradicionales. En ese grupo hay mujeres destacadas como Janeth que ya fue acosada en el pasado por sus denuncias sobre el caso Duzac y el primo Delgado. Ella y todos los periodistas que participaron en esa denuncia fueron insultados por el gobierno, pero el tiempo les dio la razón. El primo huyó a Miami y el argentino Duzac no ha aparecido a pagar una deudita a la CFN. Janeth vivió amenazas a su persona y a su familia por lo que tuvo que dejar su trabajo en la tv temporalmente.
Ahora la periodista con Teleamazonas están acusados por la Supercom de ‘linchamiento mediático’ y mal uso de las normas deontológicas por sus denuncias sobre una subasta inversa corporativa de medicamentos que realizó el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. Además a Janeth le advirtieron "abstenerse de reincidir". Ninguna autoridad se ha interesado por investigar estas denuncias, solo se han dedicado a insultar a la periodista. Volvieron a hablar de ‘periodistas corruptos’. ¿Dónde están los corruptos?
2. El gobierno ataca a Fernando Villavicencio con la intención de acabar con una ‘fuente’, elemento base de una investigación. Él ha sido más con conocido como líder sindicalista, pero también es periodista. Le vi luchando por los derechos humanos. (Es de los pocos defensores de los derechos humanos que no se entregó en cuerpo y alma a la ‘revolución’). Con el tiempo apareció como ‘fuente’ importante de asuntos petroleros y luego empezó a redactar sus propias historias en libros y su medio digital Focus. Algunos dudaban de sus denuncias, pero el tiempo le ha dado la razón. La denuncia sobre hechos turbios en Petroecuador la hizo él antes de los Panama Papers. Recién se enroló a un partido político amenazando con formar una comisión investigadora de la corrupción en este gobierno y una juez acaba de declararle insolvente quitándole cualquier opción electoral. Además, junto al asambleísta Kléber Jiménez y al sindicalista Carlos Figueroa es acosado jurídicamente, ahora por un caso de ‘hackeo’ al gobierno. Fuentes:
Fernando Villavicencio: Nueva sentencia en su contra es un ‘tiro en la nuca’ al periodismo (Fundamedios)
3. El gobierno realiza un concurso de frecuencias cuando está a punto de comenzar la campaña electoral. Los obstáculos que pone llevan a pensar en una intención oculta, como neutralizar a la opinión crítica en los medios audiovisuales. ¿Cómo? El proceso se realiza entre gallos de media noche pese a que la ley obliga a que el concurso sea ‘público y transparente’. Sin embargo, algo se ha filtrado y el discurso de ‘democratización de las frecuencias’ queda como un cuento. En medio de tanta oscuridad se comenta que algunos concursantes piden las frecuencias de radios y televisoras de alcance nacional que tienen programas de opinión de altísima sintonía, dirigidos por periodistas con un prestigio logrado en años. Varios de ellos son los poseedores de esas frecuencias. Esto hace pensar que el concurso está apuntando a ellos, si no quitarles la frecuencia, por lo menos a moverlos a otra. ¿Qué les exigirá el gobierno para no hacer eso? Que se porten bien. ¿Adiós opinión crítica?
‘LINCHAMIENTO’ PARA TAPAR CORRUPCIÓN
Hablemos del ‘Linchamiento mediático’. Por los hechos vinculados vemos que fue inventado por el gobierno ‘revolucionario’ para frenar a las grandes denuncias de corrupciones, esas que se presentan en una seria de artículos o de programas de televisión, son recogidas por muchos medios nacionales e internacionales y no se borran fácilmente de la mente de los ciudadanos. Eso duele a los gobiernos que quieren pasar por éticos, puros.
En esta ayudamemoria podemos ver cómo nació la figura ‘linchamiento mediático’ en Ecuador y qué ha hecho hasta ahora.
El ‘linchamiento mediático’ comenzó a ser mencionado por los gobernantes ‘revolucionarios’ a fines del 2012, cuando aún continuaban los ecos de la denuncia periodística sobre los contratos millonarios que el Estado le había dado al hermano del presidente Correa y empezaba el escándalo de la ‘billetera electrónica’ protagonizado por un primo del presidente Correa que ocupaba un altísimo cargo en el gobierno.
La historia de los negocios del hermano del presidente, preparada por un equipo de periodistas del diario Expreso presidido por Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, se publicó como una serie de artículos. Tuvo eco en todos los medios del país, se convirtió en el libro ‘El Gran Hermano’ y cruzó fronteras (si quiere recordar al ‘gran hermano’, lea este libro). Los periodistas fueron demandados por el presidente y pensaron nadie más se atrevería a hacer una denuncia, pero se equivocaron. Apareció la ‘billetera electrónica’ del primo del presidente vinculado al argentino Duzac. Fue otra macro denuncia también replicada a nivel nacional e internacional. Para frenar las macrodenuncias y su efecto crearon el ‘linchamiento mediático’.
El presidente Correa habló de ‘linchamiento mediático’ cuando salió en defensa de su primo Pedro Delgado involucrado en el negocio de ‘billetera electrónica’ y terminó juzgado por usar un título profesional falso. La reacción solidaria del presidente con su primo fue así:
El 24 de noviembre de 2012, el presidente Rafael Correa rompió un ejemplar de diario El Universo, tras denunciar un supuesto linchamiento mediático contra su primo y titular del Banco Central, Pedro Delgado, porque este medio (diario El Universo) publicó que un asambleísta le acusaba de usar un título falso de economista.

Durante el "Enlace Ciudadano" No 298, realizado desde Quito, el Jefe de Estado descalificó a la que él llama "prensa mercantilista" y aseguró que diario El Universo omitió las declaraciones que proporcionó este sobre la responsabilidad de los banqueros en el denominado "salvataje bancario".

"(El Universo) saca lo que le conviene para tratar de desprestigiar a Pedro Delgado y no saca lo que dijo Pedro Delgado sobre el atraco de los Isaías con Filanbanco y al país. Ahí hay billete, no se engañen. Un año llevan tratando de despedazar, de linchar mediáticamente a Pedro Delgado (...) Ya no saben qué hacer, la maldad, la falta de ética en el poder mediático, pero eso no es casual, ahí hay billete, ahí hay alguien pagado para hacer daño y atemorizar a Pedro Delgado y que no testifique en contra de los Isaías", apuntó el Primer Mandatario.

Acto seguido, el Presidente comentó que "para que se pongan nuevamente bravos la SIP, trompudos y para que tengan un motivo para atacarme en estas elecciones, miren lo que voy a hacer", y rompió un ejemplar de El Universo.  "¡La prensa corrupta, ni para madurar aguacates compañeros!", dijo.

Esta es la cuarta vez que el Primer Mandatario rompe un periódico… (Alerta Fundamedios).
En junio 2013 el gobierno aprobó su Ley de Comunicación con el ‘linchamiento mediático’. Fuente de inspiración fueron las palabras de Sandra Correa, una ex ministra del gobierno de Abdalá Bucaram condenada a 3 años de cárcel por peculado en el caso ‘Mochila Escolar’. Y, mientras fue ministra, también fue cuestionada por la prensa local por supuesto plagio de su tesis doctoral. La exfuncionaria afirma que la sentencia la recibió por culpa del acoso mediático y que es víctima de ‘linchamiento mediático’.
Recogió la idea la asambleísta María Augusta Calle, del partido gobernante, quien apareció en fotos junto a la hija del No. 2 de las FARC, por lo que se insinuaba tuvo vínculos con esa organización guerrillera. Ella acepto ese encuentro por trabajo periodístico. Considerándose linchada impulsó la inclusión de esa figura en la nueva Ley de Comunicación.
El ‘linchamiento mediático’ señalado en el artículo 26 de la Ley de Comunicación dice: “Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.”
No satisfecha con ello, el 7 de agosto 2013, cuando aún no se habían cumplido dos meses de la expedición de la Ley de Comunicación, la asambleísta Calle propuso que el ‘linchamiento mediático’ también se incluyera en el Código Orgánico Integral Penal, con una pena de hasta 3 años de cárcel.
Posiblemente por el impacto negativo que había provocado a nivel mundial la inclusión del ‘linchamiento’ en la Ley de Comunicación, desde el palacio de gobierno le frenaron a Calle.
29 de agosto 2013. El Secretario Jurí­dico de la Presidencia, Alexis Mera, le quitó su apoyo a Calle al proponer “que el linchamiento mediático sea sancionado solo civilmente. Según él, las conductas que deben ser sancionadas penalmente son las que ofenden gravemente un bien jurí­dico protegido por la nación. ‘Hay conductas que ofenden bienes particulares que no necesariamente requieren una acción penal’, subrayó”.
A los 6 meses (el 7 de marzo 2014), el canciller Ricardo Patiño, anunciaba a través de su cuenta en Twitter la designación de Calle como embajadora en Venezuela. A los 10 meses se conoció que rechazó esa función “por motivos personales”.
USO POLÍTICO DEL ‘LINCHAMIENTO’
Desde la vigencia de la Ley de Comunicación se han dado cuatro sanciones por ‘linchamiento mediático’, incluida la reciente a Janeth Hinostroza y Teleamazonas. Dos sanciones fueron a medios públicos y dos a medios privados. Dos casos han sido por chistes y chismes, uno por la denuncia de un banco y la última por denuncias sobre una subasta de medicinas.
Otras tres denuncias fueron rechazadas por la Supercom porque no hubo sustento para una sanción, pero hay el caso de un ‘linchamiento’ con bastantes sustentos presentado por la activista política Martha Roldós en contra de todos los medios estatales que no fueron sancionados. Ella dijo que esos medios elaboraron una denuncia en su contra usando datos extraídos ilegalmente de su computadora, mediante ‘hackeo’.
