domingo, 27 de noviembre de 2011

LOS NEGOCIOS DE LOS ALVARADO


(27 noviembre 2011. Actualizado 22 junio 2018)
13 septiembre 2007. Diario El Universo informaba que el Secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, tiene a su madre Daisy Espinel, Jueza de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil durante catorce años, como nueva embajadora en Costa Rica.
Su hermano Fernando Alvarado Espinel se ha presentado como asesor de María de Lourdes Andrade, delegada de Correa en la Junta Bancaria (JB), en las entrevistas que ella ha dado. Frecuenta Carondelet y asiste a los eventos oficiales. Vinicio Alvarado dice que se trata de una “deferencia” de Correa y que no puede “describir con palabras” lo que significa para él que haya nombrado a su madre como Embajadora en Costa Rica y a su hermano Fernando como su asesor en Comunicación. Pero luego aclara que su hermano no trabaja en el Gobierno todavía. “Solo hay un pedido del Presidente”, afirma. (Actualmente es Secretario Nacional de Comunicación desde el 6 de julio 2009).
Daisy Espinel Álvarez no tiene carrera diplomática, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores destaca –como parte de la hoja de vida que difunde en su página web– que es “madre de seis hijos”.
VINICIO ALVARADO, EL ‘HOMBRE DE HIERRO’
En la revista Vistazo, bajo el título El “Hombre de Hierro” del Gobierno, la periodista María Belén Arroyo, describe a este personaje durante una entrevista:
“Vinicio Alvarado no quiere ser visto como el brazo derecho, ni el izquierdo del Presidente. Es el comunicador estratégico. Vuelve a su cargo de Secretario de la Administración en la coyuntura más delicada, cuando se debate si Correa debe lanzarse como candidato en 2017. Si no hay relevo, no habrá otra opción, advierte.
Hombre de hierro. Es uno de los pocos deportistas que compiten en la triatlón Ironman, que exige completar en seguidilla 3,8 kilómetros a nado; 180 km en bicicleta y 42,2 km de maratónica carrera. Participó en Francia, Alemania y Estados Unidos en estas pruebas de élite, con la bandera ecuatoriana, mejorando su tiempo de 14 a 12 horas.
Ironman. Como el cómic de Marvel, el poderoso personaje que apoya al Gobierno, aunque no pierde de vista su faceta de empresario. Pero él no busca salvar al mundo de amenazas y catástrofes, aunque usa su escudo para protegerse del escrutinio público.

Vinicio Alvarado regresa al centro de poder para apuntalar la estrategia política, administrativa y comunicacional del régimen de la Revolución Ciudadana, al que apoya desde la campaña con la que obtuvo la primera presidencia, a fines de 2006.
“No soy el brazo derecho del Presidente”, dice, en su sencilla oficina en el segundo piso del Palacio de Carondelet, donde recibe a Vistazo. Un estanque con media docena de pececitos anaranjados y blancos resalta junto a su escritorio. (Cada uno tiene un nombre, pero guarda celosamente el secreto). Fue el regalo de su último cumpleaños –a fines de febrero cumplió 52– que le hizo su equipo de trabajo.
Tras casi nueve meses al frente del Ministerio de Turismo, cosecha los primeros resultados de una ruidosa campaña para promocionar a Ecuador como destino turístico. La estrategia, que empezó con el inicio de una comunidad virtual a fines de febrero para crear expectativa, se presentó oficialmente el primer día de abril. La iniciativa, explica, “Le ha apelado a todo. A la genialidad de haber creado el espacio virtual All you need  is (Todo lo que necesitas es), que fue un fenómeno inédito porque en un mes tuvo más de 200 mil seguidores en Twitter”.Edición N° 1119 - Abril 10 / 2014
FERNANDO ALVARADO Y SU MINISTERIO DE LA VERDAD
Julio-Agosto 2012. En la revista internacional Gatopardo, bajo el título ‘Ecuador se fue a la guerra’,  se hace una descripción del trabajo de Fernando Alvarado en la Secretaría Nacional de la Comunicación (SENACOM). Reproducimos una parte de esa nota:
“Al finalizar Enlace Ciudadano, me pidieron esperar a Fernando Alvarado, secretario de Comunicación del Gobierno, en su vehículo oficial. Cuando abrí la puerta de la Toyota Land Cruiser de 2011 y traté de cerrarla, casi me disloco el hombro. "Este carro tiene una tonelada de blindaje y es más seguro que la bóveda de un banco", me dijo el chofer. Pensé que sólo ahora empezaba a entender el poder de Correa.
Al entrar al carro, Alvarado dijo que el equipo de trabajo estaba hambriento y que en vez de volver directamente pararíamos en algún comedero de la carretera.

Alvarado es un hombre de piel tostada y porte atlético y juvenil que ha mantenido gracias a rutinas de ejercicio y a las escapadas a la playa para revivir su pasado surfista. De manera oficial, es el encargado de llevar adelante la política de comunicación del gobierno. Pero según sus contrarios, ésa sería una sutileza definitoria para lo que en realidad es: el brazo ejecutor de la guerra sucia contra los medios y los periodistas. Por eso me sorprendió encontrar a alguien que mostraba un carácter sencillo, afable y expansivo.
Pese a la lluvia, el carro se desplazaba a gran velocidad por una carretera estrecha y sinuosa al borde de un desfiladero desde donde se divisaba la alongada Quito. Mientras los motociclistas del convoy abrían paso entre el tráfico, le pregunté por qué tanta escolta, y dijo que habían extremado las medidas a causa de los eventos del 30 de septiembre de 2010. Aquel día logró llegar a Ecuador TV escondido en una furgoneta y ordenó una cadena de televisión que enlazó a todos los canales del país por más de siete horas ininterrumpidas. "El propósito era que hablaran todos los que querían apoyar la democracia".
Al llegar a la sede de la Secretaría Nacional de Comunicación, en el edificio de Medios Oficiales, Alvarado me dio un breve tour. El piso de la Secom está dividido en compartimientos dedicados a distintas actividades y medios. Aunque era sábado, todos trabajaban como en un día normal, pues debían reponer un feriado. Lo que más me llamó la atención fue el espacio de una pared en la que se alineaban uno tras otros diez televisores ultraplanos con los cuales un equipo de analistas monitoreaba las televisoras públicas y privadas. Unos metros más allá, una sección de análisis político. Todo el lugar tenía un ambiguo ambiente, a medio camino entre la bulliciosa redacción de un periódico y un ministerio público.
La Secom es el cerebro operativo de la plataforma mediática del gobierno, el lugar donde se desarrolla la estrategia para contrarrestar los medios privados que han sido identificados como blancos fijos o de oportunidad contra quienes dirigir la artillería de los medios públicos. Y aquí, la palabra artillería tiene un sentido literal. Desde que en 2008, cuando el gobierno tomara posesión de los dos canales de televisión que eran propiedad del Grupo Isaías, consorcio económico intervenido, los medios públicos no han dejado de expandirse. Hoy cuenta con varias televisoras de alcance nacional, estaciones de radio, periódicos, revistas y una agencia pública de noticias. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Correa ha usado esta amplia red no sólo para difundir su obra de gobierno, sino también para atacar, desprestigiar e intimidar a sus críticos.
Al final nos sentamos en su amplia oficina, donde las figuritas del Chavo del Ocho conviven con bustos del Che Guevara y camionetas miniatura (una Hummer y una ranchera) que atesora como nostalgias del surf. Sin rodeos, Alvarado me expuso su versión del enfrentamiento con los medios. "No se podía llevar adelante un proceso de cambios tan profundo, como el que Correa quería, sin la polarización". Según él, hasta la llegada de la Revolución Ciudadana, Ecuador estaba controlado por una oligarquía servida de un pequeño grupo de medios con grandes audiencias. La relación entre ambos, según Alvarado, era "incestuosa". Esos medios negociaban inmensos contratos como los de compañías telefónicas, papeles de la deuda e intereses petroleros. En resumen, para Alvarado, la cuestión es simple: los medios se habrían convertido en agentes políticos que usaban su poder para someter al gobierno. "Los medios, la partidocracia y los banqueros corruptos eran una misma banda", sentenció sin dejar lugar a réplica.
"¿Cómo politizábamos al ciudadano común, haciéndolo participar en un cambio revolucionario en paz? ¿Cómo cambiabas tú esto, si no identificabas a un grupo como los interesados en mantener un statu quo de beneficios y privilegios que caracterizan su forma de vida versus los cambios profundos que teníamos que hacer y que sabíamos que los iba a afectar?". Había que polarizar. Después, me diría que la política es un ring en el que hay que vencer al contrario. "Tienes que derrotarlo en sus aspiraciones, intereses y privilegios. Tienes que ubicar al contrario en la otra esquina. Allí está la polarización".
La polarización fue una ambiciosa estrategia concertada y se mantendrá a largo plazo. Hace cuatro años y medio, el presidente le pidió que le presentara su visión de los medios en el país. Alvarado mostró un mapa mediático con la situación de los medios grandes y pequeños. Su colofón era que la información estaba secuestrada por los grandes medios. "¿Por qué secuestrada?", le pregunté al ver que usaba un lenguaje al menos igual de beligerante que sus contrapartes en los medios privados. "Digamos que estaba en unas pocas manos, para no usar un lenguaje peyorativo".
Sin embargo, la conclusión a la que llegó frente al presidente fue que esos medios no defendían la comunicación per se, sino sus negocios e influencia. Eran, dijo, como "una maleza que había que limpiar". Y continuó: "Le dije al presidente que la maleza siempre está allí, y siempre iba estar, y que en consecuencia sólo tenía dos caminos: darle espacio y negociar con ellos, lo que implicaba dejar la maleza crecer, podándola sólo de vez en cuando […] El otro camino era sacarlos de la cancha". Alvarado recuerda haberle dicho al presidente: "Pero para eso tiene que cortar la maleza y podarla todos los días porque no se va a morir. Luego tiene que sembrar flores y frutos, lo que significa fortalecer los medios regionales para que haya pluralismo. Si no lo hace, la maleza regresará y lo tapará".
Correa respondió que él quería limpiar la maleza y sembrar el prado con flores, a lo que Alvarado replicó: "Usted sabe que siempre va a crecer y, al final, las cosas quedarán igual". Correa dijo: "No creo que las cosas queden igual. Me voy por la jardinería constante. Al final, la sociedad va a discriminar mejor y los medios entenderán que no deben mentir". Sólo atiné a preguntar qué buscaba en el fondo Correa. "La verdad: que no se mienta, que no se injurie, que no se deshonre".
Alvarado me despidió con gran amabilidad y con la promesa de tramitar una entrevista con el presidente. Pero sus analogías me dejaron una impresión de ambigüedad. Era fácil entender el deseo de fomentar el pluralismo en los medios como parte de los altos objetivos de cambio social. Pero ¿no eran los métodos y el lenguaje de la cruzada del gobierno contra periodistas y medios una versión extrema de aquellos mismos problemas que se quería conjurar?, ¿cumplía el gobierno de Correa con lo que exigía a los otros?
LA PUBLICIDAD
11 enero 2009. Bajo el título Propaganda, herramienta para imponer una verdad, diario El Universo describía en esta fecha cómo se mueve la publicidad estatal en el gobierno de Correa y la participación que tienen los hermanos Alvarado. Textualmente la nota decía:
Monopolio de la imagen, fusión de los conceptos Gobierno y Estado, búsqueda de adhesión emocional y omnipresencia son  las estrategias de comunicación que utilizan  los regímenes totalitarios,  refieren publicistas y encuestadores que encuentran coincidencias en la  propaganda del gobierno de Rafael Correa.

Desde el retorno a la democracia, el país no había conocido un bombardeo propagandístico de las dimensiones de los últimos meses, el cual, según Infomedia, le costó al Estado $ 17 millones el año pasado, sin contar las cadenas televisivas y los enlaces radiales “voluntarios” que no cuestan, pero que también hacen parte de las piezas propagandísticas que usa el Gobierno para promoverse y buscar la reelección presidencial.

Autor de las cinco campañas

Vinicio Alvarado, secretario de la Administración y el cerebro de toda esta estrategia desde la primera campaña del candidato Correa en el 2006 (van cinco), cree que “la mejor forma de expresión de los ciudadanos ante un Gobierno malo o bueno, seccional, provincial o presidencial, son las elecciones”, y, en ese sentido, usa la publicidad para captar más seguidores.

“Creo que la publicidad es una explosionadora de la demanda como decisión comercial, de mercadeo, y creo que en el ejercicio político ayuda al conocimiento de determinado mensaje o persona”, argumenta.

Cuenta que el martes pasado, durante la reunión que sostuvo Correa con varios empresarios, uno de ellos le comentó: “No pudiste encontrar mejor producto”,  al referirse al Primer Mandatario, pero niega que la propaganda del Gobierno venda la imagen de Rafael Correa. “Aquí se está vendiendo una idea de cambio, una forma de pensar..., en el fondo estamos vendiendo una nueva concepción de la sociedad, el éxito está en sabérselo explicar a la gente”, sostiene.

Sin embargo, José Rafael Vallejo, director creativo de la agencia J.R. Vallejo/Euro RSCG e involucrado en campañas políticas desde hace más de dos décadas, cree que la propaganda del Gobierno “es una construcción que da resultados totalitarios. Es muy difícil que alguien más, en términos políticos, ocupe un lugar relevante en la mente del consumidor. Si te fijas, toda la publicidad del Estado acaba con la misma imagen de marca (‘La revolución ciudadana está en marcha’ o ‘La patria ya es de todos’, o la figura pequeñita de Correa sobre una montaña). Correa es el Estado. Él acapara toda la autoridad”.

Asegura que ningún Gobierno en el país había manejado la propaganda oficial con este nivel de agresividad, porque “no han tenido tanta conciencia del poder de la comunicación. Nunca hubo un secretario de Comunicación que sea publicista”.

Alvarado apeló al nacionalismo

Apodado el Goebbels del Gobierno, en alusión al estratega de la propaganda nazi y a quien, en efecto, una de sus hijas le regaló una biografía de este por Navidad, Alvarado dice que el éxito de su estrategia radica en haber sido capaz de romper con lo obvio y apostarle a un concepto fuera de moda, como la Patria, en contra de la recomendación de expertos internacionales.

“Partimos de esa ruptura con la concepción de que el pueblo también come de conceptos e ilusiones y estamos ayudando a que tenga mayor nivel de reflexión política, se empodere”, asegura este hombre que hizo sus pinitos políticos como publicista y relacionador público de la campaña presidencial de Abdalá Bucaram.

Respecto de la similitud de su eslogan con el del gobierno de Hugo Chávez (“Venezuela ya es de todos”), vigente desde antes de la presidencia de Correa, dice que es una coincidencia, al igual que lo podría ser que algunas de sus tácticas se acerquen a las de Goebbels. Por ejemplo, reunir a diversos adversarios en una sola categoría o individuo (partidocracia). Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan (la crisis es un arrastre de malos gobiernos).

Marketing, publicidad, comunicación

Alvarado también menciona el título de un libro que lo inspiró: De abajo hacia arriba: la táctica dicta la estrategia, de Al Ries, autor de otras obras como Posicionamiento: la batalla por su mente y Cómo utilizar principios militares para desarrollar estrategias de marketing.

Alvarado, quien tiene entre sus títulos los de comunicador social, publicista y especialista en marketing, sostiene que su estrategia publicitaria se divide en tres piezas: 1. Los comerciales de televisión para informar qué hace el Gobierno con la plata del pueblo, en los cuales ‘no aparece Correa’;  2. Los comerciales de contenido emocional, que buscan generar cambios de conducta, en los que sí aparece la imagen del Presidente; y, 3. La información sobre la visión del Gobierno, que incluye las cadenas, los enlaces radiales sabatinos, el periódico El Ciudadano (quincenal, por $ 4.000 cada edición) y la página web.

Refuta la cifra de $ 17 millones publicada por este Diario, basada en datos de Infomedia, y dice que en esta se incluyen instituciones como el Seguro Social y la Asamblea Constituyente, que no hacen parte del Gobierno; sin embargo, en esas propagandas, al final han aparecido eslóganes que siempre son  usados por el Estado como “La Patria ya es todos” o “La Revolución Ciudadana está en marcha (las tres últimas palabras  salieron del Municipio de Guayaquil, con el cual tiene confrontaciones)”.

Enlaces multimedia como forma efectiva de comunicación

Hugo Barber, director de la encuestadora Perfiles de Opinión, considera que precisamente los enlaces radiales y las cadenas televisivas constituyen las piezas “más efectivas” de la propaganda del Gobierno porque generan adhesión emocional y muestran a Correa como un presidente itinerante, pues acude a lugares diferentes cada semana, lo que transmite una sensación de cercanía.

“Es un fenómeno extraño porque la adhesión emocional es muy grande, pero la percepción de mejora no es muy alta según los grupos focales”, explica Barber, quien opina que los enlaces le dan una ventaja a Correa para promocionar a sus candidatos en cada campaña.

Aporte venezolano


Vinicio Alvarado dice que en la TV pública hay un aporte de 5 ó 6 millones de dólares de Venezuela y que está buscando convenios con los embajadores que lo visitan, a quienes les ha pedido ayuda para ver si aportan con el canal, con la radio. “No veo en eso ningún mito, un medio público significa que es de la sociedad...”, sostiene.

Inversión


También explica que la inversión del Gobierno Nacional en las propagandas que salen en los medios escritos es del 4%; el 71% es televisiva y el 23%, radial. Además, que en los medios televisivos el Estado obtiene el 70% de descuento en sus anuncios, porcentaje que cree no se reducirá en época de campaña electoral.

