ANÁLISIS. Se dice, los españoles que llegaron a Chile ‘exterminaron a sus indígenas’. Con este antecedente resolvimos remover, más que su historia, su presente y descubrimos que Chile tiene más indígenas que Ecuador, pero su objetivo es únicamente la ‘defensa de su territorio’. El país sureño es un gran productor de madera y, si los indígenas consideran que los empresarios invaden su territorio, se violentan, provocan incendios, hasta muertos, y el Estado les aplica la misma justicia que a todo chileno. Recién, el mayor líder indígena fue condenado a 23 años de prisión. Por la explotación del litio temen un futuro con más violencia, igual temor debería tener Ecuador por la explotación minera, especialmente la ilegal que no respetaría ni las reservas naturales.
Datos de prensa indican que “Chile es el único país de América Latina que no reconoce a los pueblos indígenas en su Constitución". En otras palabras, viven bajo las leyes que rigen para todo chileno.
Dicen los analistas de este país: "La lucha de los pueblos Mapuche sobre los derechos de la tierra y sus territorios, que legal y/o ancestralmente, les pertenecen, es constante. En la región de la Araucanía y Los Ríos, los derechos de los pueblos Mapuche se ven gravemente amenazados por la expansión de proyectos extractivos, de producción y de infraestructuras. La gran mayoría de estas iniciativas proceden de corporaciones privadas…
La acelerada extracción del litio en los salares altoandinos ha provocado una grave afectación de los derechos de los Pueblos Indígenas a un medio ambiente sano y al acceso al agua. Especialmente, perjudica actividades como la ganadería auquénida (llamas, guanacos y vicuñas) y, la agricultura tradicional de quinua y maíz. Dada la centralidad que el litio ha adquirido a nivel global para la transición energética y sus reservas en esta región, resulta fundamental preguntarse si la transición está siendo justa para estos pueblos y sus comunidades…”
Aquí una observación: este es un enfoque sectorial porque, los estudiosos del tema y los políticos del presente y del futuro, deben tomar en cuenta que los daños de la minería lícita e ilícita perjudicará por igual a todos los habitantes de un país si los gobernantes no aplican reglas claras y oportunas.
“Otro reto ha sido la criminalización de la protesta social Mapuche por parte del estado. Durante el 2017, el Estado recurrió con frecuencia a la Ley Antiterrorista para perseguir a miembros del pueblo Mapuche. Durante ese año, la ley fue invocada para juzgar a 23 personas mapuche como terroristas por incendio homicida, incendio terrorista y/o conspiración terrorista”. (‘Pueblos indígenas en Chile’ https://iwgia.org/es/chile.html)
ENFRENTAMIENTOS DUROS
Los enfrentamientos de los indígenas con los no indígenas en las zonas forestales chilenas han sido duros. Veamos:
“La Machi Francisca Linconao es una autoridad ancestral, espiritual y religiosa del pueblo Mapuche que denunció el año 2008 a la Sociedad Palermo Limitada por tala ilegal de árboles y arbustos nativos. Un aspecto central fue que la empresa introdujo plantación de especies exóticas, que reemplazan al bosque nativo en tierras colindantes, con comunidades indígenas y, como consecuencia de ello, se destruyó el bosque ancestral, se contaminaron aguas vitales para el abastecimiento de la comunidad y se produjo la afectación de manantiales que implicó la destrucción de sitios sagrados llamados menokos además, se extinguieron yerbas medicinales que la Machi utilizaba en sus prácticas medicinales.
En septiembre del 2009 los tribunales sentenciaron a favor de la Machi (por la violación de estos menokos tratándose de la primera aplicación del Convenio 169 en Chile, que en su artículo 13 obliga al Estado a respetar tierras, territorios y reglas espirituales de los pueblos nombrados como “indígenas”).
HISTORIAS DE CRÍMENES CON INCINERACIÓN E IMPUNIDAD
“En la madrugada del 4 de enero de 2013, un grupo de encapuchados asaltó e incendió en el Fundo Granja Lumahue en la comuna de Victoria la casa del matrimonio Werner Luchsinger y Vivianne MacKay de 75 y 69 años, que murieron calcinados. Ellos eran dueños de unas tierras en la región de la Araucanía, situada a unos 700 kilómetros al sur de la capital, Santiago, zona que pertenecen legalmente a dueños privados y empresas agrícolas o forestales que la minoría indígena de los mapuches intenta recuperar por considerarlo un territorio ancestral.
La Machi fue involucrada en este hecho, pero ganó la demanda civil, en octubre de 2015, y el Primer Juzgado Civil de Temuco condenó al Estado a pagar una indemnización a la Machi, estimando que la policía actuó “sin mediar respeto” de su condición de autoridad tradicional”. (‘La historia de la Machi Francisca Linconao criticada por hablar en mapudungún’. Radio.uchile.cl 24-07-2021).