Este desbalance en el juzgamiento demuestra que hay un uso político de la figura del ‘linchamiento’.
Veamos un resumen del caso Roldós que se constituyó en la primera demanda por ‘linchamiento mediático’ en el país:
El lunes 6 de enero (2014) el diario oficialista El Telégrafo, a través de una nota titulada “La NED de EE.UU. financiará proyecto mediático en Ecuador” publicó que Roldós estaría tramitando la creación de una Fundación y una agencia de noticias  para “promover una serie de acciones para generar oposición mediática al Gobierno ecuatoriano” y que “el proyecto no tiene ningún propósito mediático o periodístico, sino sostener la oposición política”.
La información publicada por el medio oficial estuvo acompañada de documentos, entre los que se incluyó la solicitud de fondos que hacía Roldós a la entidad estadounidense National Endowment for Democracy NED - acusada por el medio de tener vínculos con la CIA- así como datos de una carta que estaba contenida en el correo electrónico de Roldós y que posteriormente fue publicada palabra por palabra por el rotativo, según denunció la activista. “En mi caso, mis correos fueron intervenidos y fueron publicados, divulgados y utilizados en una campaña concertada desde el poder contra mí eso es altamente grave”, apuntó.
Roldós explicó a Fundamedios que dicha comunicación se refería a una reunión que mantuvo con Adam Isacson, miembro del programa de Política de Seguridad Regional de la oficina de Washington para América Latina (WOLA) en donde hablaron, entre otras cosas, sobre la nueva Ley de Comunicación. Esta carta fue enviada por Isacson a David Holiday, de la Open Society Foundations, con copia a ella.
“Ese correo que estaba en mi cuenta con otros documentos que no existieron jamás físicamente, que estaban solo en mi cuenta, fueron publicados”, apuntó Roldós quien desmintió la versión dada por el director de El Telégrafo, respecto a que la información se obtuvo por un recurso de solicitud de información, pues aseguró que ese tipo de documentos no se publican ni son sujeto del Freedom of Information Act, cuando son apenas procesos de solicitud o aplicaciones para un determinado proyecto.
Adicionalmente, Adam Isacson, uno de los personajes mencionados por El Telégrafo denunció en su blog que uno de sus correos privados fue publicado en un diario del gobierno ecuatoriano y expresó su rechazo porque dicho material fue divulgado sin su consentimiento.
Tras la publicación de El Telégrafo, los medios televisivos del Estado como Ecuador TV y el incautado TC Televisión han difundido notas, tipo entregas especiales, para reiterar en la existencia de un supuesto plan global de desestabilización del gobierno…“No hemos cometido ningún delito, lo único que está detrás de esto es la paranoia del poder, para el cual, cualquier persona o grupo de personas que quieren transparencia, exigir rendición de cuentas, que se conozca la gestión del gobierno en sus cifras, que se rinda cuentas de la violación de los derechos humanos; constituimos una amenaza para un gobierno para el cual la verdad es desestabilizadora”, dijo Martha Roldós. (Alerta 694 Fundamedios).
El 23 de enero 2014, Martha Roldós presentó una denuncia ante la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) , en contra de los medios en manos del Estado, El Telégrafo, Agencia Andes, Radio Pública y TC Televisión, por considerar que, varias publicaciones realizadas por estos, constituyen un “linchamiento mediático” en su contra.
El 10 de febrero de 2014, el Superintendente de información y comunicación, Carlos Ochoa, anunció en rueda de prensa que la denuncia de Roldós fue archivada el 6 de febrero pasado porque “no cumplía con los requisitos para su calificación”. El funcionario señaló que el 30 de enero de 2014, se solicitó a Roldós que complete la denuncia, remitiendo los documentos de identidad, así como los correos electrónicos de los que aseguró, fueron obtenidos ilegítimamente. Sin embargo, transcurrido el plazo de dos días, la Supercom, no recibió comunicación alguna. (Alerta 705 Fundamedios).
PRIMER SANCIONADO: UN PERIÓDICO PÚBLICO, POR DENUNCIA DE UN BANCO
Un banco presentó una demanda ante la Supercom por sentirse ‘linchado’ con una denuncia de un medio público y logró sanción. Vea usted como por acciones parecidas (la de Roldós y la del banquero) a un medio público se le sanciona y a otros no. ¿Influyó que un demandante fuera banquero y el otro estuviera vinculado a medios de comunicación?
Veamos la historia:
24 de enero 2014. El diario estatal El Telégrafo fue "amonestado" por escrito por la Supercom  luego de recibir una denuncia del Banco Pichincha por la figura de “linchamiento mediático”. Según el medio, la entidad bancaria inició el trámite por tres notas periodísticas tituladas: “Granda insiste en que Fiscalía indague cómo perdió canal”, “Informe de SBS detectó anomalías” e “Icono porteño está deteriorado” publicadas en septiembre y octubre pasados, y por las que solicitó el respectivo derecho a la réplica.
La Supercom desechó la primera denuncia y consideró que el diario estatal acogió el derecho a la réplica del banco, pero no en las condiciones adecuadas. “Se evidencia que si bien el medio cumplió con la obligación de difundir la réplica, ésta no se realizó en el mismo espacio que ocupó la noticia cuya réplica se solicitó, por tanto no se dio cabal cumplimiento al artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación”, señala la resolución publicada por el rotativo. (Alerta 704 Fundamedios).
PRIMER INTENTO DE SANCIÓN A PERIODISTA DE OPINIÓN
La denuncia de ‘linchamiento mediático’ en contra de un famoso programa radial de  opinión de Quito encendió las luces de alarma en el periodismo independiente. Veamos la historia.
8 de abril 2014. La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) admitió a trámite la denuncia que presentó la exministra de educación del gobierno de Abdalá Bucaram, Sandra Correa (la inspiradora del ‘linchamiento mediático’), en contra del periodista de radio Visión Diego Oquendo y su programa “Buenos días con Diego Oquendo”, por supuesto linchamiento mediático.
Oquendo es un destacado periodista que en su programa de entrevistas ha mantenido una posición crítica frente al gobierno.
Sandra Correa sustentó su denuncia en contra de Oquendo en sus comentarios contenidos en el audio subido a internet el 21 de agosto de 2013, bajo el título: “Penalización para coadyuvantes en linchamiento mediático”. A criterio de Correa, este programa “es evidencia del eco y resonancia, no del antecedente y la causa, del robo de mi fama y honor; para el efecto con 6 meses de vulneración flagrante de mis derechos, a través de la recreación radial y virtual de un “estado de opinión” fabricado a fuerza de repetición mediática de una sola versión de los hechos…”.
A media hora de iniciada la audiencia de sustentación en contra del periodista Diego Oquendo… la exfuncionaria solicitó se suspenda.
Correa no estuvo de acuerdo con la redacción de la querella por parte de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) argumentando que la misma se debe ampliar e incluir además de Oquendo, a los diarios Hoy, El Comercio y la revista Vistazo.
"Al haber suprimido de mi demanda a estos otros medios se están vulnerando mis derechos constitucionales", dijo. Y agregó que "a nombre de la libertad de expresión es repudiable que se defienda el linchamiento mediático".
Juan Pablo Albán defendió a Oquendo y dijo que nunca se produjo linchamiento mediático y que la entrevista que aduce como linchamiento Sandra Correa fue transmitida por una sola vez; "no hay publicación reiterada".
El 16 de abril de 2014, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) desechó la denuncia por ‘linchamiento mediático’ de la exministra de educación Sandra Correa en contra de Diego Oquendo.
El argumento consta en la Resolución No. 023-2014-DNJRD-INPS que dice: “Desechar la denuncia presentada por la señora Sandra Correa contra Radio Visión FM y el Señor Diego Oquendo ya que de las pruebas constantes en el proceso; así como los hechos y las normas legales vigentes no se adecúan a la infracción contemplada en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación.”
La exculpación a Diego Oquendo sorprendió porque cuando de periodistas se trata, el gobierno aplica las leyes a su antojo, condena con razón o sin razón. Esta vez pudo haber influido que el gobierno andaba de capa caída por la humillante derrota electoral del 23 de febrero 2014. Una condena a Diego habría afectado más su imagen.
Fuentes: Alertas Fundamedios.
DEMANDA POR ‘LINCHAMIENTO’ CON EXTENSIÓN PENAL
El 26 de mayo de 2014, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) admitió a trámite dos denuncias que planteó Nancy Morocho, excandidata a la prefectura de Sucumbíos por el movimiento oficialista Alianza PAÍS, en contra de los periódicos locales “El Vocero Amazónico” y semanario “La Verdad” en Sucumbíos, provincia amazónica ubicada al noreste del Ecuador.  La denuncia, presentada el pasado 14 de marzo, se fundamenta en una presunta violación a los artículos 10, 20 y 26 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), referentes a las normas deontológicas, responsabilidad ulterior y linchamiento mediático. Según la excandidata, las publicaciones realizadas por estos medios, “carecen de veracidad” y “atentan contra su dignidad y buen nombre”.
La denuncia en contra del semanario El Vocero Amazónico y su representante legal, Lourdes Garay, es por la publicación del editorial titulado “Alianza País se resquebraja en Sucumbíos”, que circuló en la edición 191 del 13 al 20 de febrero del 2014. Según Morocho, el contenido de esta nota, que hace referencia a que su candidatura habría sido impuesta por el Presidente de la República, lo que habría provocado una división del directorio del movimiento en esa zona, “carece de todo tipo de sustento que demuestre la veracidad de la publicación”. Al respecto, José Cadena editor de El Vocero dijo lo siguiente: “Nosotros sacamos todo lo sucedido, eso fue hecho público por el mismo director de Alianza País”.