LAS AGENCIAS
21 de julio 2009. Diario Hoy publicaba: “Roldán Vinicio Alvarado Espinel fue reelegido por los accionistas de la agencia de publicidad Creacional S.A. como su presidente, el 6 de diciembre de 2006. Su nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 14 de ese mismo diciembre y un mes después, el 15 de enero de 2007, asumió las funciones de secretario general de la Administración Pública en el Gobierno de Rafael Correa. Según  los registros en la Internet de la Superintendencia de Compañías, Alvarado no ha sido relevado de su cargo.
Desde entonces, 2007, la agencia Creacional ha mejorado ostensiblemente sus estados  financieros. La referencia son sus pagos anuales de Impuesto a la Renta”.
LAS CIFRAS
Años 2003, 2004, la agencia Creacional de Vinicio Alvarado Espinel registró $0 como pago de su Impuesto a la Renta.
En 2005, fue de $13.216.
En 2006, no existe la declaración de Creacional.
En 2007, el pago del Impuesto a la Renta subió a $34.236.
El 2008 se dio un boom: $163.177, lo que representa un crecimiento de 1 000%.
La agencia Percrea, cuyo representante es Carlos Alvarado Espinel, hermano de Vinicio, el entonces Secretario de la Administración, también mejoró su renta en este Gobierno. Durante tres años: 2002, 2003, 2004, generó $0 tributos al Estado.
Pero en 2006 pagó $7.894
En 2008 tributó $43.585.
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/agencias-de-los-alvarado-suben-como-la-espuma-359232.html (Agencias de los Alvarado suben como 'la espuma', 21 julio 2009)

20 de octubre 2009. La revista Vanguardia denunció cómo la publicidad del gobierno ha sido captada por los hermanos Alvarado, con empresas legales y fantasmas, con socios semiocultos. Es el caso de la empresa de publicidad ‘Uma’. “El Diablo Uma está al reverso de la credencial de Laura Guerrero, la gerente general, y del creativo Orlando Vega. Muchas de esas tarjetas fueron entregadas, desde hace dos años, a los encargados de la comunicación de entidades adscritas al Gobierno. Uma absorbió discretamente la creación de publicidades, cambió de imagen y logos en ministerios e instituciones, hizo impresión de isotipos de miles de hojas, carpetas, tarjetas… También propagandas como Patria, Bandera, Socio Ahorro, pagos de impuestos en el SRI o campañas publicitarias para promocionar, por ejemplo, la Constitución. Un jerarca del régimen todavía recuerda que le pidieron ir a una agencia de publicidad para grabar un spot y cuando llegó lo dirigieron a las oficinas de Uma…
   Dos años exitosos para los negocios. Pero Uma, en el ámbito societario, no existe. No hay registros de esa compañía utilizada por los encargados de la publicidad del Régimen, como Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública, y Roberto Puga, subsecretario de Imagen y Publicidad. La que factura es Ilednym S.A., una firma guayaquileña cuyo objeto social es “la compra, venta, administración, corretaje, alquiler, permita y agenciamiento de bienes inmuebles”. Es lo que figura en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, cuyo número de expediente es 126474. Laura Guerrero también es allí la gerente general. Ella es una publicista cercana a Vinicio Alvarado, pues trabajó en Percrea, hasta el 2007, una de las prósperas empresas de los hermanos Alvarado. En efecto, Vinicio Alvarado y Carlos Alvarado figuran como socios accionistas de esa compañía en un documento interno de la Superintendencia del 31 de marzo del 2008 (que tiene Vanguardia); es decir, 15 meses después de que Vinicio Alvarado entrara a la Secretaría General de la Administración”.
En 2007, la empresa Ilednym pagó 7 198,99 dólares por Impuesto a la Renta. “Su crecimiento, al año siguiente, desafió cualquier manual de empresas exitosas, pues pagó 95 501,04 dólares al SRI”.
Ilednym tiene tres direcciones en Guayaquil y una en Quito.
Al marcar los números de Ilednym, la grabación dice: “Usted se ha comunicado con Uma Creativa. Si conoce…”.
“Un caso prueba que Ilednym y Uma son lo mismo. El 27 de septiembre del 2007, Nathalie Cely solicita a José Rosero, secretario Técnico de su ministerio, servicios de diseño e impresión de Portadas. El contrato de prestación de servicios llegó 24 horas después en una hoja con los logos de las dos empresas”.
En su declaración de bienes hecha en la Notaría de Samborondón, el 10 de enero 2007, “Vinicio Alvarado indica que tiene inversiones en tres empresas: Creacional, Edit Target y Adoquinex. Percrea no figura a pesar de que él aparece como socio, como ya fue anotado. En el mismo documento de 7 páginas, él declara un rendimiento en Creacional de 93 240,72 dólares en 2006. Esa empresa, más Adoquinex y Percrea, tienen la misma dirección. Según sus páginas web, están ubicadas en la calle Costanera nro. 611 y Las Monjas, en Urdesa. Ese es uno de los sectores exclusivos de Guayaquil, donde se han construido casas de grandes portones, en medio de anchas vías y parterres con jardines. Esos negocios están a dos calles de la casa de dos pisos de Vinicio Alvarado, en Bálsamos, que fue declarada al Notario de Samborondón, Fidel Insuaste”.
“Si se suman los impuestos, Creacional y Percrea pagaron al SRI 240 058,56 dólares en el 2008: el mejor año en su historia. ¿Cuánto representa esto en monto de negocios? Una cifra totalmente arbitraria, dada por una empresa publicitaria a Vanguardia, dice que 105.000 dólares de pago de impuesto a la renta representa una facturación de unos 24 millones de dólares”. (Vanguardia maneja las mismas cifras de impuestos que tiene diario Hoy porque fueron obtenidas en el SRI. En el 2008 Creacional tributó por $163.177).
“Vinicio Alvarado declaró como suyas a Adoquinex y Edit Target. De las dos, sólo Edit Target resucitó en el SRI, pues en la declaración juramentada ante notario, el Secretario General de la Administración declaró cero rendimiento en las dos. Edit Target, gerenciada por una ex empleada de Creacional, Stefanía Barquet, también ha recibido publicidad del Régimen. Lo prueba la factura 1208 emitida el 10 de de diciembre del 2008 al Ministerio de Coordinación de Desarrollo social por 1275 dólares. En esa factura aún consta el correo de Alex Camacho (acamacho@editarget.com), actual gerente de diario El Telégrafo, quien también trabajó con Vinicio Alvarado hasta junio del 2007.
   Esta empresa, que registró cero dólares de pago al SRI en el 2007, canceló 10 716,45 dólares en el 2008. También en este caso, la dirección que está en la factura difiere de la que tiene la Superintendencia de Compañías. Edit Target funciona en la Circunvalación Sur nro. 219, según sus datos. En el organismo de control está en la misma vía pero en el número 6. Edit Target reserva otra sorpresa. Su sede también es la de Generamedios, creada el 23 de junio del 2008 e igualmente gerenciala por Stefanía Barquet. Esas dos empresas editan tres medios: El Oficial, Cosechando y Mujeres 365. La factura que pagó el ministerio de Coordinación de Desarrollo Social fue por un aviso publicado en Mujeres 365…”
“La publicidad, como la política son, al parecer, asuntos de familia entre los Alvarado. El 17 de junio del 2008 se constituyó en Guayaquil la firma Edecer. El hijo de Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia, José Francisco, es el gerente general de esa empresa que tiene como objeto social actividades publicitarias. Su número de expediente en la Superintendencia de Compañías es 131159. Edecer es la cara comercial de Radio Sonido 93.5 FM, un medio que fue gerenciado por Fernando Alvarado desde 1998 hasta el 2007… esa empresa, que se constituyó en Guayaquil pero que funciona en Quevedo, pagó al SRI, en su primer año de funcionamiento, 2 848,12 dólares”.
“El Secretario de Comunicación de la Presidencia, Fernando Alvarado, trabajó también  como consultor en Axis hasta 2007”. Según una denuncia de Jaime Solórzano, ex ejecutivo de Invermun, Axis es una empresa de relaciones públicas pertene­ciente a los primos Vinicio Alvarado Espinel y Luis Monge Espinel, pero en otras ocasiones dice que es de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado. Esta confusión en el dato sucede  porque, según Vanguardia, “Axis no aparece en los registros de la Superintendencia de Compañías. No obstante, la oficina de Guayaquil, el local 120 del Centro Comercial Albán Borja, es rentada a Luis Monge Espinel, actual Jefe Político de Guayaquil y primo de los Alvarado”.
http://es.scribd.com/doc/54293112/Revista-VANGUARDIA-211-Los-negocios-de-los-Alvarado-octubre-2009 (Los negocios de los Alvarado. Revista Vanguardia. 20 de octubre 2009)

LAS CUENTAS DE LOS ALVARADO
29 de octubre 2009. Ante una denuncia de Jaime Solórzano Ycaza que trabajaba en Invermun, una empresa que operaba juegos de azar electrónicos, e hizo denuncias en contra de Vinicio Alvarado, la Contraloría realizó una ‘acción de control’ a los bienes del secretario de la Administración Pública (a esa fecha), Vinicio Alvarado, y al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Los resultados constan en un informe de esta fecha detallado en la nota ‘Así se cayó Invermun’ publicada en la revista Vanguardia el 6-12 de diciembre 2010.
“En el caso de Fernando Alvarado se realizó una revisión desde el 6 de noviembre del 2007, cuando ingresó a la Presidencia, hasta el 21 de julio del 2009, cuando presentó la declaración de bienes actualizada. Él, según la Contraloría, recibió 95 073, 15 dólares de salarios y viáticos… acreditados en cuentas de dos bancos, una del Banco de Guayaquil y otra del Bolivariano… (además tiene) una en el Banco del Pacífico… En el período auditado recibió depósitos y transferencias por 876.409 dólares. Lo que hace, según la Contraloría, una diferencia de 781.336 dólares, descontando sus remuneraciones… (la diferencia en los ingresos fue porque) se detectaron depósitos de cobros de facturas de la Radio Sonido, pagos de préstamos que él otorgó, depósitos familiares…”
“En el caso de Vinicio Alvarado la Contraloría revisó su patrimonio en el período comprendido entre el 10 de enero del 2007 y el 22 de septiembre del 2009… recibió por remuneraciones y viáticos 144.554 dólares que fueron depositados en la cuenta corriente del Banco de Guayaquil… en las 13 hojas de la verificación preliminar se concluye que ha movido dinero en cuatro cuentas bancarias. No ofrece un total pero los depósitos suman 783.055 dólares.
En su caso, la Contraloría también verificó el origen de los depósitos. Y constan ingresos de la empresa (de publicidad) Creacional, de su esposa por su empleo en esa compañía y de familiares…”
“En los dos casos, los auditores de la Contraloría concluyen que no existen hallazgos importantes que ameriten la ejecución de un plan especial”.
“Otro de los documentos de descargo es un informe de la Secretaría de Transparencia de Gestión, del 10 de marzo del 2010, en la época de José Serrano, ahora Ministro de Justicia. Ese fue un análisis solicitado por Vinicio Alvarado luego de una publicación de diario Hoy, del 21 de julio del 2009, acerca del crecimiento de Creacional y Percrea. La petición fue recibida en la Secretaría el 5 de octubre del 2009.
Sobre Creacional, dice el análisis, registró incremento en un 54% en sus ingresos antes del gobierno actual. Y acerca de Percrea el aumento se presentó en el 2005 en un 142%... La conclusión: el archivo del caso”.
http://es.scribd.com/doc/230314734/informe-invermun#scribd (Así se cayó el caso Invermun. Revista Vanguardia. 6-12 de diciembre 2010)

JUEGOS PELIGROSOS
Diario Expreso publicó el 14 de junio 2009 una serie de artículos que denunciaban que Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael, había recibido del Estado contratos por unos 80 millones de dólares (que después subieron a 180 millones) y al interior del gobierno se dio un enfrentamiento que incluyó otras denuncias en contra de altos funcionarios del círculo íntimo del presidente, como los hermanos Alvarado, y también tocaron a su hermana. La revista Vistazo decía entonces en su artículo ‘Relaciones azarosas’: “Hábil jugada de Fabricio Correa: pasa de denunciado a denunciante al apoyar la versión según la cual miembros del equipo de Gobierno recibieron pagos de una casa de juegos de azar ilegal. El efecto carambola llegó a su hermana Pierina, cuya campaña a  la Prefectura habría recibido apoyo de esta firma”.
‘Los juegos peligrosos’ comenzaron a conocerse en octubre 2009, pero los juegos de azar se convirtieron en tema político –publicitario- de moda, desde octubre 2007, cuando el presidente Correa amenazara con “triturar” las máquinas de azar ilegales en el país. 
Se había convertido en un negocio ilegal por una norma legal que propició la corrupción. Una nota de la revista Vistazo explicó: “La normativa nacional reconoce a los casinos, establecimientos que funcionan en hoteles cinco estrellas, que requieren una inversión mínima de cuatro millones de dólares y cumplen con estándares de calidad turística internacional. Además, las casas de juego (bingos mecánicos) y los hipódromos.  
Al no haberse regulado la figura de las casas de máquinas tragamonedas en sitios distintos a los hoteles cinco estrellas, empezó un esquema de corrupción: éstas funciona­ron gracias a amparos consti­tucionales emitidos por jueces de dudosa actuación.
Aquí unas revelaciones que el diario Hoy publicó: "El rey de las tragamonedas" que conquistó el Ecuador”.
Félix Rosenberg Guttman es conocido como "el rey de las tragamonedas" en el Perú. Este empresario peruano de origen judío, quien no gusta de sus juegos de azar, es el más grande operador de casas de juego en ese país y no solo ahí. Ha extendido su negocio a Bolivia, Ecuador y Colombia, pero el sistema que aplica para abrir el paso a la operación de sus tragamonedas es el mismo, sin importar las fronteras.
En Perú, por ejemplo -y al igual que en Ecuador- los recursos de amparo son su arma  efectiva. La revista Caretas, en una edición de septiembre de 2006, revela que 519 locales de tragamonedas funcionan gracias a los amparos concedidos. No solo eso. Según la misma publicación, los negocios de Rosenberg evaden el pago de los impuestos al juego que en ese país rigen desde 1999. "Para evadir las autorizaciones y los impuestos, los operadores han conseguido el blindaje del Poder Judicial. La deuda tributaria alcanza los 261 millones de soles (alrededor de 60 millones de dólares) y el 72% no se puede cobrar por los amparos", dice el reportaje.
Rosenberg se ha defendido y ha dicho que "si no pagamos impuestos, la Sunat (ente que  cobra impuestos) puede cerrarnos. Que no se diga que no pagamos".
En nuestro país, el encargado del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, también presumió una evasión en el pago del impuesto a la renta y reveló que Invermun no paga el ICE (Impuesto a los consumos especiales), gracias al amparo de un juez en Tosagua. "El fallo estableció que no está sujeto a este impuesto, debido a que no son juegos de azar, sino juegos de destreza. Es un absurdo".
Otra coincidencia resulta en que los amparos presentados por las empresas de Rosenberg,  siempre son en ciudades pequeñas. Una publicación, en Bolivia, califica a Rosenberg como "el rey de los amparos". "Abrir un negocio detragamonedas evadiendo el pago de  impuestos y el control de autoridades no es difícil en el mundo de los salones de juego", dice el diario Crítico de Boliva.
Una última coincidencia: en Perú, el presidente Alan García dijo que "mi gobierno está en contra de convertir a la patria en una suerte de tragamonedas". En Ecuador, Rafael  Correa dijo que mandaría a "triturar" estas máquinas. Pero en ambos países, Rosenberg  sigue jugando sus fichas.
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-suerte-de-invermun-se-agota-374674.html
Continúa la nota de Vistazo: el 15 de noviembre de 2008, en Machala, el fiscal de Misceláneos realizó un opera­tivo sorpresa para clausurar las salas de máquinas y juegos de azar ilegalmente establecidas. Solo en esa ciudad operan seis establecimientos. Sin embargo, la noche del operativo no se presentó el Intendente de Policía, quien se encontraba en una reunión política de Alianza PAIS. Durante el allana­miento, las autoridades incautaron un sobre cerrado con la leyenda: “Para el Intendente” y con 700 dólares en su interior.
El funcionario salió de su cargo tres días después del hallazgo. Hoy es asesor de la Directora provincial del Ministerio de Inclu­sión Social y Económica, MIES, en El Oro, y es activo militante del oficialismo. Ante la prensa local, él negó cualquier vinculación con las casas de juego irregulares”.
A la fecha que el presidente Correa hiciera el anuncio de “triturar las máquinas”, Jaime Solórzano Ycaza trabajaba en Invermun, una empresa que operaba juegos de azar electrónicos en el país. Sus amigos Víctor Lescano y Félix Rosemberg, directivos de esta empresa le dieron trabajo allí, donde durante tres años ocupó sucesivamente los cargos de asistente de Marketing, jefe de seguridad y transporte, coordinador de la sala de juegos Miami en Guayaquil y jefe de Marketing. Salió el 6 de julio 2009, bajo la figura de ‘visto bueno’ (despido), por problemas con los directivos de Invermun. En 1997 estuvo preso por ‘apropiación indebida’ y en este 2009 enfrentaba un juicio por ‘abuso de confianza’.
Según Vistazo, “En Ecuador Invermun es investigada por presunto lavado de activos desde 2008. Tiene 84 salas de juego y más de 5.000 máquinas. Pese a sus ingresos, como Impuesto a la Renta pagó 22.696 dólares en 2007; y 21.601 dólares en 2008, según el Servicio de Rentas Internas, SRI.
Al menos 100 empresas podrían estar relacionadas con esta firma, muchas de ellas, compañías de papel para eludir el pago de impuestos. Entre ellas, Globexpsa, que instalada en la Zona Franca de Manabí ensambla y fabrica máquinas electrónicas, aunque formalmente declara que trabaja en la rama textil.
La proyección de rentabilidad de Inver­mun en el país para los próximos 15 años es 520 millones de dólares, según el correo elec­trónico que Jaime Solórzano habría enviado el 23 de julio (2009) al ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y al hermano del Presidente, Fabricio Correa.
En diálogo con Vistazo, Solórzano explicó que dos semanas después de su despido envió un correo electrónico a Ricardo Patiño (ex compañero del colegio Cristóbal Colón), a Alexis Mera y a Fabricio Correa. En ese mensaje, Solórzano habría adver­tido que Invermun “ilegalmente manipula con autoridades que reciben dinero”. Los dos primeros no contestaron, Fabricio Correa sí y se abrió el camino para la denuncia.