“En marzo 2016, la policía de Chile detuvo a 11 miembros de la etnia mapuche a los que se acusa de ser responsables de este incendio y muerte de los Luchsinger y MacKay. Hasta esta fecha, la policía sólo había detenido al mapuche Celestino Córdova por el crimen, pero no fue juzgado por terrorismo, sino por incendio con resultado de muerte. Desde febrero 2014 cumple una condena de 18 años de cárcel”. (Fuente: ‘Detienen en Chile a 11 mapuches sospechosos de la muerte del matrimonio al que le quemaron la casa. BBC. 30 marzo 2016.)
“El juez José Ignacio Rau del Tribunal Oral de Temuco, en el centro de Chile, argumentó que la fiscalía no pudo acreditar el “carácter terrorista” del hecho, ni tampoco la participación de los involucrados.
La prueba aportada es insuficiente del carácter terrorista del ilícito. No fue posible acreditar la existencia de un plan elaborado y coordinado a destinado a compeler a los agricultores a hacer abandono de sus predios (…) Tampoco la intención de causar temor en la población o parte de ella”.
El magistrado también aseguró que “las declaraciones de un testigo clave en la investigación presentaban ‘vicios de ilegalidad”. (Fuente: ‘Absuelven en Chile a 11 mapuches acusados de la muerte del matrimonio Luchsinger MacKay tras el incendio de su casa’. BBC. 25 octubre 2017.)
GOBIERNO IZQUIERDISTA DE BORIC ATRAPÓ AL MÁS DURO
El 11 de marzo 2022, Gabriel Boric, socialista, asumió la presidencia de Chile e, increíblemente, procuró castigos duros a los indígenas que generaran violencia, pero no fueron aplicados a todos.
El 4 de enero de 2024, a los 11 años del doble homicidio, Celestino Córdova, participante en la incineración del matrimonio Luchsinger y MacKay fue “liberado condicionalmente”. (Por su sentencia a 18 años, en 2014, le tocaba salir libre el 2032). Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay, declaró que “de nuevo tenemos que pasar un trago amargo de ese hecho que ocurrió cuando nos mataron a nuestros papás”. (No se conoce si Córdova ya fue liberado totalmente).
“El 26 de junio de 2025, Juan Pichún, líder espiritual de la comunidad de Temulemu, regresaba a su hogar después de celebrar la ceremonia We tripantu – la celebración del año nuevo mapuche, que se realiza en el solsticio de invierno austral – en la comunidad de Pantano, cercana a su comunidad de Temulemu, cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo detuvieron... acusado de “ser el autor intelectual de dos atentados incendiarios que ocurrieron en el 2021 en diferentes localidades de la Araucanía. Concretamente se lo acusa de, supuestamente, haber sido coautor de un atentado incendiario al predio de un parlamentario de derecha.
Luego de su detención, Juan Pichún fue trasladado a una comisaría para la respectiva audiencia de detención e investigación formal…” Está en una cárcel de Temuco, a la espera de que la Corte de Apelaciones de la región decida sobre la apelación que interpuso su defensa. (Fuente: ‘Chile: Detención arbitraria de Juan Pichún, líder indígena Mapuche, después de pronunciamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de NN.UU.’ 17 julio 2025.)
La acción más dura, de parte del gobierno y de los indígenas se dio por la “detención de Héctor Llaitul, de 56 años, líder radical mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por varios ataques a la policía y empresas forestales en medio de su lucha por la recuperación de “tierras ancestrales” que reivindica para los indígenas. En abril 2024 fue declarado culpable por incitación a la violencia, usurpaciones violentas, hurto simple y atentado contra la autoridad.
El 27 de abril 2024, poco después de que Llaitul fuera declarado culpable, se produjo el crimen de tres policías cuyos cuerpos fueron incinerados en la región de Biobío. Las autoridades no han identificado aún a los responsables del peor ataque en contra de Carabineros (policía militarizada) en los últimos años, como tampoco ninguna organización se ha atribuido su autoría.
El 7 de mayo 2024 la justicia chilena condenó a Llaitul a 23 años de prisión. La ministra chilena del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, dijo que la condena por diversos delitos es una “señal de que el Estado de Chile le está cerrando la puerta por todas las vías a la violencia como forma de procesar los conflictos”. (Fuente: ‘Chile: condenan a 23 años de cárcel a líder radical mapuche’. DW 08/05/2024.)
DATOS:
Desde el Censo de 2017, la población indígena no ha experimentado mayores variaciones. 2.185.792 personas se autoidentifican como indígena, equivale al 12,8 % de la población total del país (17.076.076). El pueblo Mapuche es el más numeroso (casi 1.800.000 personas), seguido del pueblo Aymara (156.000 personas) y el pueblo Diaguita (88.000 personas). Destaca la tendencia al incremento sostenido de la población indígena urbana por sobre la rural, que alcanza un 87,8 %, frente a un 12,2 % que habita en zonas rurales.
Según el Ministerio de Desarrollo Social, el 30,8% de la población indígena vive en situación de pobreza, en la población no indígena el porcentaje es del 19,9%. La región de la Araucanía, que concentra la población indígena mayoritaria, sigue siendo la región más pobre del país. (Fuente: ‘Pueblos indígenas en Chile’ https://iwgia.org/es/chile.html)
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