En tanto, la denuncia contra La Verdad y su director, Fernando Chumaña, es por la publicación de tres notas periodísticas en las ediciones 31 y 32, del 14 y 19 de febrero del 2014, tituladas “La alianza de la corrupción”, “Dictadura en Sucumbíos”, y “Perjuicio a Sucumbíos en más de 5 millones de dólares”. Según la denunciante, el medio de comunicación no ha sustentado la veracidad de las denuncias, “convirtiéndose en simples opiniones falsas de falsedad absoluta que atentan a la dignidad y la honra de las personas allí mencionadas”.
Morocho ha iniciado además una acción penal contra Fernando Chumaña por el presunto delito de injuria no calumniosa grave establecida en el artículo 489, y numeral 1 del artículo 490 del Código Penal vigente. Solicita además una indemnización de 600 mil dólares por daño moral ocasionado a ella y su familia. Según el documento presentado por Morocho ante el Juez de Garantías Penales de Sucumbíos, el contenido de la publicación titulada “Perjuicio a Sucumbíos en más de 5 millones de dólares”, da a entender a los lectores que la denunciada y las autoridades han perjudicado a la provincia, por lo que esto “perjudica gravemente mi honor, mi fama bien ganada en la sociedad, mi credibilidad, honestidad ya que me ha afectado de manera económica y moral”.
Al respecto, Chumaña dijo que decidió no hacer uso de su derecho a la defensa y que está dispuesto a pagar la condena que el juez le imponga, pero que no rectificará las publicaciones porque afirma tener documentos que sustentan las publicaciones de prensa que han motivado la demanda.
Alerta 753 Fundamedios
REACTIVAN LA MALA INTENCIÓN DE ENDURECER EL ‘LINCHAMIENTO’
Cuando se creía que después del fracaso de la asambleísta Calle de convertir al ‘linchamiento mediático’ en delito penal, la idea de hacerle más duro se enfriaría, sucedió lo contrario. El 12 agosto 2014 (al año de la propuesta de Calle), “el superintendente de la Comunicación, Carlos Ochoa, anunció para octubre la presentación de un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, entre esas, al ‘linchamiento mediático’.
Dijo que no buscaban un endurecimiento de la norma, pero sus palabras decían lo contrario. Leamos su enredo:
“En la aplicación de la ley hemos observado que no existe dosimetría entre la falta y la sanción”, justificó Ochoa.
 “…negó que se busque endurecer las sanciones por infracciones a la norma; al contrario, dijo, el objetivo es que tengan ‘proporcionalidad’. Como ejemplo citó: ‘No puede ser que el linchamiento mediático que puede acabar con la honra y la vida sea únicamente sancionado con una disculpa pública”.
No se concretó esa idea, pero Ochoa sigue repitiendo la amenaza de reformas, la última vez fue en junio 2016, cuando se cumplían tres años de la Ley de Comunicación.
Mientras el gobierno piensa cómo ajustar las tuercas al periodismo independiente, las sanciones de ‘linchamiento’ han sido a programas faranduleros. Veamos los casos:
SEGUNDO SANCIONADO: PRIMERA VEZ, UN CANAL PRIVADO, POR CHISTES
El 29 de diciembre 2014, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, denunció a canal Teleamazonas y a los periodistas Arturo Magallanes, Patricio Narváez, Carlos Gálvez y Pamela Ruiz, por presunta infracción a los artículos 7, 8, 9, 10, 22 y 26 de la Ley Orgánica de Comunicación.
Según la queja del directivo, durante el programa Drean Team, los presentadores y cuatro monigotes llamados Neme, Conchita, el abogado y el ingeniero, se afirmó "a través de este último personaje, que Luis Chiriboga iba a “comprar votos” para ser reelegido en su cargo".
El 13 de febrero 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación sancionó a Teleamazonas por infringir el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación, que hace referencia a la figura del linchamiento mediático.
TERCER SANCIONADO: CANAL DEL ESTADO, POR CHISMES
Entre el 1 y 5 de junio 2015, el espacio 'De Boca en Boca' difundió notas del actor David Reinoso vinculándolo sentimentalmente con Katty Basurto, popularmente conocida en la televisión como la Minnie Mouse. El 8 de junio, Reinoso planteó su denuncia en contra de TC Televisión, por linchamiento mediático.
22 de julio, 2015. El espacio de farándula 'De Boca en Boca', que emite TC Televisión, tendrá que ofrecer disculpas públicas al actor David Reinoso, determinó la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).
CUARTO SANCIONADO, CON DOBLE SANCIÓN, POR DENUNCIAS SOBRE SUBASTA DE MEDICINAS
Recientemente el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó la eliminación de la figura del ‘linchamiento mediático’, la respuesta del gobierno ‘revolucionario’ ha sido endurecer la sanción con dos por una. Veamos esta historia:
8 agosto 2016. Luego de que el Presidente Rafael Correa ordenara en una sabatina que a Teleamazonas y a la periodista Janet Hinostroza se les sancionara por ‘linchamiento mediático’, la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) emitió una doble sanción por haber cuestionado una subasta inversa corporativa de medicamentos que realizó el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.
Se trata de una amonestación escrita en contra de Teleamazonas por linchamiento mediático (incumplimiento del artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación) por lo que el medio deberá pedir disculpas públicas "en el mismo espacio, programas y secciones tantas veces como fue difundida la información lesiva".
A la periodista Hinostroza que conduce el programa de entrevistas y opinión ‘desayunos de 24 horas’, la Supercom la sancionó por "incumplir" con la norma deontológica establecida en el artículo 10, numeral 3, literales a y b de la LOC que dicen: "respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés general" y "abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas".
Además, la entidad estatal conminó a la periodista de abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos que se encuentren reñidos con la citada Ley.
https://e1-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=94059n00icn01#2310171864
No se trata de una simple sanción, atrás hay una intención de silenciar a todos. Vea lo que sucedió luego de que medios informaran sobre las sanciones a Janeth y Teleamazonas:
“Una réplica a manera de cadena fue impuesta por el Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, desde el 11 de agosto en varios horarios y espacios para defender la sanción emitida contra Teleamazonas y la periodista Janet Hinostroza, por linchamiento mediático. Además, el canal ha sido obligado a difundir disculpas públicas para cumplir con la sanción de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).
… Esta cadena, igual que las disculpas públicas, fueron emitidas por Teleamazonas desde el 15 de agosto, en por lo menos cuatro ocasiones.
… Ecuavisa también se vio obligado a difundir esta misma cadena, en su noticiero estelar del 11 de agosto por haber difundido una noticia sobre la sanción que recibió Teleamazonas y la periodista Hinostroza. El presentador del noticiero, Alfonso Espinosa de los Monteros aseguró que el reportaje que motiva la sanción no es de responsabilidad de Ecuavisa y por lo tanto no les correspondería dar cabida a ninguna réplica. En ese sentido, aclaró que el medio no ha elaborado ni transmitido ninguna información relacionada con la investigación periodística de Teleamazonas y que lo único que hizo fue limitarse a poner la noticia de la sanción, incluyendo los argumentos que el Superintendente repite en dicha réplica”.
Tomado de Alerta de Fundamedios: Superintendente de comunicación impone réplicas como cadenas para justificar la sanción contra Teleamazonas

Diga usted si esto no es cercar a la prensa independiente. Y Janeth tiene razón cuando dice: ‘esta sanción sienta un mal precedente para la libertad de expresión en el país’.

miércoles, 27 de julio de 2016

Bélgica es más paraíso que Panamá

…A esos “paraísos” no llevan su dinero los obreros, los campesinos, los trabajadores, los maestros, los médicos, ni miles de pequeños y medianos empresarios y emprendedores que confían en su país y que a diario construyen el futuro de sus familias y de la Nación entera. A esos lugares acuden quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza –incluso a veces ilícito-… Sacar la riqueza de donde se generó y en donde se necesita tanto, es decir, su propio país, es sencillamente inmoral. Palabras del presidente Rafael Correa cuando presentó su propuesta de consulta popular sobre los ‘paraísos fiscales’. (El Telégrafo, jueves 14 de julio 2016).
Es verdad, son inmorales esos ecuatorianos que sacan dinero ganado en Ecuador para comprar un departamentito en Bélgica, como usted lo hizo.
Lea detalles sobre el departamentito en nota: Los del círculo son intocables. http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/del-circulo-son-intocables-parte-final
O sacan dinero para comprar casita con piscina en Miami, como un primo del presidente lo hizo.
Lea detalles de la casita del primo en nota: Pedro Delgado reside en Miami sin trabajar ni manejar, dice su abogado. http://www.eluniverso.com/noticias/2013/12/22/nota/1945691/pedro-delgado-reside-miami-trabajar-ni-manejar-dice-su-abogado
O aquellos que con dinero ganado en Ecuador crean empresas en ‘paraísos fiscales’ con el fin de esconder bienes o guardar ‘ahorritos’ de origen dudoso como el fiscal y ex gerentes de Petroecuador.