22 de septiembre 2009. Solórzano fue a la Notaría  38 de Guayaquil para hacer una denuncia de soborno de la empresa Invermun a los hermanos Alvarado Espinel (Vinicio, Fernando y Carlos), a su primo, el jefe político de Guayaquil, Luis Humberto Monge Espinel; al también asambleísta Juan Carlos Cassinelli, cuyo estudio jurídico ase­soraba a Invermun, entre otros”.
En una parte de su declaración difundida por diario Hoy, Solórzano dijo: "Yo, en persona, y en la oficina de Víctor Lescano, gerente de Invermun, entregué dinero a Vinicio Alvarado en un sobre manila. Le di $10 mil en billetes. Eso ocurrió una sola vez a él y otra vez al hermano Fernando". http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/sri-abrio-un-expediente-en-contra-de-la-empresa-invermun-462209.html  (Hoy. 4 de marzo 2011.)
Sobre Fernando Alvarado agregó algo que está anotado en Vistazo. “Habría sido el asesor  de crisis de la firma de tragamonedas, en noviembre de 2007, un mes después de que el presidente Correa anunciara triturar a las máquinas de azar ilegales del país. Como prueba, Jaime Solórzano exhibe la copia de un correo electrónico, fechado en octubre de 2007, en el que se pide el pago de la factura a favor de Axis (la empresa de relaciones públicas de los Alvarado) por parte de la empresa Invermun.

12 de octubre 2009. Fabricio Correa dio lectura a esta declaración juramentada de Solórzano, en la Asamblea Nacional donde estaba toda la prensa y fue un escándalo. Los hechos se detallan en la crónica: ‘Un peón de Fabricio Correa sacudió el tablero’, publicada en el diario El Comercio. En  el  tablero  político  y  familiar del Gobierno se juega una partida complicada.    Fabricio Correa utilizó a un peón desconocido  para poner en jaque a funcionarios cercanos a su hermano menor, el  Presidente de la República.          
Jaime Solórzano Ycaza, un personaje hasta entonces anónimo,   que laboró por tres años en la empresa Invermun, fue el encargado de mover las fichas del  juego. Así evidenció  una supuesta red de sobornos a funcionarios públicos y   de financiar a ex candidatos del movimiento de Gobierno. 
Su figura, que evidencia un sobrepeso, se paseó esta semana por los sets de televisión y  fue noticia de primera plana, con documentos supuestamente conseguidos en  la empresa,  para la que  laboró hasta julio pasado.
Citó entre los supuestos beneficiarios a los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado Espinel, secretarios de la Administración Pública y de Comunicación, respectivamente, entre otros.
La presunta entrega de dinero, según Solórzano, tenía como finalidad la protección de las operaciones de las 84 salas de juegos con máquinas tragamonedas que la firma, de origen peruano,  maneja en seis provincias del país. 
Esos negocios no están regulados por el Ministerio de Turismo ni por el de Gobierno. No son considerados un servicio complementario de los hoteles de lujo.
Esa misma denuncia la hizo el12 de octubre  Fabricio Correa en los medios y en la  Comisión de Participación de la Asamblea.  Allí presentó dos declaraciones juramentadas  que Solórzano le entregó sobre la presunta entrega de coimas. Pero Correa no midió que  las acusaciones salpicarían a su hermana Pierina.
http://www.elcomercio.com/noticias/peon-Fabricio-Correa-sacudio-tablero_0_140386061.html  (24 octubre 2009).
En denuncias posteriores Solórzano destapó el apoyo financiero a la campaña de la hermana del Presidente, Pierina Correa, a la Prefectura del Guayas, postulación que no logró en las urnas. En entrevista con Vistazo, Víctor Lescano, gerente general de Invermun, la casa de juegos de azar, ase­guró: “Yo sí reconozco (sobre la contribución a la campaña de Pierina) porque realmente en primer lugar no ha sido un aporte exube­rante… no recuerdo el monto, creo que no llega a 700 u 800 dólares… no recuerdo si fueron camisetas o banners, una cosa así… lo que pasa es que yo antes de que ella esté en la campaña la conocí… personalmente ella y yo fuimos a muchos pueblos en la época de las inundaciones, yo llevé medicinas y a un médico y ella también ayudaba a toda esa gente mediante su Fundación Abriendo Caminos”. Y recalcó que únicamente se refe­ría al aporte a la campaña de la hermana del Presidente, y no a otros funcionarios guber­namentales afines a Alianza PAIS…
Pero Solórzano dijo “que recibió órdenes superiores para concretar dona­ciones de  camisetas, mochilas, tazas, vasos, afiches y abanicos para promocionar candi­daturas del oficialismo. Solórzano nombra, además de Pierina Correa, a Daniel Avecillas, alcalde de Yaguachi; Julio César Quiñónez, intendente del Guayas; y Gastón Gagliardo candidato a asambleísta.
Los aludidos por las denuncias negaron haber recibido favores, y peor aún, haber asumido compromisos para permitir el funcionamiento de estos lugares ilegales. Pero Solórzano mostró a Vistazo un jarro, un vaso, una mochila y varios abanicos con la impresión de Pierina Correa candidata a prefecta...”
28 de octubre 2009. Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente de la República, y el ex gerente de Invermun, Jaime Solórzano, asistieron ayer juntos a una comisaría de Policía.
Este último debía rendir una declaración en base a una citación, bajo el cargo de propagación de rumores falsos, en relación a sus denuncias sobre sobornos de la empresa a funcionarios públicos para que permitan la operación de sus negocios de casinos.
César Cabrera, comisario sexto de Policía Nacional, no cumplió con la diligencia por la  ausencia de Víctor Lescano, actual directivo de la empresa y principal cuestionado.
Solórzano se abstuvo de emitir comentarios. Sin embargo, Correa calificó de sospechosa  la acción de la Comisaría por actuar con rapidez para convocar a Solórzano. Dijo que el comisario es cuota de una asistente del gobernador Roberto Cuero. Pidió que se compare la agilidad del funcionario con otras acciones donde le haya tocado actuar.
Correa denunció que en la Gobernación de Guayas manda Luis Monge, actual jefe  político, y uno de los acusados de recibir beneficios para mantener abiertos locales de tragamonedas.
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/950839/-1/%E2%80%98Quieren_callar_a_Sol%C3%B3rzano%E2%80%99_.html
27 de septiembre 2010. El denunciante del supuesto funcionamiento de una red de corrupción para autorizar la operación de casinos administrados por la empresa Invermun en Guayaquil, Jaime Solórzano, fue acusado ayer por la Fiscalía del delito de ofensas con amagos o injurias a ministros, diputados, magistrados, jueces o gobernadores.
Se abstuvo de acusar a Fabricio Correa, hermano del mandatario Rafael Correa, quien hizo pública esa denuncia ante la Comisión de lo Económico de la Asamblea, cuando leyó la declaración juramentada suscrita por Solórzano, ex ejecutivo de Invermun, y en la que este afirmaba que Invermun dio comisiones a varios funcionarios del Gobierno, entre ellos Vinicio Alvarado, secretario de la Administración, a quien dijo haber entregado personalmente $ 10 mil, a nombre de la empresa. http://www.eluniverso.com/2010/09/28/1/1355/fiscal-acusa-solorzano-ofensas-funcionarios.html
15 de octubre 2009. Vinicio y Fernando Alvarado Espinel presentaron una denuncia ante el Fiscal de Pichincha, en contra del denunciante Solórzano, alegando haber sido víctimas de ‘injuria calumniosa’. Para defenderles estuvo el secretario jurídico de la presidencia de la república, Alexis Mera, quien enviaba sus escritos en papel con el logo de la misma presidencia de la república. Según la denuncia de los hermanos Alvarado, la primera  víctima de la injuria proferida por Solórzano es “El Estado ecuatoriano, pues (…) se ha buscado causar conmoción social e inestabilidad política a través de infundadas acusaciones en contra de funcionarios públi­cos”. A Mera se sumaron como patrocinadores otros seis abogados de la Secretaría Jurídica del Palacio de Carondelet.
19 de octubre 2009. “Solórzano confirmó que durante los tres años que trabajó en cargos gerenciales en Invermun, evidenció como se coimaba a funcionarios públicos para que las salas de azar que maneja la empresa en el país puedan operar sin trabas.
Dijo que personalmente entregó un sobre con dinero a Vinicio Alvarado, Secretario de la Administración Pública”, informó Ecuavisa.
18 de noviembre 2009. Mientras se movían las acciones de defensa de los involucrados  en el supuesto soborno, el denunciante Jaime Solórzano no era atendido en sus peticiones a la fiscalía. Este 18 de noviembre había enviado al fiscal general Washington Pesántez, un escrito solicitando 18 diligencias que no se realizaron, según su abogado defensor Joffre Campaña.
21 de mayo 2010. En la audiencia de formulación de cargos, la defensa de Solórzano insistió en su pedido de varias acciones, entre esas, que se recepten versiones de los relacionados con el caso, el peritaje de la computadora portátil de Solórzano y se investiguen las cuentas corrientes y de ahorro (de los Alvarado había el informe de la Contraloría), transferencias al exterior, consumos de tarjetas de crédito, nivel de vida, etc., de los denunciados. A criterio del abogado Campaña, clave era el peritaje de la computadora de Solórzano donde estaban los correos electrónicos y la investigación de las cuentas bancarias de Invermun, de Félix Rosenberg y Alexander Rosenberg. “Solórzano dice que allí están las pruebas de su denuncia porque se encontrarían los cheques con los cuales se pagaba a las empresas de Vinicio Alvarado”. (Datos de Vanguardia, en nota titulada: Así se cayó el caso Invermun. 6-12 de diciembre 2010).
28 de septiembre 2010. La Fiscalía coincidió con los demandantes Fernando y Vinicio Alvarado, secretario de Comunicación y de la Administración Pública respectivamente, así como con el asambleísta de Alianza PAIS, Juan Carlos Cassinelli, y este día acusó a Jaime Solórzano del ‘delito de injurias y ofensas’. Pero la Fiscalía se abstuvo de acusar a Fabricio Correa, el lector de la denuncia pública.
Argumentos de los abogados: según el abogado Antonio García defensor de los hermanos Alvarado, el escrito de Jaime Solórzano que contiene las supuestas denuncia injuriosas contra sus clientes, es un documento privado que no fue protocolizado, pues el notario al que asistió el denunciantes solo dio fe de la autenticidad de la firma. Joffre Campaña, abogado de Solórzano, en cambio, sostuvo que el delito prescribió.
3 de septiembre 2012. El Universo informaba: “Fabricio Correa, luego de la rueda de prensa que diera, denunciando la presunta intención de la Fiscalía General del Estado de apresarlo en represalia por sus denuncias de corrupción en el Gobierno, publicó en su página web documentación y declaraciones de Jaime Solórzano, exgerente administrativo de Invermun.
Fabricio sostiene, en su página web, que Vinicio Alvarado, secretario de la Administración, armó desde Carondelet las estrategias jurídica y publicitaria para reabrir las salas de juego de Invermun, luego de cinco oportunidades en que fueron cerradas por las autoridades. Y exhibe la versión de Solórzano ante la Fiscalía, presentada el 30 de octubre del 2009, así como copias de supuestos correos electrónicos en los que se probaría que empresas de los hermanos Alvarado trabajaron para Invermun.
Estas pruebas, dice Fabricio, no fueron tomadas en cuenta por la Fiscalía y la semana pasada, Solórzano fue sentenciado a tres meses de prisión por el delito de ofensas a funcionarios públicos”.

EL NEGOCIO DEL HEREDERO
Diario El Universo estaba investigando al chofer de José Alvarado, hijo del secretario nacional de comunicación, Fernando Alvarado, quien aparecía como socio fundador de la empresa Vialmesa que tiene el "monopolio" del transporte de la urea que el gobierno distribuye en el país. Por ética y para precisar datos, el diario envió a José Alvarado un correo electrónico solicitándole una entrevista. El 20 de mayo 2012 respondió al correo: "Estoy copiando este correo a mi padre, porque estoy seguro que ustedes (diario El Universo) tratarán de generar suspicacias, intenciones claramente detectables en sus preguntas".
El Universo hizo público esta “intimidación” y siguió adelante con el tema que se publicó en una serie de varios artículos. En el primero publicado el 29 de mayo 2012 con el título “BNF y UNA contrataron por $ 4,1 millones a vinculados con Vialmesa”, hizo las siguientes revelaciones:
Camilo Jalca Villegas, un manabita de 44 años, vive en la Cooperativa Unidad Nacional, de la populosa ciudadela La Florida, al noroeste de de Guayaquil. Su casa es de tres pisos, pero modesta. Tiene los bloques a la vista y las ventanas solo con rejas.
Jalca es chofer de José Alvarado Echeverría, de 24 años de edad, hijo de Fernando Alvarado, el secretario nacional de comunicación. Resulta incomprensible que viva tan modestamente siendo un empresario que hace negocios millonarios. Según El Universo, Jalca es uno de los tres socios fundadores de Vialmesa S.A., la empresa que ha acaparado todos los contratos de transporte de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) por un valor total de $ 3,3 millones, desde noviembre del 2010 hasta el 16 de mayo del 2012.
De acuerdo con las declaraciones de impuesto a la renta, Jalca Villegas ha trabajado desde el año 2008 en la empresa Edecer S.A., que pertenece a José Francisco y Fernando Andrés Alvarado Echeverría, hijos de Fernando Alvarado y Betty Echeverría Morla, la madre. José Francisco es gerente y representante legal de esta empresa.
Creada en junio de 2008, Edecer se dedica a la publicidad, pero el 1 de diciembre del 2011 matriculó un tráiler Mack del 1988. La Superintendencia de Compañías la declaró en inactividad en febrero pasado.
Reportes de esa compañía al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social señalan que el sueldo mensual de Jalca Villegas fue de $ 278 en enero del 2009 y $ 352 en enero del 2011.
Jalca aparece como el accionista mayoritario en el acta de constitución de Vialmesa, fechada el 15 de marzo del 2010, con $ 272 en acciones. Le siguen Luis Villavicencio Segovia y Carlos Antonio Mendoza Fernández, con $ 264 cada uno. En total $ 800.
Contaban con un informe favorable para la constitución de la empresa, emitido en febrero del 2010 por el entonces director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Ricardo Antón Khairalla.
El 5 de abril de ese mismo año (2010), José Alvarado Echeverría abrió un RUC, cuya actividad es la de “transporte de carga por carretera”. Y cuatro días más tarde, el 9 de abril (2010), Vialmesa obtuvo su registro de constitución en la Superintendencia (de Compañías).
Jalca actuó como secretario de la junta de accionistas de Vialmesa que designó a Villavicencio como el gerente. En agosto del 2010 vendió sus acciones a Villavicencio. Para ese entonces, la empresa ya contaba con un tráiler Kenworth del 2011, valorado en $ 140.000.
Ahora, la compañía tiene un capital de $ 140.000. Y en un año ha acumulado 18 tráileres de primera mano. El valor de esta flota, según las matrículas, asciende a $ 1,9 millones.
En 4 de agosto del 2010, Jalca vendió sus acciones a Villavicencio. Días después, Vialmesa registró su página web. Ese dominio está a nombre de la empresa Engitech, ubicada en el mismo edificio de Arkae, compañía de Humberto Alvarado Espinel, en el centro comercial La Tienda Dos (frente al Albán Borja). No obstante, estas firmas no tienen relación accionaria.
El 18 de octubre del mismo año (2010), Antón otorgó el permiso de operación a Vialmesa (para transporte). Al día siguiente, por un acuerdo (de emergencia) emitido por Ramón Espinel (ministro de agricultura), la UNA abrió su primera subasta inversa en el portal de Compras Públicas. Vialmesa presentó su oferta, fue la única concursante y ganó.
Desde entonces, Vialmesa ha acaparado todas las subastas inversas de la UNA y ha ganado $ 3,3 millones en contratos.
Jalca dio una entrevista a EL UNIVERSO en su casa, la noche del 10 de abril pasado (2012). Cuando se le preguntó sobre la constitución de Vialmesa señaló: “Yo no le puedo decir mayor detalle ni el mínimo. Yo no tengo nada que decir. ¿Qué le voy a decir? Que la empresa se creó así, no sé”.
Luego relató que es el chofer personal de José Alvarado Echeverría, que conoce a la familia Alvarado desde muchos años al igual que a sus ex socios y que Martín Echeverría Morla, cuñado de Fernando Alvarado Espinel, también tiene vínculos con Vialmesa.

Otros vínculos familiares
Este Diario había visitado la mañana de ese mismo día los patios de Vialmesa, ubicados a la altura del km 25 de la av Perimetral de Guayaquil y que alquila a la Cooperativa de Transporte Pesado de Carga “Dídimo Arteaga Vera”.
Ahí estaba Martín Echeverría Morla, arreglando su cabezal Kenworth amarillo, de placas GLE-549, matriculado a nombre de Eculinexpo, una exportadora de madera de la que fue accionista hasta el 2010, pues ahora tiene como socios a dos ciudadanos de la India.
Se le preguntó a Echeverría por su sobrino José Francisco, y como este no se encontraba en los patios, Echeverría lo llamó desde su celular. Mientras esperaba en la línea y consultado acerca de la relación entre José Francisco Alvarado y Vialmesa, Echeverría dijo que este tenía acciones en los camiones de la compañía.
Tras saludar con su sobrino, pasó su celular al periodista de este Diario, quien le explicó que El Universo preparaba un reportaje acerca de los contratos públicos con Vialmesa y quería entrevistarlo.
Alvarado Echeverría negó que él tuviera acciones sobre esos camiones, dijo que su tío tiene un camión en esa empresa y negó la entrevista.
Echeverría Morla indicó entonces que él no podía dar declaraciones pues solo da mantenimiento a los vehículos de Vialmesa y que se debía conversar con el gerente de la compañía, Luis Villavicencio.

