LEMOS CITADO POR DIEGO DELGADO CUANDO CASI LE MATARON
(Diego Delgado fue Ex diputado y ex candidato a presidente de la república)
“En agosto de 1984, León Febres Cordero Rivadeneyra triunfó en las elecciones presidenciales y asumió la Presidencia del República. En su ejercicio, Febres Cordero procuró concentrar el poder llegando a interferir en las otras funciones del Estado, amedrentó a sus contendientes políticos y a periodistas y medios de comunicación que denunciaban su accionar favorable a la élite económica que le rodeaba y la dura represión a los sectores sociales opositores.
En 1983 y 1984 aparecen en el país grupos políticos con intensión de forjar un movimiento armado necesario para su estrategia de lucha. En este contexto, el gobierno de Febres Cordero generó un severo proyecto represivo, creando grupos especiales de inteligencia; nombró a personas allegadas al régimen para laborar en Intendencias y Comisarías de Policía, facilitando las detenciones arbitrarias, allanamientos y otros procedimientos y medidas en contra de quienes habían sido capturados por actos ilícitos o subversivos, o cuya vinculación con éstos o con sus responsables se presumía.
El caso del entonces diputado socialista Diego Delgado quien en el año 1986, en su condición de legislador y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, logró que se instaure un juicio político en contra del ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, iniciado el 28 de septiembre de 1987, por violaciones de los derechos humanos, basándose en denuncias y documentos entregados por los familiares de algunos afectados.
Hacia las 23h00 del viernes 23 de septiembre de 1987, el diputado Diego Delgado Jara salió del edificio del Congreso Nacional, ubicado en el sector centro-norte de la ciudad de Quito, acompañado por su amigo y colega de militancia, Guillermo Pazmiño, este último recuerda que “tomamos la calle del Palacio de Justicia [ubicado apenas a pocas cuadras] caminando hasta que observamos que a la altura de la calle que dobla al Registro de la Propiedad, me di cuenta que había tres o cuatro personas de sexo masculino que caminaban por la misma dirección y en la parte del Colegio Espejo los antes nombrados sujetos nos agredieron, habiendo observado que a tres de ellos eran de tés morena de tipo serrano, de pelo corto, dos de ellos armados con revólveres gruesos.
Uno de ellos blandió su arma contra el diputado Diego Delgado, con la intención de golpearle dándose lugar a una persecución de dos o tres de ellos contra el doctor Delgado y uno contra mí. El Dr. Delgado logró cruzar la calle del parque Alameda, por lo cual yo me retrasé mientras que mi persona opté por correr en pedir auxilio y no fui capturado”.
Diego Delgado escuchó decir: “Es el del terno azul. Escapé y les gané en carrera, pero de un auto amarillo salieron varias personas con pasamontañas. Sentí un golpe terrible en la mitad de la cabeza, desde atrás, con lo que salieron volando mis lentes. Alguien me amenazó: ‘Si sigues corriendo te disparo’ me di la vuelta, era el único al que vi el rostro: ‘tenía la mandíbula ancha, muy ancha, entiendo que era un oficial de apellido Mantilla”.
Le golpearon y arrastraron hasta un vehículo marca Cherokee de color azul, “cuando me iban llevando arrastrado, yo quería cogerme de todo sitio porque a uno le duele que le halen del pelo y me arrastraban todo el tiempo y yo pensé que ahí estaba participando la Policía -era mi apreciación- porque llegó un carro que había una luz azul y roja, se pararon y alguien bajó del carro habló con ellos los captores de Diego Delgado y dijo: ‘sigue nomás, no hay problema’; uno de sus agresores le decía: ‘ya vas a ver cómo te matamos’, yo le dije: ‘¿Y con las manos que me vas a matar piensas ir y acariciar a tus niños?’. El tipo se enfureció, me dio en la boca y me rompió el paladar. Me trasladaron al Valle de Los Chillos cerca de la ciudad de Sangolquí al sur-oriente de Quito, a un sitio despoblado, allí la golpiza continuó, me golpearon con una velocidad increíble, siquiera unos diez a quince minutos, pero brutalmente, una golpeada feroz. Entonces yo dije estos tipos me van acabar matando. Mientras lo golpeaban le decían: ‘socialista tal y cual, morlaco desgraciado’. Algunos de los agentes decían: ‘nosotros somos de Alfaro Vive Carajo, ahora defiéndenos”.