Lea detalles sobre un inmueble escondido en un ‘paraíso’, en la nota: Edmund Chladek: Galo Chiriboga no nos dijo que era dueño de Madrigal. http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/01/nota/5610483/e-chladek-galo-chiriboga-no-nos-dijo-que-era-dueno-madrigal
Lea detalles sobre ‘ahorritos’ en la nota: Álex Bravo creó un enjambre de seis empresas en Panamá. El Comercio. 12 mayo 2016. http://www.elcomercio.com/actualidad/alex-bravo-sintesis-noticiosa-panama.html
Pedro Merizalde admite que sí compró una 'offshore'. El Universo. 30 junio 2016. http://www.eluniverso.com/noticias/2016/07/01/nota/5665644/merizalde-admite-que-si-compro-offshore
LOS NUEVOS RICOS BUSCAN SU ‘PARAÍSO’
Que algunos millonarios que venían arrastrando fortuna desde la ‘larga noche neoliberal’ hubiesen formado empresas en los ‘paraísos fiscales’ para no pagar tantos impuestos como  en Ecuador, no sorprende. Que un funcionario que en el 2007 vendía edredones tuviera empresas en ‘paraísos fiscales’, sí sorprende. Quiere decir que en la ‘década ganada’ ganó mucho dinero en sus funciones o le cayó mucho dinero extra del ‘cielo’ por actos corruptos o negocios ilícitos. Pienso que lo más probable es lo segundo, por las siguientes razones.
Si el funcionario estuviese ganando 5 mil dólares mensuales desde el 15 de enero del 2007 (porque nadie gana más que el presidente, dicen), por su nuevo estilo de vida (de nuevo rico) no llegaría a ahorrar ni mil dólares. Hagamos las cuentas:
Arriendo o pago de un préstamo hipotecario de 90 mil dólares: 1000 dólares.
Pensión escolar de dos guaguas (baratito): 1000 dólares.
Alimentación y salidas a restaurantes elegantes: 800 dólares.
Cuota y mantenimiento del carro 4 x 4: 800 dólares.
Paseos semanales (por aquí cerquita): 500 dólares.
Atención médica, ropa, etcétera: 500 dólares.
Total: 4600.
Le quedaría para ahorrar apenas unos 400 dólares. Haría el ridículo llevando esa ‘miseria’ a invertir en un ‘paraíso fiscal’ donde los millonarios del mundo invierten miles, millones de dólares. Solo un nuevo rico podría codearse con ellos y la ‘revolución ciudadana’ ha creado nuevos ricos que están en ‘paraísos fiscales’. Lo demuestra el caso de un ex funcionario petrolero descubierto gracias a la acuciosa investigación periodística ‘Panama Papers’.
Lea: Tráfico de  influencias de Bravo en 142 contratos se investiga. El Comercio, miércoles 18 mayo 2016.
¿Y LA INTELIGENCIA?
Estas y otras extrañas operaciones empresariales financieras de los nuevos ricos fueron detectadas por los periodistas, no por la tremenda ‘inteligencia’ del gobierno que, dicen, es un pequeño Langley (central de operaciones de la CIA) con tecnología de punta. Hasta tendría un departamento de ‘inteligencia financiera’ que, visto ahora, no sirve para detectar las trapacías de funcionarios públicos que hacen extrañas operaciones financieras por internet o volando en avión a dejar los ‘ahorritos’ en los ‘paraísos fiscales’. Son los nuevos ricos, visibles para el común de los mortales por su estilo de vida, invisibles para la ‘inteligencia’ y las fuerzas poderosas que les protegen.
El presidente Correa “expuso, en su mensaje, que en Ecuador en los años 2014 y 2015 salieron a esos paraísos $ 3.379 millones”. Significa que el gobierno conocía estos movimientos, pero recién ahora el presidente “quiere consultar al pueblo ecuatoriano en los comicios de 2017 si se prohíbe que candidatos y servidores públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales”.
EL ‘PARAÍSO’ BELGA
Tanto se habla de ‘paraísos fiscales’ que resolví investigar y detecté que más paraíso fiscal que Panamá es Bélgica. Según la famosa lista mundial de paraísos fiscales de la Red Mundial por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), de los 10 primeros ‘paraísos fiscales’ del mundo, 5 son europeos. Allí está Bélgica, en octavo lugar. Panamá ocupa el puesto décimo octavo.
Lo de Bélgica es destacado por su famosa campaña mundial de oferta de un sistema fiscal tentador que lanzó en el 2005 con el logo “Only in Belgium”. Véalo en la página: http://ipjournal.law.wfu.edu/2016/01/only-in-belgium/
Bélgica ofrecía los tax rulings con “ahorros en la tributación que iban del  50% al 90%”. Este ‘negocio’ belga aparentemente presionó a los poderosos socios de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para que tomaran acciones en contra de sus ‘paraísos fiscales’. Comenzó con la elaboración de una ‘lista negra’. Los detalles los puede ver en las notas que resumo a continuación:
LA VERDAD SOBRE LOS PARAÍSOS FISCALES
Socialwatch.org. 15 febrero 2010.
… el punto de inflexión internacional se dio en Londres (abril del 2009) durante el desarrollo de la Cumbre del G-20 (grupo que reúne a los países de las economías más industrializadas y emergentes del mundo) donde… se comprometieron a partir del 2010 a tomar drásticas medidas (sanciones) contra éstos y contra el secreto bancario. La primera reacción, casi instantánea fue de la OCDE, que publicó en abril del 2009 su “blacklisting” (o “lista negra”) de paraísos fiscales. Sin embargo, meses después (septiembre de 2009), pero esta vez desde el lado no gubernamental; la Tax Justice Network publicó su lista alternativa de paraísos fiscales; lista indudablemente polémica y que causó gran impacto mundial, pues incorpora a territorios antes impensables, pero que ha sido valorada, por la seriedad de su investigación, por organismos internacionales y Estados comprometidos en el tema. Ambas listas son reseñadas en el presente estudio.
LA LISTA NEGRA DE PARAÍSOS FISCALES SEGÚN LA OCDE
La lista oficial está dividida en colores según el nivel en que los países cooperan en investigaciones de evasión de impuestos (negro, gris claro, gris oscuro).
LISTA GRIS CLARO (cooperantes) Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur, Suiza.
LISTA GRIS OSCURO (relativamente cooperantes) Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur, Suiza.Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas,Aruba, Bahamas, Bahréin, Belice, Bermudas, Dominica, Gilbraltar, Granada, Islas Caimán, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Liberia, Liechtenstein, Mónaco, Montserrat, Nauru, Niue, Panamá, Samoa, San Cristóbal Nieves, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Vanuatu.
LISTA NEGRA (NO cooperantes) Costa Rica, Malasia, Filipinas, Uruguay.
Como era de esperarse, la lista de la OCDE ha causado mucha molestia entre los líderes políticos de los países que han sido incluidos… la OCDE ha conseguido, al menos poner en línea a varios países “blandos” comprometiéndolos a implementar un Acuerdo Internacional de Impuestos Estandarizados que eviten el “DUMPING” fiscal.
¿LA DOBLE MORAL DE LA OCDE?: Una lista alternativa de la Red Mundial por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network)
Cuando un importante organismo no gubernamental de composición internacional denominado Red Mundial por la Justicia Fiscal hizo pública su lista alternativa de paraísos fiscales a la lista de la OCDE, Roberto Bissio, un destacado analista cáusticamente escribió: “la nueva lista “negra” revela una sorprendente hipocresía: varios de los países (los de la OCDE) que con mayor vigor los combaten (a los paraísos fiscales) son, al mismo tiempo, quienes más los toleran e incluso los constituyen”.
En efecto, la Red Mundial por la Justicia Fiscal, una asociación internacional de organizaciones civiles preocupadas por la evasión fiscal como causa de pobreza e injusticias en el mundo, ha denunciado lo inadecuado de los criterios de la OCDE para catalogar a los paraísos fiscales, ante lo cual ha publicado por primera vez el 31 de octubre de 2009, su propio índice de secreto financiero y paraísos fiscales, tras dieciocho meses de meticulosa investigación (http://www.financialsecrecyindex.com/), el resultado, aunque sorprendente, fue ampliamente comentado en los foros económicos mundiales. Incluso el prestigioso medio especializado “Financial Times” lo ha calificado como muy serio.
Se puede observar del referido informe, que contra los estereotipos, los principales “paraísos” no son pequeñas islas tropicales con palmeras sino que los cinco primeros lugares están ocupados por países desarrollados, la mayoría miembro destacado de la OCDE.
LISTA ALTERNATIVA RANKEADA DE PARAÍSOS FISCALES PREPARADA POR LA RED MUNDIAL POR LA JUSTICIA FISCAL
1. Estados Unidos (Delaware); 2. Luxemburgo; 3. Suiza; 4. Reino Unido (City of London); 5. Irlanda; 6. Bermudas; 7. Singapur; 8. Bélgica; 9. Hong Kong; 10. Isla de Jersey; 11. Austria; 12. Guernsey; 13. Bahrain; 14. Países Bajos; 15. Islas Vírgenes Británicas; 16. Portugal (Madeira); 17. Chipre; 18. Panamá; 19. Israel; 20. Malta; 21. Hungría; 22. Malasia (Labuan); 23. Isla de Man; 24. Filipinas; 25. Letonia; 26. Líbano; 27. Barbados; 28. Macao; 29. Uruguay; 30. Emiratos Árabes Unidos (Dubai); 31. Mauricio; 32. Bahamas; 33. Costa Rica; 34. Vanuatu.
Los datos que acabamos de leer son confirmados en la siguiente nota:
LOS MEJORES PARAÍSOS FISCALES DEL MUNDO
(Traducción del artículo World´s Best Tax Havens, de Richard Murphy publicado por Forbes en julio 2010)
Cuáles son los mejores lugares del mundo para proteger el dinero de Hacienda
Hemos utilizado dos definiciones:
La primera fue una medida de la opacidad del lugar: el grado de secretismo que lo envuelve.
Son jurisdicciones que crean unas normativas diseñadas para perjudicar la legislación o reglamento de otra jurisdicción.