Relaciones más profundas
No obstante, las relaciones entre (Martín) Echeverría Morla y Vialmesa son más  profundas.
Su esposa Mercedes Coto Randich trabaja para esta empresa y su hija Alejandra  Echeverría Coto también lo hizo por algunos meses en el 2011. Coto incluso aparece en un aviso de Vialmesa en la revista de la Cámara de Comercio de Guayaquil de agosto del 2011, con una dirección de correo electrónico de esa compañía.
El Universo le envío el pasado 14 de mayo un mail a su correo personal, incluido en una cotización de su esposo para el Programa de Provisión de Alimentos, con miras a mantener una entrevista con ella y con su cónyuge, y su respuesta fue que enviaría una carta al Diario; la misma que llegó al día siguiente.
En esta misiva Coto se pregunta “¿Por qué ciudadanos comunes y corrientes, que estamos  en actividades privadas, en mi caso, con relación de dependencia, tendríamos que darle una entrevista a un medio de comunicación? ¿Para qué? No entiendo”.
Y añade que “sobre el servicio que prestó mi esposo al Banco Nacional de Fomento, creo  que debería dar alguna explicación, solo en caso que hubiera faltado a su contrato”.
En efecto, Echeverría mantuvo contratos de transporte con el BNF, al igual que Mendoza. Lo adjudicado a ambos asciende a $ 3,4 millones.
Asimismo, la UNA contrató varias veces a Mendoza por un total de $ 627 mil. Todo ello ocurrió antes de que se cree Vialmesa.
Carlos Mendoza Fernández (que luego se convirtió en socio de Vialmesa) también participó en subastas del BNF.
Entre mayo del 2009 y mayo del 2012, Vialmesa y personas cercanas a la empresa recibieron $ 7,4 millones en contratos de la UNA y el Banco de Fomento.
El gerente de Vialmesa, Luis Villavicencio, reconoció ayer la participación del hijo de Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, en la conformación de esta compañía que ha acaparado todos los contratos para el transporte de úrea desde el 2010, por $ 3,3 millones.
“Él (José Francisco Alvarado Echeverría) prestó servicios bajo contratos que tenemos debidamente legalizados; él estudia Leyes, él nos sugirió cómo conformar la compañía, pedir asesoría a la Price (consultora privada), nos fortaleció en la infraestructura de la compañía”, señaló durante una rueda de prensa en la que además confirmó los vínculos que Vialmesa tiene con otros parientes de Alvarado Espinel.
Vialmesa no solo contrató al hijo de Fernando Alvarado. También le da trabajo a su cuñado, Martín Echeverría, quien se encarga del mantenimiento de los vehículos. En Vialmesa, además, labora Mercedes Coto de Echeverría, concuñada del titular de la Secom.
Según Villavicencio, Jalca prestó su nombre para ponerlo en lugar de Pedro Mendoza, hermano del accionista Carlos Mendoza, quien no podía ser socio porque constaba como deudor en la Central de Riesgos.
El secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado Espinel, hermano del secretario nacional de Comunicación, minimizó ayer el caso de Vialmesa. “No he visto ninguna denuncia, es un chisme mal planteado, un chisme feísimo”, dijo ayer, en Carondelet. “Los socios, los accionistas (de la empresa Vialmesa) ya han respondido...”, manifestó.
Mientras que en su cuenta de Twitter, Fernando Alvarado escribió: “Saludos, c/día sabemos q nos enfrentamos a perros, algunos rabiosos y sarnosos. Tanto papel para no firmar aunque sea 1denuncia n fiscalía!” (sic).
En la Fiscalía General del Estado indicaron que hasta la tarde de ayer no se abría ninguna indagación por este caso. El lunes pasado, el asambleísta Galo Lara planteó una denuncia por peculado.
La serie de El Universo incluyó los siguientes artículos:
http://www.eluniverso.com/2012/05/28/1/1355/vialmesa-monopoliza-transporte-estatal-urea-pais.html  (Vialmesa monopoliza el transporte estatal de úrea en el país. 27 mayo 2012).
http://www.eluniverso.com/2012/05/28/1/1355/dio-contratos-directos-un-socio-vialmesa-2009.html.  (La UNA dio contratos directos a un socio de Vialmesa en el 2009. 27 mayo 2012).
28 mayo 2012).
http://www.eluniverso.com/2012/05/29/1/1355/bnf-tomo-49-dias-respondio-pedido-acceso-informacion.html  (BNF se tomó 49 días y no respondió a pedido de acceso a la información. 28 mayo 2012).

CONTRALORÍA ENCONTRÓ ALGUNAS IRREGULARIDADES EN LA SECOM PERO NO PASÓ NADA
6 de septiembre de 2016. Diario El Comercio publicó la nota: ‘Fernando Alvarado dice que el informe de la Contraloría sobre la Secom aún no establece responsabilidades’, en la que narra los hechos que resumo:
“La Contraloría General del Estado realizó observaciones al manejo de recursos públicos en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (Secom), entre agosto de 2013 y agosto de 2015”.
En “la Secom se utilizaron "recursos públicos para promocionar" a candidatos políticos, "inobservando los artículos 223 de la Constitución; párrafo cuarto del artículo 219 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, que señala que se prohíbe a los servidores, servidoras, organismos o instituciones públicas, la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos…”
“Se suscribieron 900 convenios de pagos, entre agosto de 2013 y agosto de 2015, por cerca de USD 5 millones, "sin considerar que los mismos debían ser por excepción”…
“Se suscribió un contrato por USD 107 000 para la producción y realización de videos, coberturas, investigación periodística y capacitación… con una empresa cuyos accionistas tenían primer grado de consanguinidad con el Asesor del Despacho de la Secom”…
Contrató “una productora para documentales, cadenas y reportajes por USD 189 000: ‘La Asesora de la Subsecretaría Nacional que elaboró y revisó los términos de referencia, también recomendó la contratación directa de la compañía (...) y el Subsecretario Nacional de Comunicación adjudicó la misma, sin considerar que el accionista de esta compañía tiene parentesco en segundo grado de consanguinidad con el Subsecretario de Medios Institucionales”…

En un comunicado, Fernando Alvarado señaló que "mientras no se agoten todas las instancias del debido proceso conforme a la ley, mientras los involucrados no seamos juzgados y, la Contraloría no dictamine de manera final; no es legal ni correcto dañar o perjudicar la honra, o el buen nombre de ningún ciudadano".
Y no pasó nada.

LOS NEGOCIOS DE COMUNICACIÓN Y EL DISFRUTE EN LOS CANALES DEL ESTADO

Con el cambio del gobierno de Correa, al de Moreno, se destaparon las coimas, los negocios y despilfarros de los hombres fuertes del Estado, entre ellos, la familia Alvarado y vean lo que hasta el momento se ha descubierto, según estas notas completas que reproduzco:

‘Los hermanos Alvarado, en la mira de la Fiscalía’.
Un informe de supuestos movimientos “inusuales” de la Unidad Análisis Financiero y Económico (UAFE) sería la razón.
EL EXPRESO. 31 ENE 2018
Una investigación por supuestos movimientos “inusuales” de los hermanos Vinicioy Fernando Alvarado ha iniciado por parte de la Fiscalía General del Estado este miércoles 31 de enero.
Según la institución, recibió un informe de la Unidad Análisis Financiero y Económico (UAFE) “relacionado a dos exfuncionarios públicos con fuero de Corte Nacional” de Justicia.
Fernando Alvarado fue exsecretario de Comunicación del gobierno de RafaelCorrea, y Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración Pública.
Medios televisivos como Teleamazonas, Ecuador Tv y Gamavisión divulgaron la noche de ayer, martes 30 de enero, dicho informe que expuso presuntos envíos al exterior (Chile, Argentina, Namibia, Irlanda, Estados Unidos y Singapur) por $ 4,6 millones entre el 2010 y 2017. Advierte además de “multimillonarios movimientos en la agencia de publicidad Creacional” relacionada con Vinicio y Fernando.
Los Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) que recibe de parte de la UAFE son de carácter reservado en conformidad con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos y del financiamiento de delitos, según explicó la Fiscalía.
Asimismo “estos documentos técnicos son emitidos y enviados en sobre cerrado y de manera reservada, precisamente para facilitar el adelantamiento de investigaciones sobre posibles infracciones penales”.
Por su parte Vinicio Alvarado respondió vía Twitter ante la investigación presentada por el medio de comunicación (Teleamazonas): 

‘Las inusuales finanzas de los Alvarado’.
Un informe de la UAFE señala movimientos irregulares de los exfuncionarios. El análisis de la entidad alcanza también a familiares.
EXPRESO. 01 FEB 2018
Las sospechas de corrupción ahora se dirigen a los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado Espinel.
La Fiscalía abrió una investigación previa para determinar si los exfuncionarios del expresidente Rafael Correa incurrieron en algún delito.
La base del expediente es un informe ‘confidencial y reservado’ de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que fue remitido el viernes pasado a ese organismo.
Según la UAFE, las empresas de los hermanos Alvarado Espinel registraron movimientos millonarios en sus cuentas y eso ocurrió mientras ejercían los cargos de secretarios de la Administración y de Comunicación y ministros de Turismo.
Un informe de la UAFE habla de anomalías. En una entrevista radial el fiscal Carlos Baca señaló que se investigará. Y el caso estará en manos de la Fiscalía General porque los dos exfuncionarios gozan de fuero de Corte Nacional.
Los hermanos Alvarado se suman así a la lista de ex altos cargos del correísmoimplicados en presuntos actos de corrupción.
El documento de la UAFE es el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas Nº ROII 2018-003.
En el dossier se hace un repaso de transacciones al exterior, transferencias a empresas que no eran sus proveedoras ni clientes, cheques de empresas estatales a compañías de familiares, contratos de publicidad para compañías en las que Vinicio Alvarado aparece como accionista mientras era funcionario, entre otras observaciones.
El informe de 60 páginas lo firma Andrés Villavicencio, director general de la UAFE. Revela que, entre ocho familiares y cuatro de sus empresas, movieron más de $ 160 millones.
En sus 23 conclusiones detalla los hallazgos y aspectos inusuales. Inicia mencionando que en 2013 Vinicio Alvarado aumenta considerablemente sus ingresos por $ 531.683,55, lo que representa un crecimiento del 558,82 % con relación a 2012.
Luego vienen los giros de cheques en 2015, 2016 y 2017 a una empresa dedicada a labores agrícolas que no tiene a Vinicio Alvarado como cliente; ocho cheques por 180.000 dólares a Víctor Barrera, quien no está en su lista de proveedores.
El análisis no se queda únicamente en el exsecretario de la Administración. Sobre su hermano Fernando, dice que entre 2010 y 2016 declaró impuestos por 495.560,38 dólares, pero a sus cuentas ingresaron 634.626,99 dólares.
Otro familiar beneficiado por la ‘prosperidad’ de los Alvarado fue Jorge Aguirre, cuñado de Vinicio Alvarado. La UAFE indica que es beneficiario de 17 transferencias individuales desde compañías estatales por 6’553.289 dólares. Aguirre es presidente de Mundoferretero. Creacional, cuyo accionista es Vinicio Alvarado, secretario de la Administración, es beneficiaria de transferencias del canal estatal.
La UAFE también pone sus ojos en las esposas de los exfuncionarios. Señala que entre 2010 y 2016 Catalina Recalde presenta ingresos en sus declaraciones de impuestos por 495.560,38 dólares, pero a sus cuentas ingresaron $ 1’395.920,19. Y Betty Echeverría, en el mismo tiempo, declara impuestos por $ 25.000, a pesar de que a sus cuentas ingresan $ 267.000.
Y la sombra de Odebrecht, acusada de entregar sobornos a funcionarios públicos del Ecuador, también ronda. La empresa Creacional de Vinicio Alvarado entre 2013 y 2016 registra transferencias por 441.475 dólares cuyo ordenante es Odebrecht.
Además esa firma registra transferencias de una domiciliada en paraísos fiscales, en este caso las Islas Caimán. Son 21 transferencias por casi 600 mil dólares. Al exvicepresidente Jorge Glas y a su tío Ricardo Rivera, ambos sentenciados por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht, también se los menciona en el informe. Entre 2013 y 2016 es beneficiario de transferencias ordenadas por Televisión Satelital, cuyos accionistas fundadores son Glas y Rivera.
Respuesta
F. Alvarado dice que fue notificado ‘en combo’
El exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado prepara una respuesta escrita tras las publicaciones que hablan de “inusuales operaciones (en las cuentas) de los hermanos Alvarado”. Según explicó en una corta conversación con EXPRESO, todavía no ha revisado lo dicho. Hoy en Quito redactará su postura oficial.
“No tengo criterio. Estamos sitiados en Quinindé”, respondió.
El hombre fuerte del Gobierno anterior acompaña al expresidente Rafael Correa en su campaña por el No en la consulta popular. Por eso, argumentó, no pudo revisar la información publicada desde el martes. “Cortaron el Internet”.
Lo que sí adelantó es que la Contraloría General del Estado también está detrás de sus pasos. Hay cinco auditorías que detectaron irregularidades que deben ser aclaradas antes de avanzar en el proceso.
Según detalló Alvarado, la Contraloría tiene observaciones por la campaña ‘All You Need’, el manejo del canal incautado Gama TV, programas de señalética en la cartera de Turismo (donde Fernando Alvarado fue ministro) y dos exámenes por los Enlaces Ciudadanos. Para esto también el exfuncionario prepara una respuesta formal. “No se ha vencido el tiempo de respuesta”, sostuvo.

‘Una alerta activó la investigación a los Alvarado’.
La UAFE escruta a 10 personas y cinco empresas. La publicidad apuntaló los ingresos.
EXPRESO. 02 FEB 2018 / 00:01

Una ‘alerta estratégica’ fue el primer paso para iniciar la investigación en contra de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado Espinel. Ocurrió el 16 de octubre de 2017. A partir de allí, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) revisó siete fuentes de información sobre dos de los funcionarios más cercanos al expresidente Rafael Correa.
En el informe de 60 páginas no se revela quién dio esa alerta. El documento ya está en manos de la Fiscalía. El trabajo se hizo con base en lo dispuesto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
Según el exfiscal y abogado en libre ejercicio Mauricio Garrido, la Unidad puede hacer sus análisis de oficio, a petición de la Fiscalía, porque vieron alguna noticia en los medios, porque alguien hizo una denuncia anónima o por un reporte de cualquier sujeto obligado a informar... No hay, explicó a EXPRESO, “una definición legal de alerta estratégica”.
En todo caso, esa alerta inicial terminó en un “reporte de operaciones inusuales e injustificadas” que incluye a los Alvarado Espinel, ocho de sus familiares y cinco empresas relacionadas (ver gráfico).
Su puntal fue el negocio publicitario, especialmente, atado a la firma Creacional S. A., cuyo principal accionista es Vinicio Alvarado, con el 98,57 %. El restante 1,43 % es propiedad de la madre del exfuncionario. En siete años, los ingresos de esa firma fueron solo hacia arriba: pasaron de 9,8 millones a 24,3 millones.
En ese lapso, él fue secretario nacional de la Administración Pública, ministro coordinador de la Productividad y ministro de Turismo. Era, además, el cerebro detrás de la propaganda electoral de Alianza PAIS.
Según la UAFE, el vínculo de Alvarado con Creacional empezó en 2003 cuando adquirió la totalidad de las acciones. El 25 de enero de 2007 hizo un aumento de capital de $ 28.000. Diez días antes, destaca la Unidad, “asumió las funciones de secretario general de la Administración Pública”.
Actualmente, la empresa domiciliada en Guayaquil tiene un capital de 30.800 dólares y mantiene cinco cuentas bancarias. Creacional, sin embargo, también tiene vínculos con el exterior: envió dinero a EE. UU., Irlanda y Chile. También recibió dinero de afuera. El principal ordenante de transferencias es la compañía Gothland Ltd., domiciliada en Islas Caimán, que realizó 21 transacciones por 593.988 dólares. Estas islas son un paraíso fiscal. El anterior Gobierno condenó, a lo largo de 10 años, los negocios con paraísos fiscales.
Otra coincidencia que detalla el informe de operaciones inusuales tiene que ver con los clientes de Creacional: los canales incautados TC Televisión y GamaTV, además de Televisión Satelital (cuyos accionistas fundadores fueron Jorge Glas Espinel y Ricardo Rivera, ahora condenados a seis años de prisión por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht). La firma brasileña también fue clienta de los Alvarado de 2013 a 2016: les hizo transferencias por 441.475 dólares. IGF/MCV
Las inconsistencias de creacional
Renta
Entre 2013 y 2016, la empresa de Vinicio Alvarado reportó ingresos por 55,4 millones de dólares en sus declaraciones de Impuesto a la Renta. Sin embargo, dice el reporte de la Unidad de Análisis Financiero, en ese mismo periodo “ingresan a sus cuentas acreditaciones por 95,1 millones de dólares”.
Cheques
Según la Unidad, dos de los principales beneficiarios de pagos con cheques eran dos empleados de la compañía. El primero recibió 724.991,06 dólares y el segundo 517.424,27 dólares. Esos pagos no cuadran, de acuerdo con el documento, con los ingresos que ellos reportaron.
Productora de campaña de turismo
Las relaciones con otras empresas de publicidad también implicaron vínculos familiares. La hija de Vinicio Alvarado trabajó, bajo relación de dependencia, en Vértigo Films Cía. Ltda. Ella recibió, entre 2013 y 2015, una remuneración de 555.877,28 dólares.
¿Las irregularidades? La primera: Fue la productora ejecutiva de la campaña de turismo ‘All you need is Ecuador’, creada por su padre desde el Ministerio de Turismo.
La segunda: Según la UAFE, entre 2010 y 2017 registra acreditaciones por 41.044 dólares, pero no tiene declaraciones del Impuesto a la Renta.
Fernando Alvarado, hermano de Vinicio, exsecretario de Comunicación y exministro de Turismo, reportó ingresos por 808.200 dólares, señala el informe de la Unidad de Análisis Financiero. Él, además de los cargos públicos, también fue accionista de la empresa Percrea Cía. Ltda. “Perfil creativo”, apunta el documento.
En esa compañía es accionista otro de los hermanos, Carlos Alvarado Espinel. Esta empresa también recibió millonarias transferencias de otra agencia de publicidad que hizo negocios con los Alvarado.