Mientras dos de sus agresores lo golpeaban, Diego Delgado se cubría la cabeza, por lo que uno de sus brazos fue fracturado con un golpe y, en esas circunstancias, se desplomó fingiendo estar muerto. Los agentes lo abandonaron y se alejaron del lugar, dándolo por muerto.
Con obvias dificultades y una vez que se cercioró que se encontraba solo, se incorporó y caminó por un recorrido distinto al que lo llevaron sus agresores. Después se percató que el Cherokee regresó y daba vueltas por el lugar donde sus captores lo habían abandonado. Siguió caminando y llegó a una casa en la que le brindaron ayuda y le condujeron al hospital de la ciudad de Sangolquí, en donde el conserje le comentó que un patrullero de la Policía había pasado preguntando por él. Luego fue trasladado a Quito a la clínica Santa Cecilia y, después, al hospital Metropolitano. Para cuando era atendido en la clínica, por acción de Guillermo Pazmiño que informó del secuestro de Diego Delgado a Enrique Ayala y Milton Granda, diputado y dirigente socialista respectivamente, el hecho ya era de dominio público, los legisladores de la oposición responsabilizaron del atentado al gobierno de León Febres Cordero, quien rechazó el hecho.
Con las primeras informaciones sobre lo ocurrido, Víctor Granda, dirigente del Partido Socialista, tomó contacto con el ministro de Gobierno para reclamar por los hechos y exigir protección, a raíz de lo cual, Gustavo Lemos Larrea, asesor de dicho ministro, se comunicó con él para conocer el paradero del diputado.
Diego Delgado refiere que “cuando yo llegué a la clínica Santa Cecilia llegó un tipo que yo no sabía quién era, pero con el arma dando la vuelta en mi cara decía si yo podía reconocer a alguien o si no pensaba que podrían haber sido de la Izquierda Democrática tal vez o tal vez del MPD [Movimiento Popular Democrático], porque yo tenía diferencias políticas con todo el mundo.
Yo decía que no puede ser porque ellos son del otro bloque progresista. Pero la pregunta en que todo el tiempo insistía era en que si podía haber visto la cara a alguien, y yo le decía que no he visto porque tenía recelo que si yo decía que he visto a alguien me mataba el mismo. Entonces claro, iban a decir que seguramente se murió por secuelas de los golpes, por eso yo le decía que no había visto. Después supe que era el famoso Gustavo Lemos”.
Diego Delgado “denunció a medios de comunicación que sus atacantes le quitaron el maletín, donde tenía pruebas de personas torturadas o desaparecidas; era inconveniente tener la documentación que ayer nos entregaron mamás de los desaparecidos y de personas que han sido eliminadas físicamente; nos dieron una colección de fotos”.
LEMOS MENCIONADO DURANTE INVESTIGACIÓN CASO RESTREPO
“Este misterioso “SIC-10” habría sido creado por el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero, para combatir a la guerrilla. Por 1985 perfeccionó el aparato represivo con la creación del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), para los operativos, y al SIC-10 lo transformó en Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), dedicada a los trabajos de inteligencia.
El GIR y la UIES tenían como cabeza al jefe de seguridad política del Ministerio de Gobierno, Gustavo Lemus Larrea, identificado por sus subalternos como “El Mariscal”, personaje siniestro, tenebroso en los años socialcristianos.
…
La Policía no movió un dedo hasta el martes 12 de enero. Antes solo participó en la extraña reunión de alto nivel convocada por Robles Plaza “para tratar el caso Restrepo”. Fue el lunes 11, a las 11h00. Asistieron el jefe de seguridad política, Gustavo Lemus Larrea; el Comandante de la Policía, Milton Andrade; y otros miembros del alto mando policial.