Las jurisdicciones con secretismo crean también un velo de secreto, intencionado y con soporte legal, para blindar las identidades de las personas que hacen uso de este sistema regulador flexible.
Segunda definición. Para que sea considerado importante, el lugar tiene que ofrecer la posibilidad de mover el dinero en cantidades considerables.
Estas dos características, combinadas, crean un índice de jurisdicciones con secretismo, o paraísos fiscales.
…las 10 jurisdicciones con secretismo más destacadas del mundo, según la Red Justicia Fiscal: Estados Unidos (Delaware), Luxemburgo, Suiza, Islas Caimán, Reino Unido (City de Londres), Irlanda, Bermudas, Singapur, Bélgica y Hong Kong.
BÉLGICA BURLÓ LOS CONTROLES, AHORA DEBE DEVOLVER IMPUESTOS
En Europa se endureció la cacería de los ‘paraísos fiscales’ y a Bélgica, país que quiso pasarse de vivo, le pusieron un ‘alto’, según notas de prensa que las resumimos.
La Comisión Europea ordenó al gobierno belga que recaude los 700 millones de euros de impuestos que 35 multinacionales radicadas en el país no pagaron durante 10 años.
Las empresas no cometieron ninguna ilegalidad, por lo que no recibirán multas, pero Bruselas entiende que el andamiaje fiscal ventajoso que para atraer a empresas multinacionales Bélgica puso en marcha en 2005 (después de que la Comisión le tumbara el anterior) es contrario a las normas del bloque porque desvirtúa la libre competencia.
Tras firmar un acuerdo con el Ministerio de Finanzas, las multinacionales podían deducir de su base impositiva en Bélgica los beneficios llamados "excedentarios" que obtenían gracias a su presencia en varios países, es decir, los beneficios que provenían de su presencia internacional.
Esos acuerdos, conocidos como "taxrulings", hacían que algunos gigantes como la alemana BASF -que sería ella sola responsable de un impago de 200 millones sobre el total de 700-, la estadounidense Wabco, las británicas British Petroleum y British American Tobaco o la belga InBev entre otras recibieran reducciones de impuestos de entre el 50% y el 90%.
Bruselas abrió oficialmente la investigación del caso el 3 de febrero de 2015. En la orden de ayer (12 enero 2016) dio al gobierno belga dos meses para enviar la factura a las empresas y cuatro meses más para recaudar esos impuestos impagados.
La investigación continúa y los números pueden engordar, pero las conclusiones de esta primera remesa han sido meridianas: cuanto más ganaba una firma en Bélgica menos pagaba.
Incluida en la lista de paraísos fiscales hasta 2009 (a la vez que Luxemburgo), Bélgica tiene una fiscalidad muy laxa para los ingresos altos, lo que provoca que miles de personas adineradas en Francia, que grava más a sus ricos, hayan solicitado la doble nacionalidad.
Acciones parecidas de promoción de la evasión tributaria se han realizado en los ‘paraísos fiscales’ europeos: Luxemburgo, Holanda y los Países Bajos, Irlanda.
Cómo nacieron los ‘paraísos fiscales’ puede verlo en: http://elpais.com/diario/2009/09/27/negocio/1254057265_850215.html

¿En estos paraísos europeos habrá nuevos ricos de nuestro país? Creo que solo un ‘Europe Papers’ podrá descubrirlo.

martes, 28 de junio de 2016

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO HA CERRADO RADIOS CON METRALLETA EN MANO

Por ahí andan diciendo que este gobierno nunca ha clausurado un medio. ¡Mentira! No ha clausurado un medio con metralleta en mano, como se hacía en tiempos de botas, ahora, en tiempo de votos, los cierran con la ley en una mano y la metralleta en la otra. Las víctimas han sido radios y televisoras pequeñas, de provincias especialmente, que mantenían cierta posición crítica al régimen. A las instalaciones de estos medios entraron tropas armadas pateando hasta al perro para llevarse los equipos, cerrar sus puertas y silenciar su voz.
Con los medios grandes no se han atrevido a acciones tan radicales porque son más visibles. A un canal nacional no llegaron con tropa a desmantelarlo, solo le cerraron técnicamente por tres días y punto.
Medios impresos no han sido clausurados ni cerrados con metralleta en mano, pero fuerzas poderosas indujeron a los anunciantes (del Estado y privados) a no darles publicidad y les asfixiaron económicamente. Por esta causa, algunos tuvieron que cerrar.
Estos abusos físicos y artimañas vienen dándose desde el inicio de este gobierno, antes de que se dictara la Ley de Comunicación que agregó sanciones. Vea en esta ayudamemoria cómo el gobierno cerró los medios.
CLAUSURA VIOLENTA DE RADIOS Y CONFISCACIÓN DE EQUIPOS
LA VOZ DE LA ESMERALDA ORIENTAL CANELA
17 de septiembre 2010. Wilson Cabrera, periodista y propietario de la estación radial “La Voz de la Esmeralda Oriental Canela”, de Macas, capital de la provincia amazónica Morona Santiago, denunció que en esta fecha el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) resolvió “negar la renovación del contrato de concesión suscrita el 28 de agosto del 2000…” por haber sido sancionado por una falta administrativa al "operar una estación repetidora para las ciudades de Pablo VI y Huamboya, provincia de Morona Santiago, sin contar con la autorización correspondiente". Cabrera negó hubiera operado las repetidoras.
Creía que la decisión del CONATEL se debía a presiones políticas de Vethowen Chica, asambleísta del partido de gobierno, Alianza PAIS, cuya gestión ha criticado en su programa “Primera Plana”. Chica admitió rivalidades con el radiodifusor, pero negó haber incidido para la decisión del CONATEL
El periodista insistió en su apelación, esta vez, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sin que aún hubiera resolución de este organismo, el 3 de abril 2011 llegó personal de la Intendencia General de Policía a clausurar la radio. Wilson Cabrera contó que en el operativo cortaron los cables y retiraron los equipos transmisores del cerro.
Dueños de medios de comunicación y periodistas, gremios de trabajadores, de educadores, comerciantes, ganaderos, artesanos y federaciones indígenas salieron el 6 de abril 2011 a expresar públicamente su rechazo a la clausura.
El 23 de octubre 2011, Wilson Cabrera integraba la delegación de víctimas y actores de la sociedad civil que solicitaron y obtuvieron una Audiencia Temática sobre Libertad de Expresión en el Ecuador en el 143er Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Como tal debía viajar a Washington DC, pero fue impedido por migración del aeropuerto diciendo que tenía una orden de arraigo interpuesta en el año 2007 por el Comando Provincial del Guayas. El periodista se sorprendió porque nunca ha ido a esa provincia.
El 3 de abril 2013, se cumplieron dos años de la clausura de la radio y Cabrera resolvió difundir por las redes sociales los vídeos del violento operativo. A las pocas horas recibió una notificación: se había reactivado el proceso penal en su contra por haber operado la radio durante 10 años, sin autorización.
RADIO DE SANTA ELENA CLAUSURADA POR “INCITAR A PROTESTAS”
26 de mayo 2011. Radio Amor de Santa Elena, provincia en el sur del Litoral, fue clausurada durante seis horas por, supuestamente, incitar a un grupo de motociclistas y conductores a protestar en las calles.
Según narración del diario El Universo, los locutores de la radio realizaban su trabajo entrevistando a las personas que laboraban con sus moto-taxi y moto-amiga, cuando sorpresivamente llegó un grupo de uniformados comandados por la intendenta de Policía de Santa Elena, Kennia Carcache, para clausurar la emisora.
Al conocer el asunto, los choferes que participaban en la protesta organizaron una caravana con más de 500 personas que llegó a la gobernación de Santa Elena para exigir la reapertura de la radio que se dio previo al pago de una multa de $14 dólares y $100 dólares para levantar el sello de clausura.
RADIO CLAUSURADA EN EL ORO TENÍA LÍNEA CRÍTICA
7 de enero 2012. Miembros de la policía  Judicial y de la Fiscalía clausuraron e incautaron los equipos transmisores de la radio Perla Orense que funcionaba en el cantón el Guabo de la provincia de El Oro, en la frontera con el Perú. 
Guillermo Serrano, director jurídico de la empresa D'Nany & Services, operadora de la frecuencia 89.5 FM, radio Perla Orense, cuya concesión pertenecía a la compañía Bananera Filadelfia SA, denunció la violencia usada. "Los agentes allanaron el lugar a la fuerza rompiendo vidrios, mesas, dieron patadas y golpes y se llevaron las cosas".
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) había resuelto el 24 de septiembre de 2010 "revertir al Estado la mencionada frecuencia" por una mora superior a seis meses en el pago correspondiente al arrendamiento de la concesión. Serrano admitió que cayeron en mora, pero "al momento que se emitió la resolución de reversión de la frecuencia, ya no se debía un solo centavo". Creía que la acción fue una represalia porque han sido críticos del gobierno local y la gestión del alcalde del Guabo, John Franco Aguilar, del partido de gobierno, Alianza País.
RETIRAN FRECUENCIA A CANAL DEL CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO POR LÍNEA POLÍTICA
23 de mayo 2012. El Gobierno Provincial de Morona Santiago, provincia amazónica minera situada al sureste del país, tenía su canal de televisión Telesangay. El 8 de agosto de 2011, mediante la resolución RTV-589-15-CONATEL-2011, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones notificó al prefecto Felipe Marcelino Chumpi la decisión de declarar la terminación anticipada y unilateral del contrato de concesión de Telesangay por "incumplimiento en la instalación que, de conformidad con el Reglamento, concediere al Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones".