‘Vida de lujos a costa de TC’.
Una auditoría reveló irregularidades en el medio. El exsecretario de Comunicación y el exgerente se beneficiaron de seguridad, movilización, hospedaje, comida...
EXPRESO. 17 MAY 2018
Tenía línea directa con los encargados de los programas políticos transmitidos por el canal. Pero, además, Fernando Alvarado Espinel tenía a su disposición los recursos del medio de comunicación incautado para cancelar algunas de sus cuentas.
Entre el 22 de enero de 2013 y el 29 de diciembre de 2016, por ejemplo, TC Televisión pagó 9.085,53 dólares en 20 facturas de pasajes aéreos, hospedaje e incluso consumo de alimentos. Entre otras cosas, el canal giró dos cheques –por $ 1.549 y $ 1.207– por el servicio de hospedaje en uno de los hoteles cinco estrellas de Guayaquil. Fueron los gastos más elevados en ese periodo.
Aunque los gastos menores también llaman la atención: en un solo día, el canal de televisión pagó 192,19 dólares en un supermercado por la adquisición de toallas y colas.
Este reporte está incluido en el informe de auditoría interna elaborado en el canal. Ese documento, como contó ayer EXPRESO, fue entregado en la ContraloríaGeneral como insumo para el examen especial que se ejecuta a las cuentas del medio de comunicación.
Aunque TC Televisión, técnicamente, no es un medio público, desde el 2008 ha sido manejado por el Gobierno después de que fue incautado por la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) por la deuda que sus expropietarios, los hermanos Isaías Dassum, tenían con el Estado. Actualmente, la empresa de Medios Públicos posee casi la totalidad de las acciones. Una pequeña parte está en manos de un fideicomiso conformado por los trabajadores.
En el Gobierno pasado fue usado, como reconoció el presidente Lenín Moreno, “como instrumento de confrontación y ataque a la ciudadanía crítica”.
Alvarado, sin embargo, también lo usó para resolver las necesidades de movilización y seguridad propia y de su familia. El actual gerente administrativo de TC contó a la auditoría que, entre 2010 y 2017, el canal puso 10 vehículos a disposición de Alvarado y del exgerente del canal, Carlos Coello.
Y no eran cualquier auto. La mayoría, vehículos todoterreno, cinco puertas. Tampoco se limitaron en marcas: había Audi Q7, BMW, Mazda, Chevrolet, Hyundai, Jeep Compass. Este último fue adquirido en 2016 para Coello y en el 2017 “se dio como forma de pago al Ing. Carlos Coello”, dice el informe de auditoría.
Él después de su salida del canal, además, se quedó con la compañía de un conductor-escolta (pagado por el canal) durante siete meses. Una ‘importante reducción’ porque, mientras ejercía la gerencia, tenía a su disposición cinco conductores, uno más para su esposa y un guardia 24/7 en su domicilio. Todos pagados por el canal.
Alvarado, en cambio, tenía asignado un conductor de TC que lo recibía cada vez que llegaba a Guayaquil. La esposa del exfuncionario también tenía privilegios: una camioneta y un conductor estaban a su servicio. El canal también contrató a dos conductores para “prestar servicio a los hijos” de Alvarado, quien fue uno de los hombres más cercanos a Rafael Correa.
Todos estos gastos en seguridad y vehículos suman unos 861.251,58 dólares.
Seis años de internet “gratis”
El 10 de abril, los directivos de TC Televisión descubrieron que el canal tenía contratados dos puntos de Internet “externos”. La sorpresa fue que estaban colocados en el domicilio (internet premium con un costo de $ 57) y la oficina particular (internet más televisión por $ 87) de Carlos Coello, exgerente del medio.
Él mismo cuando estuvo en el cargo firmó las cartas de contratación, así como el débito de la cuenta bancaria del canal incautado.
Strategos
Por $ 370.148,04. Alquiler de móviles y personal para grabación, edición y posproducción de Pulso Político, Enlace Ciudadano, Bien Informado, el Noticiero.
Informedios
Por $ 273.960. Alquiler de móviles y personal para grabación, edición y posproducción de Pulso Político, Enlace Ciudadano, Bien Informado, el Noticiero.
Tv Satelital
Por $ 362.320. Alquiler de móviles y personal para grabación, edición y posproducción del campeonato nacional de fútbol y eventos políticos.
Conclusión
Hay inconsistencias en su objeto y ejecución así como, aparentemente, se les dio un uso político, dice el informe de auditoría.
Noticias
El jefe de noticias aseguró que nunca pidió que le proporcionen notas. Esos programas, dijo, seguían las líneas editoriales dictadas desde la Secom.
Responsabilidad
Una de las recomendaciones es el inicio de acciones, a fin de que se determine si las ‘inobservancias’ traen alguna responsabilidad.

domingo, 13 de noviembre de 2011

SIGAMOS CON LA NOVELA "LEMOS"

AGRÉGUELE ESTA CONFESIÓN RECIENTE DE ALVARADO QUE DICE QUE DESPUÉS DE TANTO TEATRO, LEMOS SIGUE SIENDO EMPLEADO DE ESTE GOBIERNO.
MÁS CRÍTICAS A LA POLÉMICA CADENA
El presidente Rafael Correa lo dijo el jueves: “Si estamos mintiendo, me despojo en este momento de cualquier inmunidad que pueda tener como Presidente de la República, para que me pongan los juicios que quieran si estamos mintiendo en esas cadenas”.
Con este gesto buscó validar la información difundida en dos cadenas nacionales sobre los supuestos nexos de Fundamedios y de Diego Cornejo, director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), con Gustavo Lemos, implicado en supuestas violaciones a los derechos humanos.
Fundamedios insiste en que la información de las cadenas contiene falsedades. El argumento central para rebatir la información oficial es que no ha tenido ninguna relación con Lemos y que él tampoco participó en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la delegación invitada para presentar denuncias de supuestas violaciones a la libertad de expresión en el país.
Mauricio Alarcón, abogado de Fundamedios, presentó la lista oficial de los invitados a la Comisión y allí no aparece Lemos. Además, aclaró que en las sillas ubicadas del lado de los peticionarios se colocaron muchas personas que pertenecían a la delegación oficial, como “Gina Chávez, esposa del titular de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño”.
Si se sigue la lógica del oficialismo, puntualizó Alarcón, entonces la mujer también asistió a la audiencia con los peticionarios.
¿Esto significaría que lo que el Gobierno difundió fue falso? Según el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, no. “Cuando (Lemos) me amenazó dentro de la sala de audiencias, se desplazó hacia mí desde el lado de los peticionarios, quienes ahora tratan desesperadamente de desembarcarse de este individuo, ¡Por algo ha de ser! Lamentablemente para ellos, las fotos y los hechos los delatan”, manifestó.
Pero Cornejo insiste en que Lemos apareció allí sin ninguna invitación. “Si hubiesen mostrado todas las fotos, también se me habría visto conversando con el Canciller y no por eso yo estuve en la comitiva del Gobierno”.
Cornejo también denunció que Lemos trabajó en el Banco del Pacífico de Miami, entre el 2007 y el 2010, como jefe de seguridad. “Que nos expliquen por qué trabajaba en una empresa estatal”.
Alvarado aclara que el hombre “estaba ahí (banco) desde la época del señor (Marcel) Laniado. Cuando se lo ubica y se lo identifica, se hace el análisis para separarlo, y dado que estaba cerca su jubilación, se decidió esperar a que esta se cumpla de acuerdo a la ley. Claramente, nunca fue contratado por esta administración”.
Para Fundamedios no es importante que Correa se despoje de su inmunidad, sino que se rectifique lo dicho. La organización no iniciará ningún proceso judicial en contra del Jefe de Estado. “Eso sería caer en el juego de judicializar la opinión, que para nosotros está mal. Queremos que se reconozca nuestro derecho a la rectificación en el mismo espacio y horario en el que se transmitieron las cadenas oficiales”, recalcó César Ricaurte, director de la ONG.
El Régimen considera que el tema está “fundamentado. Pero si demuestran algún error o desinformación, que me lo hagan saber formalmente y con toda certeza rectificaremos (ya lo hicimos antes)”, explicó Alvarado.
CPJ se pronuncia
Ayer, el Comité de Protección a Periodistas manifestó su preocupación por esta disputa. “El Presidente y las autoridades deben cesar los ataques verbales y las difamaciones sistemáticas en contra del trabajo que realiza Fundamedios, en resguardo de los periodistas que sufren numerosas restricciones”, dijo Carlos Lauría, coordinador del Comité.
Además, responsabilizó al Gobierno por la seguridad de Ricaurte y sus colegas.
La respuesta a la CIDH
Ayer venció el plazo para que el Régimen responda a la Comisión sobre el contenido de las cadenas nacionales. Según la denuncia ante la CIDH, estas cadenas violan el principio de no retaliación contra los denunciantes.
El Secretario de Comunicación informó que el Ejecutivo pedirá más tiempo para contestar, “con la finalidad de adjuntar información suficiente”.

PREGUNTAS QUE QUEDAN FLOTANDO:
¿QUIÉN HIZO LA INVESTIGACIÓN QUE LLEVÓ A LA DENUNCIA SOBRE EL PACIFIC NATIONAL BANK DENUNCIA POR MIAMI HERALD?
¿ALGÚN JUEZ NACIONAL ESTÁ INVESTIGANDO ESAS DENUNCIAS?

viernes, 11 de noviembre de 2011

Ayudamemoria: ¿QUIÉN ES GUSTAVO LEMOS LARREA?

LEMOS CITADO POR DIEGO DELGADO CUANDO CASI LE MATARON
(Diego Delgado fue Ex diputado y ex candidato a presidente de la república)

“En agosto de 1984, León Febres Cordero Rivadeneyra triunfó en las elecciones presidenciales y asumió la Presidencia del República. En su ejercicio, Febres Cordero procuró concentrar el poder llegando a interferir en las otras funciones del Estado, amedrentó a sus contendientes políticos y a periodistas y medios de comunicación que denunciaban su accionar favorable a la élite económica que le rodeaba y la dura represión a los sectores sociales opositores.
En 1983 y 1984 aparecen en el país grupos políticos con intensión de forjar un movimiento armado necesario para su estrategia de lucha. En este contexto, el gobierno de Febres Cordero generó un severo proyecto represivo, creando grupos especiales de inteligencia; nombró a personas allegadas al régimen para laborar en Intendencias y Comisarías de Policía, facilitando las detenciones arbitrarias, allanamientos y otros procedimientos y medidas en contra de quienes habían sido capturados por actos ilícitos o subversivos, o cuya vinculación con éstos o con sus responsables se presumía.
El caso del entonces diputado socialista Diego Delgado quien en el año 1986, en su condición de legislador y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, logró que se instaure un juicio político en contra del ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, iniciado el 28 de septiembre de 1987, por violaciones de los derechos humanos, basándose en denuncias y documentos entregados por los familiares de algunos afectados.
Hacia las 23h00 del viernes 23 de septiembre de 1987, el diputado Diego Delgado Jara salió del edificio del Congreso Nacional, ubicado en el sector centro-norte de la ciudad de Quito, acompañado por su amigo y colega de militancia, Guillermo Pazmiño, este último recuerda que “tomamos la calle del Palacio de Justicia [ubicado apenas a pocas cuadras] caminando hasta que observamos que a la altura de la calle que dobla al Registro de la Propiedad, me di cuenta que había tres o cuatro personas de sexo masculino que caminaban por la misma dirección y en la parte del Colegio Espejo los antes nombrados sujetos nos agredieron, habiendo observado que a tres de ellos eran de tés morena de tipo serrano, de pelo corto, dos de ellos armados con revólveres gruesos.
Uno de ellos blandió su arma contra el diputado Diego Delgado, con la intención de golpearle dándose lugar a una persecución de dos o tres de ellos contra el doctor Delgado y uno contra mí. El Dr. Delgado logró cruzar la calle del parque Alameda, por lo cual yo me retrasé mientras que mi persona opté por correr en pedir auxilio y no fui capturado”.
Diego Delgado escuchó decir: “Es el del terno azul. Escapé y les gané en carrera, pero de un auto amarillo salieron varias personas con pasamontañas. Sentí un golpe terrible en la mitad de la cabeza, desde atrás, con lo que salieron volando mis lentes. Alguien me amenazó: ‘Si sigues corriendo te disparo’ me di la vuelta, era el único al que vi el rostro: ‘tenía la mandíbula ancha, muy ancha, entiendo que era un oficial de apellido Mantilla”.
Le golpearon y arrastraron hasta un vehículo marca Cherokee de color azul, “cuando me iban llevando arrastrado, yo quería cogerme de todo sitio porque a uno le duele que le halen del pelo y me arrastraban todo el tiempo y yo pensé que ahí estaba participando la Policía -era mi apreciación- porque llegó un carro que había una luz azul y roja, se pararon y alguien bajó del carro habló con ellos los captores de Diego Delgado y dijo: ‘sigue nomás, no hay problema’; uno de sus agresores le decía: ‘ya vas a ver cómo te matamos’, yo le dije: ‘¿Y con las manos que me vas a matar piensas ir y acariciar a tus niños?’. El tipo se enfureció, me dio en la boca y me rompió el paladar. Me trasladaron al Valle de Los Chillos cerca de la ciudad de Sangolquí al sur-oriente de Quito, a un sitio despoblado, allí  la golpiza continuó, me golpearon con una velocidad increíble, siquiera unos diez a quince minutos, pero brutalmente, una golpeada feroz. Entonces yo dije estos tipos me van acabar matando. Mientras lo golpeaban le decían: ‘socialista tal y cual, morlaco desgraciado’. Algunos de los agentes decían: ‘nosotros somos de Alfaro Vive Carajo, ahora defiéndenos”.
Mientras dos de sus agresores lo golpeaban, Diego Delgado se cubría la cabeza, por lo que uno de sus brazos fue fracturado con un golpe y, en esas circunstancias, se desplomó fingiendo estar muerto. Los agentes lo abandonaron y se alejaron del lugar, dándolo por muerto.
Con obvias dificultades y una vez que se cercioró que se encontraba solo, se incorporó y caminó por un recorrido distinto al que lo llevaron sus agresores. Después se percató que el Cherokee regresó y daba vueltas por el lugar donde sus captores lo habían abandonado. Siguió caminando y llegó a una casa en la que le brindaron ayuda y le condujeron al hospital de la ciudad de Sangolquí, en donde el conserje le comentó que un patrullero de la Policía había pasado preguntando por él. Luego fue trasladado a Quito a la clínica Santa Cecilia y, después, al hospital Metropolitano. Para cuando era atendido en la clínica, por acción de Guillermo Pazmiño que informó del secuestro de Diego Delgado a Enrique Ayala y Milton Granda, diputado y dirigente socialista respectivamente, el hecho ya era de dominio público, los legisladores de la oposición responsabilizaron del atentado al gobierno de León Febres Cordero, quien rechazó el hecho.
Con las primeras informaciones sobre lo ocurrido, Víctor Granda, dirigente del Partido Socialista, tomó contacto con el ministro de Gobierno para reclamar por los hechos y exigir protección, a raíz de lo cual, Gustavo Lemos Larrea, asesor de dicho ministro, se comunicó con él para conocer el paradero del diputado.
Diego Delgado refiere que “cuando yo llegué a la clínica Santa Cecilia llegó un tipo que yo no sabía quién era, pero con el arma dando la vuelta en mi cara decía si yo podía reconocer a alguien o si no pensaba que podrían haber sido de la Izquierda Democrática tal vez o tal vez del MPD [Movimiento Popular Democrático], porque yo tenía diferencias políticas con todo el mundo.
Yo decía que no puede ser porque ellos son del otro bloque progresista. Pero la pregunta en que todo el tiempo insistía era en que si podía haber visto la cara a alguien, y yo le decía que no he visto porque tenía recelo que si yo decía que he visto a alguien me mataba el mismo. Entonces claro, iban a decir que seguramente se murió por secuelas de los golpes, por eso yo le decía que no había visto. Después supe que era el famoso Gustavo Lemos”.
Diego Delgado “denunció a medios de comunicación que sus atacantes le quitaron el maletín, donde tenía pruebas de personas torturadas o desaparecidas; era inconveniente tener la documentación que ayer nos entregaron mamás de los desaparecidos y de personas que han sido eliminadas físicamente; nos dieron una colección de fotos”.

LEMOS MENCIONADO DURANTE INVESTIGACIÓN CASO RESTREPO

“Este misterioso “SIC-10” habría sido creado por el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero, para combatir a la guerrilla. Por 1985 perfeccionó el aparato represivo con la creación del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), para los operativos, y al SIC-10 lo transformó en Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), dedicada a los trabajos de inteligencia.
El GIR y la UIES tenían como cabeza al jefe de seguridad política del Ministerio de Gobierno, Gustavo Lemus Larrea, identificado por sus subalternos como “El Mariscal”, personaje siniestro, tenebroso en los años socialcristianos.
La Policía no movió un dedo hasta el martes 12 de enero. Antes solo participó en la extraña reunión de alto nivel convocada por Robles Plaza “para tratar el caso Restrepo”. Fue el lunes 11, a las 11h00.  Asistieron el jefe de seguridad política, Gustavo Lemus Larrea; el Comandante de la Policía, Milton Andrade; y otros miembros del alto mando policial.
El 19 de noviembre (1991) los esposos Restrepo presentaron la acusación particular, pidiendo que se hiciera extensivo el juicio a los exministros de gobierno y policía, licenciado Luis Robles Plaza y doctor Heinz Moeller Freire; excomandante de la policía, general Milton Andrade Dávila; coronel Federico Mera Cevallos; Gustavo Lemus Larrea; Luis Ricardo Argoti; Hugo Oswaldo Recalde; Hilda de Gaviria; Miguel Angel Chiriboga Hurtado y Rafael Mantilla.” (Tomado del libro ‘Caso Restrepo, crimen de Estado’, de Mariana Neira, editorial Eskeletra, año 1998, páginas 18, 21, 254, 255).

Ninguno de los mencionados fue sentenciado, como se puede ver en la página 293 del mismo libro.

GOBIERNO DE CORREA DESPIDE A LEMOS DEL PNB

“EL PACIFIC NATIONAL BANK, GOLPEADO POR LA CRISIS EN ESTADOS UNIDOS
El Comercio. Domingo, 06 de Junio de 2010

En esta zona bancaria, donde se levantan edificios de hasta 25 pisos, flanqueados por enormes palmeras, opera con licencia estadounidense la subsidiaria del Banco del Pacífico, cuyo principal accionista es el Banco Central del Ecuador (BCE).  Esta edificación de apenas cinco pisos, más conocida como el ‘banco de los ecuatorianos’, no está en su mejor momento.
Hasta el cierre del primer trimestre del 2010 –según el balance oficial del Consejo de Examinación de Instituciones Financieras Federales- registró pérdidas acumuladas por USD 11,2 millones. La crisis hipotecaria de EE.UU. golpeó, principalmente, la cartera de préstamos de la construcción y de desarrollo inmobiliario, sector en donde la banca de la Florida afincó su crecimiento.
Además, afronta dos órdenes de consentimiento (de vigilancia) del regulador estadounidense, por no cumplir las leyes y reglamentos para prevenir el lavado de activos. La constante rotación de personal y los cambios directivos también han abonado a la inestabilidad institucional.
El desplome de las hipotecas. Como consecuencia del reajuste de los precios de las viviendas, el banco se vio obligado a provisionar USD 11,7 millones para cubrir los préstamos vencidos.
Esto le significó una primera pérdida por USD 9,9 millones, a fines de 2009. Y hasta marzo pasado, los coletazos de la crisis aún se seguían sintiendo, pues el saldo en contra fue de USD 1,3 millones, pese a que el Banco lleva adelante planes de recuperación, reestructuraciones de cartera y venta de activos. Este primer trimestre puso USD 1 millón adicional para cubrir los préstamos que no ha podido recuperar.
Andrés Baquerizo, presidente del Grupo Banco del Pacífico, explicó, el 4 de marzo pasado, que el 40% de la cartera total está afectada por las subvaloraciones de las garantías hipotecarias.
El reporte trimestral del Consejo de Examinación también revela que las pérdidas netas del PNB por venta de bienes inmuebles fueron de USD 2,1 millones en el 2009. En marzo pasado fueron 100 000.
Los balances del Banco muestran utilidades entre el 2007 y 2008. El año pasado se revirtió la tendencia, afectada por las elevadas provisiones (ver cuadros). A pocos pasos del PNB, en el edificio El Club hay nueve departamentos que ejemplifican este problema; su compra fue financiada con préstamos del Banco.
El beneficiario del crédito dejó de cubrir la deuda -por más de USD 2 millones-, por lo cual los bienes se embargaron, pero su valor comercial cayó a la mitad. La Florida es considerada uno de los epicentros de la crisis hipotecaria que se originó en 2007.
Desde entonces las hipotecas de alto riesgo tomadas durante el auge de la vivienda vencieron y elevaron en forma drástica los pagos mensuales a los propietarios. Según el experto en temas financieros Ken Thomas, esta debacle golpeó a 700 de los 8 000 bancos estadounidenses.
Solo en Florida se concentra el 10% de los bancos catalogados como ‘problemáticos’. “Talvez para las propiedades residenciales veamos los resultados a fines de este año, el gran problema son los bienes comerciales, cuyas mejoras se verán el 2011”, advierte.
Los precios de las viviendas siguieron cayendo en este primer trimestre al extinguirse -el 30 de abril pasado- el crédito fiscal del Gobierno para adquirir propiedades de USD 8000.
El Pacífico salió al rescate. Para darle una salida rápida a esta crisis, el Banco del Pacífico de Ecuador -con la aprobación de su accionista, el Estado ecuatoriano- resolvió, a fines del 2009, inyectarle capital por USD 5 millones. Y de acuerdo con el balance de marzo se observa una nueva capitalización por un monto similar.
Con estas inyecciones se busca acatar las exigencias de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), que pide niveles de capital más altos de lo que normalmente se establece. Por ejemplo, un capital efectivo mínimo del 9% y un capital de riesgo del 13%, cuando la regla general es 4 y 8%, respectivamente.
Además de los préstamos vencidos, el Banco ha perdido depósitos, que en un 95% provienen del Ecuador. Entre el 2007 y el 2008, los balances revelan que las captaciones cayeron en 5,6%, y un año después el bajón fue del 18,2%, sin una recuperación importante hasta marzo del 2010.
Según fuentes del Banco, tres son las principales razones de la caída: tasas de interés bajísimas (menos del 1%), el 2% del Impuesto a la Salida de Capitales y a que cada envío al exterior implica llenar un formulario del Servicio de Rentas Internas. “Posiblemente, las personas no quieran verse inmersas en ese tema”, destacó Baquerizo hace dos meses.
Adicionalmente, el Banco Central obligó a la banca ecuatoriana a que mantuviera el 45% de su liquidez en el Ecuador. Esto implicó que el Banco del Pacífico dejara de depositar parte de sus dineros en el PNB (ver nota adjunta).
Con las cifras en rojo y los depositantes insatisfechos, el Pacific afronta otro desafío: demostrar a la OCC que puede controlar que las transacciones entre Ecuador y Miami no se prestan para el delito de lavado de activos.
A través de las dos órdenes de consentimiento que pesan sobre el banco, la OCC busca que “cese y desista” de cualquier práctica ilegal que vaya en contra de la seguridad y solidez de la entidad. Según las estadísticas de la OCC, generalmente a un banco le toma dos años salir de una orden, pero en este caso ya se extendió a cuatro años y cinco meses.
En el Banco reconocen que no es bueno que el proceso de observación haya tomado tanto tiempo, pese a todos los esfuerzos que han hecho por fortalecer la supervisión y cumplir con las exigencias de la OCC. De los 1 519 bancos que supervisa la OCC en EE.UU., hasta la fecha 105 tienen órdenes de consentimiento (6,9%).
Un giro en la administración. La situación del PNB dio un giro luego de la salida de la administración española, por disposición del presidente Rafael Correa, en febrero del 2008. Esta decisión dejó inconcluso el plan de correctivos que había sido diseñado y aprobado por la OCC, recuerda Carl Wolf, ex presidente de la Junta Directiva.
Desde entonces -mayo del 2008- cinco banqueros han pasado por la dirección general de la entidad; en abril pasado acaban de nombrar al último: Carlos Fernández Guzmán, quien se desempeñaba como vicepresidente del Bank United.
La institución, además, enfrenta una demanda judicial interpuesta por Wolf, quien denunció las presiones políticas a las que estaba sometida la institución durante su gestión, que se ventilan en la Corte Federal de Miami.
La rotación de personal fijo también ha sido una constante. Entre despidos y renuncias, del 2007 al 2008, se fueron 11 personas y hasta marzo pasado ingresaron otras 13.
Gustavo Lemos, un ecuatoriano que trabajó 18 años como encargado de las seguridades del Banco, cuenta que le pidieron su renuncia “por orden de arriba”. Le ofrecieron darle tres meses de sueldo y tres de seguro médico.
Pero no aceptó. Un mes antes se había enterado que a otras 10 personas liquidadas les cancelaron dos semanas de sueldo por cada año trabajado, por lo cual él exigió lo mismo.
Lemos dice que su cruz fue haber sido asesor del ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, en la época del ex presidente Febres Cordero. “Creo que eso no les gustó y me sacaron”. 15 días después lo liquidaron con los mismos derechos que el resto.
Por el momento, el PNB está enfocado en la auditoría que están realizando los reguladores a cada una de sus áreas. Estos exámenes, por lo general, toman cuatro, seis semanas, en este caso están desde el 15 de marzo pasado.
El 11 de mayo este Diario pidió entrevistas a Diego Borja, titular del BCE, y nuevamente a Baquerizo. Se les envió cuestionarios para que respondieran, pero se negaron.
Solo Baquerizo contestó parcialmente las inquietudes (ver nota compartida) e insistió en que el PNB es un banco privado, por lo que su situación es de índole interna. Pero, el presidente Rafael Correa ha dicho varias veces que el Grupo Banco del Pacífico es de “todos los ecuatorianos”.
Incluso, a través de su matriz, se canalizan USD 200 millones de la reserva monetaria del país en préstamos hipotecarios, con una tasa de interés subsidiada del 5%.
El Pacific, por su parte, opera bajo reglas estadounidenses; no obstante, esto no evitó que sus actuales administradores sean designados por el BCE. Pero será la OCC la que establezca cuál será el rumbo de la entidad, cuyo estandarte ecuatoriano no deja de flamear en el centro de Miami.
Tomado de Diario El Comercio de Quito.

¿POR QUÉ DEMANDÓ WOLF, EL JEFE DE LEMOS?

“DEMANDAN A BANCO DE ECUADOR POR ANOMALÍAS
Miami Herald
Publicado el martes, 06.09.09
GERARDO REYES
greyes@elnuevoherald.com

El presidente del Pacific National Bank N.A (PNB) en Miami, propiedad del estado del Ecuador, cerró el año pasado una cuenta de la entonces secretaria privada del presidente de ese país, Rafael Correa, por cuanto supuestamente movía una cantidad de dinero que no correspondía a sus ingresos y la funcionaria se negó a explicar el origen de los fondos, según documentos judiciales.
El hoy ex ejecutivo del banco, Carl Wolf, planteó la presunta irregularidad en una demanda civil radicada el lunes en la corte federal de Miami en la que alega que fue separado de su cargo injustamente por tomar ésta y otras decisiones.
Wolf afirma que también pesó en la determinación en su contra el haberse negado a contratar a una persona con problemas legales y haber rechazado la propuesta de pagarle al presidente del Banco del Pacífico del Ecuador (BPE) un sobresueldo por "debajo de la mesa''.
El abogado del PNB en Miami, Mark Raymond, restó importancia a la demanda y advirtió que ya había sido rechazada en una corte estatal. "Ya una jueza muy preparada estudió cada uno de los alegatos y no encontró mérito, no cabe una acción contra el banco'', dijo Raymond. "El señor Wolf ya fracasó en probar los méritos y ahora presenta la misma demanda ante un juez federal, yo espero que se la vuelvan a rechazar''.
Según la demanda, Wolf ordenó el cierre entre el 2007 y el 2008 de 4,600 de las 11,000 cuentas del banco en Estados Unidos debido a que no cumplían con las regulaciones contra el lavado de activos. Wolf sostuvo que recibió presiones de Pedro Delgado Campana, miembro de la junta directiva del Banco Central del Ecuador y pariente de Correa, para poner en marcha un plan que incluía la reapertura de las cuentas.
Si este plan no se cumplía, alega la querella, "la gerencia de Miami sería despedida''.
Raymond dijo que los puntos planteados por Delgado no fueron entendidos por Wolf porque estaban en español y el ejecutivo no domina ese idioma.
De acuerdo con la demanda, entre las cuentas cerradas se encontraba la de Cassia Delgado, identificada como sobrina de Correa y quien fue su secretaria privada entre el 2007 y el 2008.
"Grandes cantidades de dinero fueron transferidas desde y hacia la cuenta de Cassia Delgado'', asegura la demanda, aunque no señala nada concluyente sobre el origen o destino de esos fondos.
Gary Costales, abogado de Wolf, explicó en la demanda que su cliente tomó la decisión de cerrar la cuenta "porque los depósitos eran sospechosos, dado que excedían notoriamente los ingresos reportados por Delgado y Delgado se negó a reportar el origen de los fondos''.
Delgado, quien explicó que es prima segunda y no sobrina del presidente, calificó las acusaciones de "maliciosas'' en una entrevista con El Nuevo Herald.
"Tengo como demostrar legalmente los ingresos que yo percibo porque vivo de mi trabajo, eso es demasiado malicioso'', afirmó Delgado.
Agregó que sus depósitos no pasaron de $52,000 aunque admitió que la cuenta fue cerrada porque no pudo responder las solicitudes de explicaciones del banco ya que la correspondencia llegaba a una dirección donde no estaba viviendo.
Una vez enterada, ofreció amplias explicaciones a un oficial de cuentas del banco, agregó.
"No puede ser posible que se trate de dañar la imagen personal y la del presidente de esa manera'', comentó Delgado
El lunes El Nuevo Herald hizo varias llamadas a la subsecretaria de prensa de la presidencia ecuatoriana, Carolina Espinosa, pero no fueron respondidas.
El Pacific National Bank NA (no tiene relación con el banco del mismo nombre en California) es subsidiario del Banco del Pacífico del Ecuador (BPE), que a su vez es propiedad del Banco Central del Ecuador.
Wolf, quien fue contratado como vicepresidente del banco en el 2005 y ascendido a presidente en el 2007, reportaba a Andrés Baquerizo, presidente del BPE desde enero del 2008. De acuerdo con la demanda, Baquerizo se aprovechó de su poder para hacer pedidos ilegales a Wolf, como contratar a Wilfredo Villacís Guillén, "un delincuente condenado, requerido en Ecuador en ese momento por enriquecimiento con dineros públicos''.
Baquerizo le dijo a Wolf que estaba bajo una gran presión de funcionarios del gobierno ecuatoriano para que el banco contratara a Villacís, pero que él sólo era un "mensajero'', señaló la querella.
De acuerdo con la demanda, dos abogados que consultó Wolf recomendaron no contratar a Villacís.
Afirma el abogado Costales que Baquerizo le pidió a Wolf el pago subrepticio de $8,000 de sobresueldo a través de un contratista del banco. Con esa maniobra, Baquerizo pretendía eludir la regulación que prohíbe devengar un salario más alto que el del presidente del Ecuador, aseguró la demanda.
Debido a sus negativa y protestas, alegó Wolf, en mayo del 2008, Antonio Prada, presidente de la junta directiva del PNB, le pidió la renuncia. De acuerdo con Raymond, Wolf fue despedido ‘‘porque no estaba haciendo su trabajo''.
El abogado de Wolf dijo que la demanda fue rechazada en una corte estatal no por falta de méritos sino por tecnicismos.

GOBIERNO ATACA A LEMOS EN LA CIDH

“GOBIERNO DENUNCIARÁ A EX ASESOR DE FEBRES CORDERO POR VIOLACIONES A DDHH
HOY. Publicado el 29/Octubre/2010

WASHINGTON. El ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador, José Serrano, anunció hoy que iniciará en las próximas semanas en Miami una acción civil contra Gustavo Lemos Larrea, ex asesor del Gobierno de León Febres Cordero, por crímenes cometidos durante la década de los ochenta.El ministro hizo el anuncio en una audiencia del 140 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde presentó a los comisionados el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador que se creó para investigar y esclarecer graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el Gobierno de Febres Cordero (1984-1988) y otros perÍodos, hasta 2008.
Gustavo Lemos Larrea era el asesor del ex ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, durante la presidencia de Febres Cordero, periodo durante el que se diseñó y ejecutó una polÍtica de Estado en cuyo marco, de manera sistemática y generalizada, se cometieron privaciones ilegales de la libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, según la Comisión.
"Lo que vamos a hacer con el señor Lemos es iniciar una acción civil por lo sucedido en Ecuador a partir de su acción como asesor del ex ministro de Gobierno Luis Robles Plaza. Fue el operador del Gobierno de León Febres Cordero para la represión y violación de derechos humanos", indicó Serrano.
"Él vive actualmente en Miami y nosotros estamos preparando esta demanda y la presentaremos en las próximas semanas", afirmó.
El ministro también explicó en la audiencia que Lemos, en el contexto del intento de golpe de Estado en Ecuador el 30 de septiembre: "pretendió tomarse nuestro consulado en Miami".
Serrano recalcó que la denuncia que interpondrá su país en EEUU contra Lemos no guarda relación con la acción en el consulado, pero, dijo: "obviamente estamos viendo que hay un vínculo".
"Mientras se presentó el Informe de la Comisión de la Verdad el señor (Lemos) preparó también todos estos temas y participó en los hechos del 30 de septiembre", aseguró.
El ministro afirmó que se observa una vinculación entre el Informe de la Comisión de la Verdad sobre los responsables de los crímenes cometidos y el intento de golpe contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa de hace un mes.
Apuntó, en este caso, a Lemos, operador de Febres, y a los ex miembros del eliminado Grupo de Apoyo Operacional (GAO), unidad de elite de la Policía Nacional sobre la que recaen varias denuncias de violaciones a los derechos humanos, con la sublevación contra el mandatario ecuatoriano.
El informe, dijo Serrano, refleja la voluntad del Gobierno "de jugarse por la democracia, por la vigencia de los derechos humanos y en donde el primer paso fue tener una nueva Constitución que está recibiendo la embestida de la infamia de la violencia por grupos de poder que pretenden no perder un milímetro de su impunidad, ni un centímetro de su status quo".
Según el ministro, "el 30 septiembre es una muestra de esto", dado que en el "intento de golpe y el posterior intento de magnicidio en contra de nuestro presidente también tienen como antecedente la voluntad y decisión del Gobierno de no olvidar y de juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el Gobierno de Febres Cordero".
Lemos, "como parte de los hechos del 30 de septiembre, quiso tomar nuestro consulado en Miami justamente pretendiendo hacer invisibles y mantener en impunidad sus nefastas y abominables acciones cometidas en la década de los ochenta", aseguró.