En una entrevista concedida a Ecuadoradio el 23 de agosto 2011, el prefecto, que milita en el partido de oposición Pachakutik (brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE) aseguró que la decisión tenía un trasfondo político.
El 23 de mayo 2012, Telesangay fue clausurado. Eduardo Bernardi, asistente de producción del canal, contó a Fundamedios que pasadas las 09h00 llegó a la estación el intendente regional de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUPERTEL, Fabián Brito, con el fiscal, el intendente de policía y "un piquete de 50 policías. Ellos pedían permiso para retirar un equipo transmisor con el fin de levantar la señal del satélite (...) simultáneamente, también procedieron a retirar los equipos repetidores que estaban ubicados en Cinco Cerros".
RADIO CLAUSURADA EN SUCUMBÍOS
23 de mayo 2012. La intendencia general de policía, con el fiscal y funcionarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones clausuraron e incautaron los equipos de la radio El Dorado de Nueva Loja, capital de la fronteriza provincia amazónica Sucumbíos.
Según Otto Flores, administrador de la radio, lo hicieron porque tenía seis meses sin pagar la concesión de la frecuencia. La deuda sería de 72 dólares. Desde el 2010 había un juicio en el contencioso administrativo, pero la clausura se dio sin notificación alguna".
RADIO Y TELEVISORA DEL NAPO CLAUSURADAS TENÍAN LÍNEA CRÍTICA
24 de mayo 2012. Autoridades de la intendencia de Policía y de la Superintentencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) decomisaron los equipos y clausuraron a la estación televisiva Lidervisión, del Tena, y Radio Líder, de Archidona, las dos ciudades en la provincia amazónica del Napo, al nororiente del Ecuador.
El propietario de las frecuencias de radio y TV, Edison Chávez, dijo que el acto se dio porque ambos medios cayeron en mora de seis meses en el pago del arriendo de la concesión, sin embargo, el caso fue apelado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y, según la ley, mientras no se pronunciase esta entidad, no podían clausurar. Los policías "hicieron el allanamiento, rompieron todo, se llevaron el transmisor, como una dictadura. Pusieron candado y dejaron todo cerrado", relató el radiodifusor.
Chávez ve en el acto una retaliación política porque estos medios han sido críticos con las autoridades.
RADIO DE AMBATO DE POSICIÓN CRÍTICA CLAUSURADA
6 de junio 2012. Autoridades de la Intendencia General de Policía, Fiscalía y Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL), con un piquete de 50 policías, ingresaron abruptamente a radio Net de Ambato, capital de la provincia del Tungurahua, en la Sierra central, para clausurarla. Marco Armas, gerente de la estación, dijo: "No hicimos resistencia. Sin embargo, ellos tumbaron la pared y puertas en donde se encontraban los equipos de transmisión".
La acción fue por mora en el pago de seis de arrendamiento de la frecuencia, pero dijo que fue ilegal porque los valores adeudados ya habían sido cancelados y existía un proceso de impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo que aún no se pronunciaba, por lo tanto, no procedía la clausura.
Armas que había sido militante del partido Izquierda Democrática, dijo que su medio ha sido pluralista, pero muy crítico con las autoridades locales, por lo que no descartó que el cierre sea político.
HISTÓRICA Y POPULAR RADIO COSMOPOLITA DE QUITO CLAUSURADA LUEGO DE ENTREVISTAR A LUCIO GUTIÉRREZ
11 de junio 2012. La popular Radio Cosmopolita, "La Pantera 960 AM", de Quito, que por 59 años se constituyó en tribuna de los sectores populares, fue clausurada y sus equipos decomisados por el intendente de Pichincha y delegados de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL).
Fernando Guanoluisa, director de la radio, aseguró a Fundamedios que "como si fuéramos delincuentes llegaron con unos 15 elementos del GOE (Grupo de Operaciones Especiales) y la Policía, a querer llevarse toditos los equipos, sean o no sean de radio".
El argumento para el cierre fue mora en el pago del arrendamiento de la frecuencia. El hecho estaba conociéndolo el Tribunal Contencioso Administrativo que aún no se había pronunciado.
Para el director de la emisora, la verdadera razón para la clausura sería que hace tres semanas, durante el programa La Hora de las Organizaciones Sociales, se entrevistó al expresidente y mayor opositor del gobierno, Lucio Gutiérrez.
DOS RADIOS CLAUSURADAS EN EL ORO POSIBLEMENTE POR MOTIVOS POLÍTICOS
12 de junio 2012. Autoridades de la Intendencia General de Policía, Fiscalía y Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) clausuraron y decomisaron los equipos de las estaciones de radio RU Matriz Cadena Sur Ecuador 1200 AM, de Machala, y K-mil, de Huaquillas. Las dos ciudades están ubicadas en El Oro, provincia fronteriza con Perú.
Según Erwin Guerrero, gerente de RU Matriz Cadena Sur que estuvo en el aire 35 años, al decomiso llegaron las autoridades con unos 30 policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y la Policía Judicial. El argumento fue mora en pago del arrendamiento de la frecuencia. En realidad debían seis meses de arriendo ($40 mensuales) pero nunca llegó una notificación al concesionario, Boanerges Ugarte, quien fuera alcalde de la ciudad de Machala y es simpatizante del opositor Partido Social Cristiano (PSC).
A la emisora K-Mil 89.5 FM, de Huaquillas, la clausuraron e incautaron los equipos  por "no operar técnicamente de acuerdo al contrato de concesión".
El propietario de la radio, Fernando Echeverría Bonilla, manifestó que la concesión fue por 10 años y no quieren renovársela aduciendo que la distancia designada para la ubicación de la antena y los estudios de la radio es de 1200 metros, pero según el informe de la SUPERTEL se encuentra a 3349 metros. El radiodifusor dijo que "hay mala intención y corrupción en este informe porque el departamento de planeamiento urbano de la municipalidad local dice lo contrario".
RADIO DE EX DIPUTADO DE COTOPAXI CERRADA
13 de junio 2012. Radio Impacto, de Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, al sur de Quito, de propiedad de Roosevelt Icaza, ex diputado, fue clausurada por autoridades de la superintendencia de telecomunicaciones, de la intendencia y un fiscal que llegaron con una tropa policial para llevarse los equipos.
Juan Rojas, abogado de la SUPERTEL, dijo que "la radio mantenía deudas con el Estado". Roosevelt Icaza opinó que la clausura fue "abusiva, ilegal e inconstitucional" porque ya había saldado todas las deudas.
RADIO MORENA FM DE OPOSITOR AL GOBIERNO CLAUSURADA CON VIOLENTO OPERATIVO
31 de octubre 2012. El 6 de julio 2012, en la tarde, 30 policías entraron violentamente a radio Morena FM, de Guayaquil, para cortar la señal y llevarse sus equipos. Mientras lo hacían sus empleados gritaban: "¡No nos callarán, carajo!" y "¡Abajo la dictadura!" Y los locutores de la estación narraban lo que ocurría en las instalaciones de la radio. Ante el reclamo de los trabajadores, los policías les lanzaron gas lacrimógeno. Hubo gritos. Quejándose por las molestias que el químico les ocasionaba, los locutores seguían relatando los sucesos. "Los trabajadores no tenemos por qué ser perseguidos ni por qué ser rociados con gas", decían al aire, desde la frecuencia 540 AM y a través de internet, tras el cierre de la frecuencia FM.
La clausura se dio porque el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) resolvió no renovar la frecuencia a radio Morena FM, aduciendo que los administradores de las frecuencias 98.1 en Guayaquil, 94.5 en Portoviejo y 98.1 en Santa Elena, no cumplieron con "los dos requisitos que determinan los artículos 9 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, y el artículo 20 del Reglamento General… al no operar técnicamente de acuerdo al contrato de concesión y por mantener una deuda de ocho meses por el uso del espectro”.
La frecuencia estaba a nombre de Pastora Morán, madre de Luis Almeida Morán, quien administraba la radio y era asambleísta de Sociedad Patriótica, uno de los partidos opositores de Correa, liderado por el ex presidente Lucio Gutiérrez. Fue quien puso en el Congreso una demanda política en contra del ministro Ricardo Patiño por los ‘Pativideos’.
Cuando se dio la clausura, Almeida, exhibiendo documentos a la prensa dijo: "Aquí están los originales de todo lo que hemos pagado hasta el mes de julio del año pasado y de allí ya no comenzaron a cobrar porque así es parte del abuso, entonces, consignamos en un juzgado". A su criterio, la decisión del juez de ratificar el retiro de la frecuencia se dio por órdenes del Consejo de la Judicatura con directivos escogidos por el gobierno. "Eso hace la dictadura de Correa y el país tiene que saber que lo que quieren ellos es dejar una sola radio, un solo periódico y un solo canal de televisión", agregó.
ECOTELTV. GOBIERNO LE QUITA EQUIPOS DE TRANSMISIÓN E IMPIDE FUNCIONAR POR INTERNET
5 de diciembre 2013. Con un operativo policial el gobierno allanó las instalaciones de EcotelTv, en Loja, ubicada en la frontera sur del Ecuador, para incautar algunos equipos de la extinta emisora EcotelRadio. La emisora dejó de funcionar en agosto de este año, cuando un operativo similar retiró los equipos transmisores de las repetidoras, sin embargo, ha funcionado por internet en los mismos estudios que fueron protegidos por un escudo humano hace cuatro meses.
Ramiro Cueva, director de la radiodifusora narró a Fundamedios que cerca de la 1:00 de la madrugada llegaron funcionarios de la Fiscalía, Superintendencia de Telecomunicaciones y efectivos policiales entre los que se encontraban miembros del Grupo de Operaciones especiales (GOE) y del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) con un despliegue de seguridad, de aproximadamente 200 personas. “Llegaron con fusiles de asalto, observamos a distancia cómo rompían las cadenas de seguridad de la parte exterior, las seguridades de las puertas exteriores e interiores.