El ministro de Justicia también presentó una protesta formal ante la CIDH porque Mireya Cárdenas, víctima y parte de la Comisión, no pudo obtener el visado para acudir a la audiencia.
Otro miembro, Eduardo Khalifé, fue interrogado durante una hora en el aeropuerto de Miami sobre hechos específicos de la investigación, en concreto sobre Mireya Cárdenas, dijo Serrano. (EFE)”

jueves, 10 de noviembre de 2011

DECENAS DE ACUSADOS DE TERRORISTAS

Martes, 01 de Noviembre de 2011 01:58
El Gobierno del Presidente Rafael Correa, algunas Alcaldías, así como empresas privadas han impulsado una serie de denuncias y juicios en contra de dirigentes sociales, por su participación en diversas acciones de protesta social. Organizaciones sociales, ambientalistas y de Defensa de los Derechos Humanos han denunciado los casos que presentamos en resumen.

CASO 1.- Investigación judicial a pobladores de Morona Santiago opuestos a la explotación minera. En noviembre de 2006, indígenas de la Federación Interprovincial de Centros Shuar  (FICSH), se movilizaron con el objeto de exigir la salida de la empresa EcuaCorriente de las zonas San Carlos y Rosa de Oro, en la provincia de Morona Santiago. La empresa presentó el año 2007, una denuncia en contra del entonces  Alcalde de Limón – Indaza Antonio Castillo y 15 personas más.

CASO 2.- Juicio penal y encarcelamiento a indígenas Shuar. Dos técnicos de esa empresa que habrían intentado ingresar a la zona en abril de 2009 fueron impedidos de hacerlo por las familias Shuar ahí asentadas. Éstas habrían retenido sus implementos de trabajo (un GPS, un teléfono satelital y otros artículos). Ante el hecho, los técnicos de la empresa presentaron una denuncia por robo agravado en contra de los indígenas: Samik Adriano Ankuash Juwa, Tsetsekip Rafael Tsamaraint Sankup, Antuash José Mashu Asamant.

CASO 3.- Denuncia a operadores de justicia por fallar a favor de indígenas anti mineros, en Morona Santiago. Luego de que el Juez Tercero de Morona Santiago dictara el sobreseimiento definitivo en  noviembre de 2009, a favor de los tres indígenas involucrados en la retención de los implementos técnicos de los empleados de EcuaCorriente, el Fiscal  y Juez de lo Penal que conocieron la causa fueron denunciados por la empresa. El 8 de enero de 2010, la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de Judicatura instruyó un sumario administrativo para el Juez Tercero de Garantías Penales de Morona Santiago, para indagar el fallo por éste emitido.

CASO 4.- Indagación previa contra dirigente anti minero de Zamora Chinchipe. Integrantes del Comité de Defensa del Cantón El Pangui, fueron llamados a rendir declaración por supuestas lesiones provocadas a cuatro policías en enero de 2009, durante la protesta contra le Ley de Minería. Entre ellas María de Jesús Bravo Pagola y Aída Vintimilla.
CASO 5.- Pobladores anti mineros del cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. El alcalde presentó la denuncia contra cinco pobladores de El Pangui, luego de que los pobladores le reclamaran por haber negociado unilateralmente con la empresa EcuaCorriente. Mesías Córdova, Ángel Giovanni Ullaguari, Carlos Rumipuglla, Kevin Giovanni Ullaguari Morocho y Joel Vicente Zhunio.
CASO 6.- Pobladores anti mineros, provincia de Zamora Chinchipe. Durante la protesta nacional en contra de la Ley de Minería, en enero de 2009, un grupo de personas fueron detenidas por la Policía y procesadas. Dos de ellas, permanecieron detenidas durante 23 días, por supuesto terrorismo: María de Jesús Bravo Pagola, Aída Vintimilla, Mesías Córdova, Ángel Giovanni Ullaguari, Carlos Rumipuglla, Kevin Giovanni Ullaguari Morocho (menor de edad) y Joel Vicente Zhunio.

CASO 7.- Dirigente de Morona Santiago apresado y procesado. En el mismo contexto de movilizaciones por la expedición de la Ley de Minería, un dirigente de Limón fue detenido en enero de 2009, permaneció detenido hasta el 5 de febrero de 2009. Antonio Castillo Orellana ex Alcalde del Cantón Limón - Indaza.

CASO 8.- Acción penal contra familia campesina, cuya finca estuvo ubicada en zona de interés minero de la empresa EcuaCorriente. El Juzgado Cuarto de lo Penal de la provincia de Zamora dictó prisión preventiva contra un joven campesino por supuestas lesiones mutuas entre él y su agresor. Buscando que la familia campesina abandonara la tierra de interés de EcuaCorriente, esta empresa presentó dos acciones administrativas en contra de la familia. La primera ante la dependencia provincial del Ministerio del Ambiente, por supuesta tala de bosque, y la segunda, por supuesta invasión a la concesión minera “Mirador 3”. Familia Belezaca Vintimilla.

CASO 9.- Integrantes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar acusados de sabotaje y terrorismo con muerte. Once integrantes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FCSH),  fueron acusados de sabotaje y terrorismo a raíz de la movilización protagonizada por el pueblo Shuar en Morona Santiago durante la jornada de protesta contra el proyecto de Ley de Aguas. Públicamente los dirigentes de esta organización han expresado su posición de no permitir la explotación petrolera/ minera en territorio Shuar. Los acusados son 5 entre ellos Pepe Acacho, Vicepresidente de la CONAIE.

CASO 10.- Pobladores del cantón Las Naves, provincia de Bolívar, reprimidos y judicializados. El 26 de junio de 2010, moradores del cantón las Naves, emprendieron acciones de protesta contra la extracción minera de la Empresa CURIMINING SA. Esta acción fue reprimida violentamente por un pelotón de aproximadamente 400 policías, quienes haciendo uso desproporcionado de la fuerza, agredieron a los manifestantes. La Policía señaló al azar a las personas que actualmente enfrentan las acciones penales: Gabriela Rochina Rochina, José Manuel Guzmán Quinaloa, Edgar Gonzalo Vizcarra, Dalila Peralta Rizo, Gabriel Rochina, Manuel Guzmán, Micaela Guzmán, Enma Gavilánez Peña, Francisco Muñoz Castro.

CASO 11.- Denuncia penal contra pobladores del cantón Las Naves. Luego de una movilización de protesta por el proyecto minero de la empresa Curimining S.A, en la provincia de Bolívar, esta empresa denunció en octubre de 2010 ante la fiscalía de Echeandía, a 37 personas. Se encuentran procesados: Esther Landetta Chica (Tenguel), Gabriela Rochina Rochina, José Manuel Guzmán Quinaloa, Edgar Gonzalo Vizcarra, Dalila Peralta Rizo, Gabriel Rochina, Manuel Guzmán, Micaela Guzmán, Enma Gavilánez Peña y Francisco Muñoz Castro.

CASO 12.- Pobladores del cantón Nabón, beneficiarios de las amnistías de 2008, a pesar de lo cual han sido sentenciados a 8 años de reclusión mayor, por sabotaje y terrorismo. Enfrentan un juicio por supuesto sabotaje. Setenta personas de Nabón ingresaron al campamento Belén de la empresa minera Explorsur S.A, en protesta por las actividades de la empresa en el páramo de Shincata, lugar en el que nacen las vertientes de agua para la parroquia Cochapata. Están procesados: Vinicio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Patiño Quezada, Segundo San Martín Mora, Luis San Martín Mora, Manuel Capelo Erraez, Rodrigo Quezada Sanmartín.

CASO 13.- Investigación judicial contra dirigentes de la parroquia Selva Alegre, provincia de Imbabura. La comunidad Mocoral-Barcelona denuncia que la empresa CECAL ha operado durante tres décadas, sin estudio de impacto ambiental, sin plan de manejo ambiental, sin licencias ambientales ni títulos mineros regularizados, ni tampoco ha cumplido los compromisos asumidos con la comunidad. Ante esta situación la comunidad interrumpió las actividades de la empresa CECAL. A raíz de lo cual la empresa presentó un recurso de amparo ante la Agencia de regulación y control minero de Imbabura, en contra de 8 comuneros, entre ellos Polivio Pérez, dirigente de la comunidad.

CASO 14.-  Enjuiciamiento a dirigentes y comuneros de Azuay. La detención y posterior procesamiento judicial se dio cuando efectivos de la Policía nacional reprimieron la movilización pacífica realizada el 4 de mayo de 2010,  contra el proyecto de la Ley de Aguas y por la anunciada actividad minera en la zona. Procesados Florencio Guzmán, Carlos Pérez, Federico Guzmán y Ángel Arpi.
CASO 15.- Indagación judicial contra maestras indígenas y dirigentes comunitarios de “Las Lagunas”, “Ilincho” y Gunudel, del cantón Saraguro, provincia de Loja. El 12 de mayo de 2010, cuando se realizaron movilizaciones en defensa del agua, varias maestras que realizaban actividades con niños del centro educativo Inty Raymi, de “Las Lagunas” fueron acusadas y procesadas.

CASO 16.- Investigación judicial contra dirigentes y comuneros de la parroquia San Lucas, provincia de Loja
. Durante las movilizaciones contra el proyecto de Ley de Aguas, se produjo el apresamiento de 8 personas, ante lo cual una multitud retuvo a algunos policías como medida de presión para que sus compañeros fueran liberados. El 13 de mayo de 2010, el Alcalde de Saraguro pidió a la Ministra de Educación la destitución de sus cargos de los maestros interculturales bilingües Julio Gualán y Gabriela Albuja.

CASO 17.- Dirigentes de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), provincia de Imbabura. Luego de la movilización nacional de mayo de 2010, convocada por la CONAIE en oposición al proyecto de Ley de Aguas, el  gobernador de Imbabura, presentó una denuncia por el delito de sabotaje y terrorismo en contra de tres dirigentes de la FICI.

CASO 18.- Dirigentes de la CONAIE y de la ECUARUNARI acusados por sabotaje y terrorismo. En junio del 2010 indígenas marcharon hacia la ciudad de Otavalo,  para expresarse  ante la X Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), la misma que contó con la  presencia de mandatarios de varios países. En la movilización se expresaron consignas sobre el incumplimiento de los derechos de los pueblos y denunciaron la desatención por parte de las autoridades del Estado acerca del agua, recursos naturales, educación intercultural, salud intercultural, administración de justicia y el constante descrédito y discriminación de la que son objeto sus dirigentes: Marlon Santi, Delfín Tenesaca, Pepe Acacho
CASO 19.- Medida administrativa contra dirigente de organización de pescadores artesanales de la comunidad de Olmedo, provincia de Esmeraldas. La comunidad de Olmedo organizó una movilización hacia el estero Guachalá, que una empresa camaronera había convertido en parte del canal que utiliza tanto para succionar el agua del estero como para verter parte de sus desechos. A pesar que en dicho evento no participó el líder comunitario, días después el Ministerio del Ambiente elaboró un informe que inculpa a este representante comunitario de haber talado árboles de mangle, e inició un proceso que terminó condenando a Modesto Segura, líder de la comunidad de Olmedo, a pagar una multa de más de dos mil dólares
CASO 20.- Acusación penal a dirigentes de comunidad de Salango, provincia de Manabí. La Gobernación de Manabí y el Ministerio Coordinador de Patrimonio han intervenido para recuperar las 34.2 hectáreas de tierras comunitarias que hace nueve años fueron supuestamente escrituradas ilegalmente por el ciudadano suizo Patrick Bredthauer y su socio Ángel Pinoargoty. El 19 de junio de 2009, la Secretaría Nacional de Transparencia, la Secretaría de Pueblos y la Gobernación de Manabí procedieron a abrir y desprivatizar los caminos y playas públicas. Sin embargo, Arturo Mera Intriago, Juez Segundo de Garantías Penales de Manabí, aceptó un recurso de amparo presentado por Patrick Bredthauer, quien presentó acciones judiciales en contra de autoridades locales, dirigentes y comuneros de Puerto López y Salango.

CASO 21.- Juicio penal  por denunciar contaminación ambiental en Tenguel- provincia del Guayas. Este proceso se inició como retaliación a las  denuncias que realizara la presidenta del “Comité Pro defensa de Nuestro Ríos Tenguel, Gala, Siete y Chico” en relación a la contaminación de los ríos y su impacto en la salud de la población y en la vida acuática. Procesados: Esther Landetta, Hugo Anchundia, Juan Asencio Castillo y Raúl Asencio Gamboa.

CASO 22.- Personas de Zaruma, investigadas por denunciar la contaminación minera. Estas personas han sido investigadas por denunciar la contaminación y daños ambientales producidos por la  pequeña y mediana minería del sector.

CASO 23.- No aplicación de amnistía a personas procesadas civil y penalmente por la empresa ADELCA, cantón Mejía, provincia de Pichincha. Se trata de uno de los procesos instaurados por pedido de la empresa ADELCA en contra de dos pobladoras de Tambillo, opuestas a que dicha empresa extendiera su infraestructura y actividad. Pese a que las tres pobladoras de Tambillo son beneficiarias de las amnistías emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente en 2008, autoridades judiciales de lo civil, llamaran a las tres pobladoras a rendir confesiones.

CASO 24.- Dirigentes laborales acusados de sabotaje y terrorismo. Por supuestos daños causados a una puerta del edificio del IESS Guayaquil, durante una marcha de los trabajadores del Ingenio San Carlos al IEES el 20 de junio de 2011. Procesados Bolívar Merchán, Presidente de la Federación de Trabajadores del Guayas y Jaime del Valle.

Caso 25.- Enjuiciados por atentar contra el orden público. Profesores de la Unión Nacional de Educadores, UNE, acusados porque supuestamente instigaron a que los estudiantes y profesores del Colegio Aguirre Abad salgan a las calles el 30 de septiembre del 2010. Enjuiciados: Mery Zamora y Wilson Pazmiño.

Caso 26.- Acusados de sabotaje por protesta en la empresa eléctrica. El 18 de noviembre del 2009, cuando el Presidente Correa visitaba a la Empresa Eléctrica de Guayaquil, se produjeron protestas. Acusado: Kleber Albardo.

Caso 27.- Enjuiciados por protestas realizadas en la provincia de Los Ríos. Dirigentes sindicales realizaron acciones de protesta en defensa de la estabilidad laboral. Otto Ramón Cappig, Secretario del Comité de Empresa de la Eléctrica de los Ríos Emel – Ríos, y Lenin Sánchez trabajador de Emel Ríos.

Caso 28.- Acusación de sabotaje a dirigente de los empleados del Ministerio de inclusión Social. Acusado de sabotaje por haber quemado llantas en las inmediaciones del Ministerio y de haber apagado la luz de esa institución. El se encontraba dirigiendo una Asamblea de los empleados que reclamaban el pago de los fondos de reserva. Max Rivera, Ex Presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Inclusión Social.

Caso 29.- Dirigente estudiantil sentenciado a 8 años de cárcel por sabotaje y terrorismo. Participó en diciembre del 2009 en acciones que afectaron al Rectorado de la Universidad Central del Ecuador, y que debieron ser contravenciones sancionadas, pero inaudito acusarlo de terrorismo y sabotaje, a más de ser trasladado a la cárcel de Lago Agrio violando la Ley.
Marcelo Rivera ex presidente de la FEUE
Caso 30.- Empleados de la Universidad de Chimborazo acusados de terrorismo. Empleados y estudiantes de la Universidad de Chimborazo se encontraban realizando acciones de protesta contra la Ley de Educación Superior desde agosto. Los días 29 y 30 de septiembre del 2010 volvieron a manifestarse frente a la Gobernación de Chimborazo. Se encuentran acusados por terrorismo y sabotaje: Lola Maldonado, Luis Carvajal, Elías López y Aníbal Oleas. 

Caso 31.- Rector de Universidad y dirigentes estudiantiles acusados de Sabotaje y terrorismo. Profesores y estudiantes de la Universidad de Cotopaxi realizaron manifestaciones de protesta contra la Ley de Educación Superior, paralizaron la panamericana en las inmediaciones de la ciudad de Latacunga. Se encuentran enjuiciados: Ing. Hernán Yánez Rector de la Universidad de Cotopaxi, Edwin Lasluisa ex dirigente de la FEUE, Paul Jácome Asambleísta Alterno de Cotopaxi, Xavier Cajilema, concejal de Latacunga.
Caso 32.- Acusado de lanzar gas lacrimógeno dentro del Coliseo de la Concordia en el que se encontraba el Presidente de la República. Se encuentra con orden de detención y el reportero niega la acusación. Periodista Juan Alcivar.

lunes, 7 de noviembre de 2011

CRIMINALIZÁNDOLES PERSIGUE EL GOBIERNO A LOS HUMILDES DEL CAMPO

En el documento que publico a continuación hay una denuncia internacional de los organismos de derechos humanos de Ecuador, sobre la “criminalización”, una nueva forma de perseguir a los indígenas y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Muchos rumores se han escuchado, desde ahora va a ver con detalles lo que la ‘revolución ciudadana’ viene haciendo desde el 2008 con los humildes que habitan en ‘el Ecuador profundo’, lejos de Quito, Guayaquil, Cuenca. Ellos no tienen mucho espacio en los medios convencionales (en los del Estado, cero), si retransmite estas notas, les hará mucho bien. El mundo debe conocer las acciones antiderechos humanos solapadas que se realizan aquí.


CRIMINALIZACIÓN A DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA
SEPTIEMBRE 2011

CEDHU, ACCIÓN ECOLÓGICA, INREDH

ANTECEDENTES
Ante la escalada de procesos investigativos y judicializaciones en contra de personas que defienden sus derechos y los de sus comunidades, Acción Ecológica, la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU y la Fundación Regional de Asesoría en
Derechos Humanos, INREDH organizaron en noviembre de 2007 la primera cumbre sobre criminalización en Ecuador. Decenas de casos de criminalización que involucraban a cientos de hombres y mujeres, la mayor parte habitantes de provincias y zonas con mega proyectos de “desarrollo”, fueron socializados y sistematizados en ese evento.
En el año 2008, los colectivos y organizaciones de las personas afectadas y organizaciones ecologistas y de derechos humanos, presentaron dos peticiones de amnistías a la Asamblea Constituyente, la misma que resolvió favorablemente en las dos ocasiones, ordenando a las autoridades pertinentes, el archivo de los expedientes investigativos y judiciales.
A pesar del reconocimiento por parte del Estado de que cientos de personas habían sido criminalizadas mediante la instrumentalización del sistema de justicia, y pese al precedente político-jurídico que constituyó el mandato constitucional de amnistías, nuevos procesos investigativos y judicializaciones han tenido lugar a partir del año 2008. Otra de las situaciones dadas es el incumplimiento de amnistías en tres de los casos beneficiados con aquellas.
Los nuevos casos que describimos se dan en contextos de resistencia de colectivos y personas ante proyectos “productivos o de desarrollo” que implican ocupación territorial y afectaciones medioambientales, y por movilizaciones realizadas a partir de la emisión de leyes o proyectos de ley que propician la ejecución de estos proyectos. Tales proyectos, principalmente extractivos y agroindustriales, son impulsados y defendidos por el estado como expresión del “interés nacional” y constan como prioridades del denominado Plan Nacional del Buen Vivir.
En los procesos de criminalización que describimos en este documento, subyace el quebrantamiento de derechos fundamentales como el derecho al agua, la tierra y la territorialidad, el derecho a no ser desplazado, a la consulta ambiental y pre-legislativa, establecidos en la Constitución del Ecuador, junto con otros, como el derecho a la resistencia (artículo 98), el derecho de la naturaleza o pachamama a ser defendida (artículo 71), la prohibición de todo tipo de privatización del agua y el establecimiento de una prelación en su uso, privilegiando el consumo humano, la agricultura familiar y el cuidado de la naturaleza (artículo 318), la soberanía alimentaria como garantía para toda la población (artículo 281), y el carácter plurinacional del estado (artículo 1).

Quiénes son defensores y defensoras de derechos humanos
El ejercicio de la resistencia por parte de personas y colectivos en tanto mecanismo de reclamo y protección de derechos comunitarios, colectivos y ambientales, propicia el reconocimiento de esas personas como defensoras de derechos humanos.
Según las Naciones Unidas, “...Defensores de derechos humanos son todas aquellas personas que asuman el compromiso de trabajar por el respeto de las condiciones de vida digna de los demás ciudadanos con los que conviven en su colectividad o a quienes han decidido ayudar por cualquier medio o de cualquier forma, ya sea activando acciones legales o de hecho.”1
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual de 2006, como la Representante Especial para los Defensores de Derechos Humanos de la ONU, han mostrado su preocupación por la utilización de acciones judiciales o administrativas contra personas que defienden derechos de las personas y de las comunidades, con el propósito de hostigamiento y desprestigio.2
“Más grave aún es la situación de líderes sociales de las provincias, ciudades y comunidades alejadas de los centros de poder político, pues al no existir instituciones del Estado que garanticen sus derechos, quedan en la primera línea de protesta, enfrentando a poderes particulares y públicos y recibiendo hostigamientos directos que generalmente terminan en enjuiciamientos judiciales infundados”3
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido denuncias que señalan la persecución y hostigamiento de defensoras y defensores a través de la iniciación sucesiva de procedimientos judiciales que meses después son sobreseídos por no encontrar responsabilidad de las personas procesadas en los hechos investigados. No obstante dichos sobreseimientos, nuevas investigaciones -en la mayoría de los casos con pruebas distintas pero relativas a acusaciones similares- son abiertas y, como consecuencia, se ordenan nuevas detenciones o restricciones judiciales. La Comisión ha recibido denuncias de varios casos de la apertura y sobreseimiento de estas acusaciones penales contra una misma persona, así como de la apertura y sobreseimiento sucesivo de investigaciones respecto de varios líderes de una misma organización o reivindicación.

sábado, 22 de octubre de 2011

¿POR QUÉ LOS CORONELES CHIRIBOGA Y MERA ESTÁN INVOLUCRADOS EN EL CASO RESTREPO?

El 22 de junio de 1988, los Restrepo le hicieron llegar una carta al presidente León Febres Cordero, manifestándole sus dudas sobre el accidente y la necesidad de una profunda investigación. El presidente, en la misma nota sumilló esa orden al ministro de Gobierno Heinz Moeller… los generales se pusieron en acción. Encargaron la nueva investigación al mayor José Gabriel del Pozo que formó un equipo interinstitucional, de élite, con Doris Morán a la cabeza.
En la primera reunión, el 15 de julio, estuvieron Morán y los detectives 06 (desconocido), 015 (desconocido), 023 Edwin Pazmiño Sagbay, 134 (desconocido) y 136 Jenner Arboleda, por el SIC; capitán Robalino y teniente Rueda, por el GIR; y teniente Edmundo Efraín Mera Hernández y Juan Sosa Mosquera, por la UIES.
El 8 de enero de 1988, Mera Hernández y Sosa Mosquera laboraban en el SIC-10. Sosa, incluso, tuvo ese día el primer turno de guardia de la noche en los calabozos del SIC-P.
Desde el 20 de julio hasta el 8 de septiembre, manteniendo la teoría del accidente de tránsito, este equipo fue por segunda vez a la quebrada Paccha, para –según escribió Morán en su informe- “realizar otro rastreo minucioso para tratar de obtener alguna evidencia más convincente en torno al caso que se investiga”. El juez policial, Pedro Marcelo Carrillo Ruiz, escribiría después en un proceso judicial contra Barrionuevo, Del Pozo, Valenzuela y Morán cumplido en octubre de 1991, que “esta búsqueda se hizo ante los escándalos e insistencia de los padres”.
Del Pozo aseguró que en ese rastreo “intervinieron prácticamente todas las fuerzas: Ejército, Marina, FAE, Policía Nacional, instituciones que han aportado con recursos humanos y medios técnicos: hombres ranas, helicópteros, sistemas de comunicación”.
Las evidencias del accidente que “encontraron” fueron: pedazos de tapiz del carro y otras partes pequeñas, “un pedazo de tela de camisa color crema que en la tarde le llevaron a la familia Restrepo que dijo no coincidir con ninguna prenda que llevaban puestos sus hijos el día de la desaparición”. La familia desmintió: “Jamás trajeron ese pedazo de tela”. Dos toallas higiénicas, un pelo negro, un pedazo de piel de animal.
Haciendo un paréntesis en su “esmerada” búsqueda, el 21 de julio llegaron a la casa de los Restrepo ocho policías, encabezados por Morán. Preguntaron cómo iban vestidos Santiago y Andrés. Más énfasis pusieron en averiguar la característica de sus zapatos.

Mientras tanto, continuaban las ofertas de “entrega” de los niños. El 25 de julio, Luz Helena fue a la casa de los Morán a reclamar por uno de los incumplimientos. La enérgica insistencia de la madre provocó el llanto de la subteniente que preguntó:
-Bueno señora, ¿y si ahora sí le lleváramos una prenda de sus hijos?
-¡Entonces demostraré al mundo que no hubo accidente! –respondió Luz Helena.
En febrero, Morán se “cortaba la cabeza” porque Santiago y Andrés no estaban en la quebrada y en julio ofrecía evidencias de que los chicos se accidentaron.
“Estas palabras me dieron un ataque de histeria y los padres de ella tuvieron que sacarme sostenida. A los tres días, el 28 de julio de 1988, trajeron el zapato”. A su hermana Martha Cecilia le contó cómo fue esa escena: “Morán llegó a devolver la jaba de colas que los policías pedían a la familia todos los días para refrescarse en su “ardua búsqueda” en la quebrada. Ella se fue y minutos después llegaron el teniente Edmundo Mera Hernández y el teniente Miguel Ángel Chiriboga, con un maletín pequeñito. Sin decirle a Luz Helena qué llevaban en ese maletín, le pidieron que les permitiera hablar con la empleada en el sitio más reservado de la casa. Luz Helena les señaló el comedor pero se quedó escondida detrás de una pared y escuchó que a su empleada Dora Lara le preguntaban:
-¿Este es el zapato de uno de los jóvenes?
-Sí, este es el zapato del niño Santiago.
Luz Helena oyó y entró.
-¿Qué pasa?
La madre vio el zapato.
-¡Es el zapato de Santiago! –gritó y de inmediato preguntó:
-¿De dónde traen este zapato?
-De la cascada –contestó Mera.
Con la empleada observaron el zapato. A Dora le sorprendió la zuela usada, como si Santiago hubiese caminado entre rocas, piedras. Esos zapatos Santiago se los había puesto, por primera vez, el día de su graduación, sobre una alfombra, y la segunda, el 8 de enero de 1988. “A Luz Helena le llamó la atención que el zapato no mostrara evidencias de haber permanecido a la intemperie durante siete meses. No estaba deformado, no tenía muestras de pantano seco ni humedad interior, solo en la punta, parte externa, estaba deliberadamente sucio”.
Mera Hernández diría después: “Limpié el zapato con la finalidad de poder observar en mejor forma y de esa manera poder llevar ante los ojos de la señorita Dora Lara para el reconocimiento”. No explica por qué buscó a la empleada y no a la madre.
Las dudas expresadas por Luz Helena, no preocuparon a este policía.
-Señora, ¿dónde compró los zapatos? –preguntó el policía.
-En Bogotá –respondió Luz Helena.
Mera insistió hasta cuando Luz Helena confesó la verdad: los había comprado en Medellín. “El oficial mostró un rostro de alivio, como si hubiese hecho un gran descubrimiento”.
Para mostrarles el zapato, del Pozo les convocó a los Restrepo… el 30 de noviembre. Luz Helena, Pedro, Martha Cecilia y Dora Lara, así lo hicieron. El mayor les envió a la Brigada de Menores. Allí estaba Edmundo Mera, de la UIES y al poco rato llegó del Pozo. Mera sacó de unos periódicos viejos y sucios, tres zapatos, dos de Santiago y uno de Andrés. La familia se sorprendió porque dos días atrás, del Pozo había hablado de un solo zapato.
… Luz Helena se dirigió al teniente Edmundo Mera.
-¿Por qué cuando me llevó el zapato a mi casa, el 28 de julio, no anotó las observaciones que hice sobre el estado del zapato?
-No lo hice.
La madre insistió por una respuesta.
-Porque yo no escribo lata –dijo Mera Hernández.
Argoti fue ese día al SIC, llevando un cassette con una conversación de la subteniente Morán con los Restrepo. La familia quería que lo entregara a la Policía como una prueba del engaño de esta mujer.
Este segundo cassete de la historia, lo recibió el mismo José Gabriel del Pozo que lo pasó al teniente Juan Sosa y él, al teniente Edmundo Mera “para que lo escuchara y realizara su transcripción mecanográfica. Dándose cuenta que su contenido no aportaba en mayor forma para la investigación que realizaba”, el teniente Sosa lo usó en otros trabajos y borró la evidencia”.
El teniente coronel Elías Federico Mera Cevallos… había asumido esa jefatura (del SIC-P) en septiembre de 1988 y por la trascendencia nacional e internacional que adquirió el caso, dispuso que el teniente Miguel Angel Chiriboga Hurtado, jefe de la Brigada de Menores, y el agente Luis Sampedro, elaboraran un informe relámpago.
Chiriboga y el teniente Edmundo Mera Hernández, fueron identificados por Luz Helena como los hombres que tiempo atrás la habían perseguido desde tempranas horas de la mañana por todas las iglesias a donde iba a orar. Chiriboga también participó en el “descubrimiento” de los zapatos.
El 12 de diciembre de 1988, Chiriboga y Sampedro presentaron un informe subjetivo y bastante contradictorio. Sostenían a rajatabla que hubo accidente de tránsito, pero también una posible fuga del hogar, lío de faldas y narcotráfico.

Páginas 83, 84, 85, 87, 99, 100, 101, 105, 106 del libro “Caso Restrepo, crimen de Estado”, de Mariana Neira, Editorial Eskeletra, 1998.

viernes, 21 de octubre de 2011

¿POR QUÉ EL GENERAL ALULEMA ESTÁ INVOLUCRADO EN EL CASO RESTREPO?

El viernes 20 de septiembre de 1991, a las 21h00, un comando del GIR, al mando del capitán Wilson Alulema Miranda, llegó para realizar una requisa. Recordando lo que había pasado cuatro días antes, un guía de apellido Rojas le dijo a España: “Venga un ratito”, y le sacó de la celda. España se asustó. Al caminar por un pasillo observó la presencia del GIR y se preguntó qué estará pasando. El guardia, nervioso, le pidió: “¡Corra a la oficina del pabellón administrativo!”
Comenzó la requisa. Transcurrieron unas dos horas y el capitán Alulema ingresó a esa oficina donde encontró a España. Le pidió al jefe de guías, Luis Palacios, que les dejara solos. Este se negó. Según consta en el proceso que se siguió en los tribunales policiales, Alulema le preguntó a España por qué había realizado esas declaraciones sobre el caso Restrepo, cuáles fueron los motivos, si talvez existía dinero de por medio. España le contestó que lo hacía porque vio lo que sucedió con los menores Restrepo; que no se fue contra la institución policial “ya que mi orgullo es haber trabajado en ella”. El capitán le anticipó que saldría de prisión después de tres años y como no hay evidencia, sería el último en salir. “Me pidió que me retracte de lo que he dicho y que de alguna manera se me ayudaría, porque me estoy yendo en contra de un general y yo iba a salir mal parado. Yo le indiqué que jamás me retractaré y que a mi general Molina, yo jamás le había involucrado, ya que él solo me castigó”.
Terminado este diálogo, España regresó a su celda y encontró todo desbaratado. Los del GIR habían destruido su pequeño extractor de jugos, metiéndole un cuchillo en el motor, igual la licuadora. Destrozaron el charango que le había prestado un amigo, rompieron su ropa, arrancaron las hojas de su biblia y del cuaderno en el que llevaba un diario de su vida, se llevaron dinero y cartas de amigos y familiares en las que supuestamente esperaban encontrar alguna evidencia en contra de España.
Mientras se reponía de la ira por encontrar todo destruido, el jefe de guías le dijo a Hugo España: “No cogerá nada porque ellos ingresaron con una funda de raticida que decomisaron en el pabellón durante la requisa”. Buscaron el veneno y no aparecía. España tenía hambre. Su sorpresa fue grande cuando al comenzar a calentar su sopa, salía un olor horrible, a químicos. Apagó la cocina y llamó a los guías para que observaran. Al siguiente día pidió la presencia de un canal de televisión. Las autoridades penitenciarias consideraron que por los acontecimientos anteriores, los ánimos de los reclusos estaban caldeados y no era conveniente el ingreso de periodistas que podrían ser tomados como rehenes. Solo entraron los diputados socialistas Diego Delgado y Segundo Serrano, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, junto a Elsie Monge de la CEDHU. Sacaron los alimentos contaminados y los enviaron para su examen al Instituto Izquieta Pérez. El 2 de octubre de 1991 se hicieron públicos los resultados: la sopa de España estaba contaminada con insecticida Baygón y raticida Racumín, venenos letales.
A los pocos días de la denuncia pública, el capitán Alulema visitó a la autora para asegurar que “En ningún momento le exigí al señor España que se retracte; peor le amenacé”.
Nunca hubo investigación policial ni sanción para los responsables. Más bien empezó a circular este anónimo:
Caso Restrepo:
¿Racumín para una rata?
Páginas 250/251 libro “Caso Restrepo, crimen de Estado”, de Mariana Neira. Editorial Eskéletra.

miércoles, 5 de octubre de 2011

¿LASSO EL PRIMER CANDIDATO… CHIMBADOR?

Les voy a contar un chisme. Hace unos tres años, en una reunión de café alguien que –les juro, no me acuerdo quién fue- dijo que la imagen de Correa se iba a desgastar pronto –por su lengua y su mal carácter-. Eso está sucediendo. Correa y sus encuestadoras se dan más del 70% de popularidad, pero Monitor de la Opinión Nacional acaba de informar que “la credibilidad del Primer Mandatario se sitúa en el 41,52%” (El Comercio, 26 de septiembre 2011). Este porcentaje me parece más lógico porque cada día encuentro más arrepentidos de Correa, por sus correazos. Me decía ese alguien que si las cosas se ponían muy malas y este señor tenía que irse a su casa, a la China o a la Cochinchina, habría que pensar en alternantes que podrían ser éste, éste, éste... y Guillermo Lasso. A mí me pareció absurdo el nombre de este banquero de sonrisa forzada, tieso, anticarismático. Les comenté a varios amigos –hasta a un pariente de Lasso- que los mismos adeptos al gobierno tenían bajo la manga este nombre para sustituir a Correa. Me creyeron fuera de foco, pero vean, ahí está, Lasso en plena campaña desde el martes 27 de septiembre 2011 cuando lanzó un libro familiar con un discurso ultra político. En el acto estaba toda la derecha… ¿Y Correa será de izquierda?, me preguntó la persona con quien conversé sobre esta reunión.

Ahora le vemos a Lasso todos los días en la tele, andando de tienda en tienda, como un filántropo, con una sonrisa de oreja a oreja. Y hasta adeptos importantes en la, dizque izquierda, tiene. En una entrevista reciente, el ex alcalde indígena de Cotacachi, Auki Tituaña señaló a Lasso como una nueva opción. ¿Lasso opción independiente, de derecha, de izquierda o chimbador? En Venezuela –lo escuché a un entrevistado en CNN-, es el mismo Chávez quien escoge a los candidatos para que compitan con él, porque mientras más candidatos ‘opositores’ existen, más se divide el electorado y en ese marco de confusiones, la oposición real tiene las de perder.