Según el director de la emisora, la Ecotel Radio ya no funciona en el espectro radioeléctrico desde el 8 de agosto cuando fueron incautados sus transmisores, por lo que le llama la atención lo que pretendían hacer con el operativo “de una radio que ya no existe”. “No entendemos qué era lo que buscaban, allanaron todo el canal, desde el control máster, el control técnico, hasta las oficinas administrativas; buscaban documentos, quisieron llevarse computadoras”.
TELEAMAZONAS: CORREA PIDIÓ SU CIERRE DEFINITIVO
29 de agosto 2009. El presidente Rafael Correa pidió un nuevo proceso judicial en contra de la estación de televisión, Teleamazonas, para que quede "definitivamente clausurada" por la difusión del audio de una conversación entre una asambleísta de izquierda (partido socialista) y Correa, a quien ella le manifestaba su preocupación por ciertos cambios en el texto final de la Constitución.
La grabación fue difundida por Fernando Balda, ex dirigente del partido oficialista y actual militante de Sociedad Patriótica (SP), mientras le hacían una entrevista.
Correa dijo que la grabación es "clandestina", por tanto, el canal violó el Reglamento a la Ley de Radiodifusión al transmitirlo. El literal h) de las Infracciones considera una infracción técnica: “reproducir videos y/o grabaciones magnetofónicas clandestinas y/o no autorizadas a grabar por parte del que o los que aparecieren involucrados o intervengan en el video o grabación, de manera que se afecte el derecho a la intimidad y al honor de las personas consagrados en la Constitución Política de la República”.
Correa agregó que “no se puede grabar clandestinamente una conversación, peor aún al Presidente en su despacho, eso atenta contra la seguridad nacional".
Carlos Jijón, director de Noticias del canal, escribió en un artículo que el presidente Correa "no tiene atribuciones para ordenar el cierre de un canal" y que la grabación clandestina "no afecta a la integridad de ninguna de las personas” que participaron en la grabación de audio. Se trataba de una conversación del mandatario con ministros y asambleístas.
El Secretario General de Comunicación, Fernando Alvarado, dijo que “Teleamazonas puede ser multada por esa falta, pero no clausurada”. Pero el sábado 5 de septiembre, Correa dijo lo contrario: pediría una suspensión de Teleamazonas por 90 días porque incurrió en una falta administrativa.
22 de diciembre 2009. Este día, el noticiero ‘Hora 7’, conducido por Jorge Ortiz, fue interrumpido por una ‘cadena’ ordenada por el gobierno para cuestionar las opiniones del periodista acerca de las cifras de inversión social presentadas por el gobierno en spots de TV. El 3 de diciembre 2009, en la madrugada, un artefacto explosivo estalló en las instalaciones del canal. Jorge Ortiz dijo que actos como éstos "no callarán al canal". Y como no quería “callar”, el 22 de diciembre 2009 le sacaron del aire.
Fue al siguiente día de la cancelación de la frecuencia a Radio la Voz de Arutam que las autoridades no pudieron cerrarla por las amenazas de una movilización indígena nacional. La Superintendencia de Telecomunicaciones suspendió por tres días la emisión de Teleamazonas. Así dio cumplimiento al pedido que el presidente Correa hiciera el 29 de agosto 2009.
La decisión se sustentó en el proceso administrativo abierto en contra del canal, en junio 2009, por transmitir declaraciones de moradores que advertían la posibilidad de daños en la pesca, en la isla Puná (Guayas), por las labores de exploración de la estatal petrolera venezolana, PDVSA.
El canal salió del aire luego de poner en su pantalla un comunicado que decía: “ÚLTIMA HORA: La Superintendencia de Telecomunicaciones ordenó suspender tres días la señal de Teleamazonas. Teleamazonas acata esta orden bajo protesta porque no cumple con los requisitos legales".
23 de diciembre 2009: “Esto es una decisión administrativa común y corriente, como cuando se clausura un burdel, o cualquier cosa”, dijo Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia de la república sobre el cierre Teleamazonas. Ante la crítica de los periodistas, respondió que el dueño del canal, Fidel Egas, "se trata del banquero más poderoso del país, esa es la diferencia". Mientras eso decía su funcionario de confianza, Correa defendía la medida pero negaba haber ordenado la clausura del medio.
La reacción ciudadana se vio en manifestaciones en las calles de las principales ciudades del país. Hasta la medianoche, cientos de ciudadanos se apostaron con velas en las afueras de Teleamazonas.
24 de diciembre 2009. Desde las 7:30 el gobierno se dedicó a interrumpir los noticieros televisivos para difundir cadenas nacionales con la justificación del acto y respaldando a la Superintendencia, “organismo independiente que ha cumplido con el debido proceso”. De paso se burlaban de opiniones, como las de Alfonso Espinosa de los Monteros, de Ecuavisa, para quien el cierre de Teleamazonas significaba la vulneración de una tradición democrática del país.
29 de diciembre 2009. Un equipo periodístico de Teleamazonas fue agredido en el norte de Quito por desconocidos. Sucedió cuando la periodista Ana María Cañizares, el camarógrafo Manuel Tumbaco y el asistente Carlos Quimzo, se dirigían al canal después de una cobertura en el Palacio Legislativo. El carro en el que circulaban fue interceptado por otro, del cual descendieron dos sujetos que empezaron a golpear los vidrios del vehículo.
El camarógrafo empezó a grabar el ataque y los desconocidos iniciaron un ataque a él y su asistente, hasta romper el lente de la cámara. La presencia de transeúntes ahuyentó a los sujetos que escaparon.
Ante la denuncia de  los hechos, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, manifestó su preocupación por la situación que están viviendo los periodistas de Teleamazonas. Pidió se investigue rápidamente este ataque y reiteró que la manera de evitar las agresiones de grupos intolerantes contra medios y periodistas, es el impulso de una cultura de respeto y tolerancia por el pensamiento diverso. Sobre el cierre temporal del canal dijo que "la suspensión temporal o definitiva de las emisiones de cualquier medio de comunicación como resultado de una sanción administrativa, en cualquier Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es objeto de atención especial, en consideración al impacto y a la relevancia que una decisión de esta naturaleza podría tener para el ejercicio de la libertad de expresión". En consecuencia, esa oficina ha solicitado al Estado de Ecuador información especial sobre este caso que está estudiando.
1 de febrero 2010. La Primera Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha sorprendió al determinar que la suspensión de la transmisión de Teleamazonas dictada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, quebrantó nueve derechos constitucionales: el derecho al debido proceso y a la defensa, así como a la libertad de pensamiento, de comunicación e información, a los derechos a la tutela judicial efectiva, al principio de legalidad o reserva legal, de jerarquía normativa, al trabajo y a la presunción de inocencia.
Por lo tanto, esta Sala dispuso que la Superintendencia de Telecomunicaciones indemnice a la televisora por concepto de pérdida de los ingresos que afectaron a Teleamazonas por la suspensión de su señal durante 72 horas.
5 de febrero 2010. El presidente Correa afirmó que el fallo de la Primera Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha, a favor de Teleamazonas es "otra muestra del grado de descomposición" de la justicia del país y del "poder inmenso" al que su gobierno se enfrenta: "el informativo y financiero". Dijo que su proyecto político "se está enfrentando con el poder más grande que ha tenido Ecuador y América Latina: la prensa, que de una y otra manera ha tratado de boicotear los cambios que se están dando".
24 de febrero 2010. Los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dejaron sin efecto las multas a Teleamazonas por difundir las imágenes de una corrida de toros fuera de horario permitido y por presentar una nota en vivo sobre un supuesto centro clandestino del CNE en Guayaquil.
4 de marzo 2010. El presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Jorge Glas (al momento vicepresidente de la república), anunció un recurso de casación para impedir la ejecución de estas resoluciones y advirtió: “¡Cuidado algunos jueces se arrodillan al poder mediático o al poder económico! Hay algunos jueces caretucos. Llama la atención la actuación diligente de los jueces”.
6 de marzo 2010. El presidente Correa agregó a lo dicho por su subalterno, que el fallo de esa Sala era una “barbaridad” que evidenciaba la “corruptela total” de los jueces. Y repitió su discurso: “Estamos enfrentando a los dos poderes más grandes, poder informativo y financiero, pero no nos vamos a dejar amedrentar”.
REVISTA VANGUARDIA ASALTADA, ACOSADA
3 de julio 2009. La revista Vanguardia, de Quito, puso énfasis en la denuncia de actos irregulares en los diferentes gobiernos, obvio, incluido el de Correa. La noche de este día, contó Juan Carlos Calderón, director editorial, el empleado de una pizzería llegó a la sede de la revista para entregar su producto a los periodistas que aún estaban trabajando. Atrás de él ingresaron cuatro hombres. Una vez adentro, amarraron los pies y las manos de los periodistas y diseñadores, amenazándoles de muerte.
17 de diciembre 2010. Este día, pasadas las 17:45 (hora local), las oficinas de la revista Vanguardia fueron desalojadas y embargados sus bienes. En la acción participaron 15 miembros del GIR (Grupo de Intervención y Rescate, un equipo de élite de la Policía), cuatro patrulleros de Policía y las cámaras de dos canales de TV en poder del Estado. Lo hicieron con una orden firmada por Pedro Delgado, presidente de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN y primo del presidente Correa, según lo comprobó el director de la revista, Juan Carlos Calderón. El argumento fue mora en el arrendamiento del inmueble que había sido incautado por el Estado a la banca cerrada y era administrado por la AGD.
Coincidencialmente, en su edición No. 269, Vanguardia había publicado información sobre las cuentas bancarias de Fernando Alvarado, secretario de comunicación, y de su hermano, Vinicio, secretario de la administración. Durante el embargo se llevaron servidores, computadoras y equipo de diseño, rebuscaron las carteras y bolsillos del personal. Calderón dijo que por suerte la edición de la revista que estaba por publicarse, ya había sido enviada a la imprenta. También manifestó su satisfacción porque lograron recuperar una copia de la información contenida en los discos duros de los ordenadores incautados.
Pedro Delgado, presidente del fideicomiso AGD-CFN y ejecutor del secuestro de los bienes de la revista reiteró en una entrevista publicada por el periódico digital estatal El Ciudadano, "que no se puede dejar de lado el cobro a una empresa que vende sus productos y que recauda por publicidad".
Martes 31 de julio 2012. La revista Vanguardia preparaba una denuncia sobre el argentino Gastón Duzac que recibió un préstamo de 800.000 dólares de una financiera del Estado con garantía de otras empresas del estado administradas por el primo del presidente, Pedro Delgado, quien aparecía en fotos con Duzac.
De manera sorpresiva y violenta, este día llegaron a las instalaciones de la revista funcionarios del Ministerio de lo Laboral, con numerosos policías de élite, para llevarse las computadoras por un supuesto incumplimiento de obligaciones laborales por 22.000 dólares.
Iván Flores, editor general narró: "De la manera más abrupta se llevaron toda la información y el material que nos sirve para trabajar".
Para el allanamiento no presentaron ninguna orden de autoridad competente. "La notificación se realizó ayer y en el entendido legal se tiene tres días para responder. Actuaron sin respaldo judicial. Ahora un ministerio de Estado suple funciones de un sistema judicial", dijo el editor de Vanguardia.
En el operativo se detuvo violentamente al asesor legal de la revista, Carlos del Pozo, porque en el intento de evitar la vulneración de los derechos de sus defendidos, cerró una puerta remordiendo los dedos de un elemento de la Policía.
27 de junio 2013. Se conoció la decisión de los directivos de cerrar la revista Vanguardia.
Trascendió que tomaron esa resolución por la reciente aprobación de la Ley de Comunicación en el país.
Juan Carlos Calderón, director de la revista, confirmó a Fundamedios la noticia que ocurrió tres días después de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Comunicación.
DIARIO HOY ASFIXIADO ECONÓMICAMENTE
1 de junio 2013. El diario Hoy de Quito tenía dos periodistas críticos del gobierno que resultaban incómodos para la ‘revolución’. Eran José Hernández y Roberto Aguilar. Durante su ‘sabatina’ el presidente Correa amenazó al Editor de Contenidos de diario Hoy, Roberto Aguilar, famoso por sus crónicas sobre personajes y hechos políticos narrados con ironía. Aparentemente son muy leídas por Correa porque en el segmento "La amargura de la semana" (que dedica a los periodistas) dijo: "Veamos la crónica de diario Hoy, propiedad del presidente de la SIP. Una crónica de su periodista Roberto Aguilar, un amargado que se metió en el colegio de mis hijos y si lo vuelve a hacer..., si se mete en mi vida privada, se va a encontrar conmigo, este tipo".
El 3 de mayo 2014, el presidente Rafael Correa durante el Enlace Ciudadano N° 372, tildó a diario Hoy de ser un medio “irresponsable”, “de lo peor” que habría tergiversado declaraciones suyas con el fin de “hacer daño” y “para ver si de repente le pegan un balazo al Presidente”.
El Jefe de Estado dijo esto por un titular publicado por el medio, a propósito de unas declaraciones suyas sobre el caso de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, quienes se encontraban ocultos en la Amazonía tras ser sentenciados a prisión por supuestamente haber injuriado a Correa. El titular del Hoy decía: 'Aquí no hay que negociar nada, hay que hacerles respetar la autoridad'. Correa desmintió haber dicho eso durante un conversatorio con los medios. “Es falso” y “trastoca” las declaraciones. Y expuso un video que decía textualmente: "Y por supuesto, no se puede ceder ante esta barbaridad. Sería un precedente nefasto. Aquí no hay que negociar nada. Lo que hay que hacer es respetar el Estado de derecho, respetar la autoridad legítimamente constituida. Hay que respetar una sentencia de los tribunales del Ecuador”.
27 de junio de 2014. Diario Hoy anunció, a través de un comunicado, su decisión de suspender definitivamente la edición impresa diaria del rotativo luego de 32 años de circulación, el cual será reemplazado por una edición digital a partir del 30 de junio.
Su director, Jaime Mantilla, atribuyó la decisión, a “la gradual pérdida de libertades que experimentamos, la auto censura impuesta por la vigencia de la ley de comunicación, los ataques directos e indirectos contra  la prensa independiente han venido creando desde hace más de siete años un escenario totalmente adverso para el desarrollo de un diario plural, libre, independiente, abierto a las distintas corrientes de opinión”. En ese sentido, el director del periódico admitió estar experimentando dificultades para financiar sus operaciones, pues además de los problemas mencionados, se suma, por ejemplo, la cancelación de contratos de impresión especialmente de textos escolares.
La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) calificó de “falsa” esta versión y señaló: “Resulta aventurado, por decir lo menos, que hoy se pretenda adjudicar a la vigencia de la Ley (de Comunicación) los desaciertos administrativos del rotativo que llevaron a la suspensión de su edición impresa”.
El 4 de julio 2014, la Superintendencia de la información y Comunicación (Supercom) resolvió  sancionar a diario Hoy con una multa de USD 57 800 por supuestamente incumplir con la difusión del tiraje de 17 ediciones comprendidas entre mayo y junio de este año. Esto ocurre a los seis días del anuncio del rotativo de suspender la circulación de su edición impresa.
El 21 de agosto 2014, la Superintendencia de Compañías anunciaba el cierre de 700 compañías que "reincidieron durante dos años en pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social, de acuerdo a los estados financieros 2012 y 2013, y que no presentaron descargos que pudieran demostrar que subsanaron la Causal de Disolución". Entre esas estaba Edimpres.
28 de agosto 2014. Los 154 trabajadores de diario Hoy acudirán a las instalaciones rotativo quiteño hasta el 31 de agosto del 2014, luego de ese día quedarán en el desempleo. Este es uno de los efectos colaterales, tras el cierre de la empresa y la intervención de la Superintendencia de Compañías, escribió diario El Comercio.
La liquidación de Edimpres, a la que pertenece dicho rotativo, provocará la extinción de la versión digital de diario Hoy así como su edición impresa del fin de semana y, con esto, se da fin a 32 años de ejercicio periodístico.
El gobierno no se ocupó solo de forzar la desaparición del diario, también pretende borrar su historia y una época importante de la historia del país. Juan Tibanlombo, antiguo editor general de diario Hoy, reveló a través de su cuenta personal de Twitter, que el gran archivo digital de noticias del Hoy, llamado Explored, considerado uno de los más grandes e importantes del Ecuador, fue sacado de la red.
LA HORA DE MANABÍ CIERRA POR RESTRICCIONES DE LEY DE COMUNICACIÓN
El 31 de julio de 2014, la edición regional de diario La Hora Manabí (provincia costera ubicada a 329 km de Quito) anunció que dejará de circular tras 16 años de difusión. Las "restricciones impuestas en la Ley de Comunicación y su Reglamento", así como la falta de libertad de prensa, la censura y los pocos anunciantes son algunas de las razones esgrimidas por el medio para su cierre.
En su editorial titulado "Un sentido adiós", el medio relata que hace 16 años "sembraron la semilla de un sueño" y que, a pesar de los problemas, aseguran que "eran otros tiempos; primaba la libertad de información sin cortapisas, una publicidad oficial equilibrada y una empresa privada sin temores ni compromisos, lo que permitía que los medios pudieran subsistir".
En ese sentido, el medio agrega: "Hoy las cosas han cambiado. No hay libertad de prensa, ronda sin tapujos la censura y autocensura"  y añade que  "alejados de la publicidad oficial, con muy pocos anunciantes que no tengan temor al poder central y publiciten en los medios, con desproporcionadas condiciones y costos laborales, regulaciones, confiscaciones, impuestos sin conocer la realidad económica de las empresas, y así estas se ven impedidas de solventar sus gastos. Si añadimos las restricciones impuestas en la Ley de Comunicación y su reglamento, la labor de prensa es imposible".
La edición regional de La Hora circulaba desde mayo de 1998.
DIARIO MERIDIANO SUSPENDE SU EDICIÓN IMPRESA POR FALTA DE PUBLICIDAD
El 15 de agosto 2014 el diario El Meridiano de Guayaquil –ciudad costera ubicada a 400 Km de Quito- anunció el cierre de su edición impresa tras 31 años de presencia en el periodismo ecuatoriano. Problemas económicos relacionados con la falta de publicidad, sobretodo de los avisos judiciales, fueron las razones esgrimidas para dejar de imprimir el diario que continuará publicándose en su versión digital.
En un editorial titulado ‘Ante el País’ publicado en su última edición impresa y reproducido en su página digital, el periódico aseguró que “razones económicas llevó a la Junta de Accionistas de DIARELME a tomar la drástica decisión de dejar de imprimir el diario afectado por los altos costos de los insumos frente al descenso de la asistencia publicitaria, privada, judicial y pública. Aun así, superamos esta dura situación y estoicamente proseguimos hasta que cumplimos más de tres décadas de servicio ciudadano”.

Fuentes: medios de comunicación y Alertas de Fundamedios.