…
El 19 de noviembre (1991) los esposos Restrepo presentaron la acusación particular, pidiendo que se hiciera extensivo el juicio a los exministros de gobierno y policía, licenciado Luis Robles Plaza y doctor Heinz Moeller Freire; excomandante de la policía, general Milton Andrade Dávila; coronel Federico Mera Cevallos; Gustavo Lemus Larrea; Luis Ricardo Argoti; Hugo Oswaldo Recalde; Hilda de Gaviria; Miguel Angel Chiriboga Hurtado y Rafael Mantilla.” (Tomado del libro ‘Caso Restrepo, crimen de Estado’, de Mariana Neira, editorial Eskeletra, año 1998, páginas 18, 21, 254, 255).
Ninguno de los mencionados fue sentenciado, como se puede ver en la página 293 del mismo libro.
GOBIERNO DE CORREA DESPIDE A LEMOS DEL PNB
“EL PACIFIC NATIONAL BANK, GOLPEADO POR LA CRISIS EN ESTADOS UNIDOS
El Comercio. Domingo, 06 de Junio de 2010
En esta zona bancaria, donde se levantan edificios de hasta 25 pisos, flanqueados por enormes palmeras, opera con licencia estadounidense la subsidiaria del Banco del Pacífico, cuyo principal accionista es el Banco Central del Ecuador (BCE). Esta edificación de apenas cinco pisos, más conocida como el ‘banco de los ecuatorianos’, no está en su mejor momento.
Hasta el cierre del primer trimestre del 2010 –según el balance oficial del Consejo de Examinación de Instituciones Financieras Federales- registró pérdidas acumuladas por USD 11,2 millones. La crisis hipotecaria de EE.UU. golpeó, principalmente, la cartera de préstamos de la construcción y de desarrollo inmobiliario, sector en donde la banca de la Florida afincó su crecimiento.
Además, afronta dos órdenes de consentimiento (de vigilancia) del regulador estadounidense, por no cumplir las leyes y reglamentos para prevenir el lavado de activos. La constante rotación de personal y los cambios directivos también han abonado a la inestabilidad institucional.
El desplome de las hipotecas. Como consecuencia del reajuste de los precios de las viviendas, el banco se vio obligado a provisionar USD 11,7 millones para cubrir los préstamos vencidos.
Esto le significó una primera pérdida por USD 9,9 millones, a fines de 2009. Y hasta marzo pasado, los coletazos de la crisis aún se seguían sintiendo, pues el saldo en contra fue de USD 1,3 millones, pese a que el Banco lleva adelante planes de recuperación, reestructuraciones de cartera y venta de activos. Este primer trimestre puso USD 1 millón adicional para cubrir los préstamos que no ha podido recuperar.
Andrés Baquerizo, presidente del Grupo Banco del Pacífico, explicó, el 4 de marzo pasado, que el 40% de la cartera total está afectada por las subvaloraciones de las garantías hipotecarias.
El reporte trimestral del Consejo de Examinación también revela que las pérdidas netas del PNB por venta de bienes inmuebles fueron de USD 2,1 millones en el 2009. En marzo pasado fueron 100 000.
Los balances del Banco muestran utilidades entre el 2007 y 2008. El año pasado se revirtió la tendencia, afectada por las elevadas provisiones (ver cuadros). A pocos pasos del PNB, en el edificio El Club hay nueve departamentos que ejemplifican este problema; su compra fue financiada con préstamos del Banco.
El beneficiario del crédito dejó de cubrir la deuda -por más de USD 2 millones-, por lo cual los bienes se embargaron, pero su valor comercial cayó a la mitad. La Florida es considerada uno de los epicentros de la crisis hipotecaria que se originó en 2007.
Desde entonces las hipotecas de alto riesgo tomadas durante el auge de la vivienda vencieron y elevaron en forma drástica los pagos mensuales a los propietarios. Según el experto en temas financieros Ken Thomas, esta debacle golpeó a 700 de los 8 000 bancos estadounidenses.
Solo en Florida se concentra el 10% de los bancos catalogados como ‘problemáticos’. “Talvez para las propiedades residenciales veamos los resultados a fines de este año, el gran problema son los bienes comerciales, cuyas mejoras se verán el 2011”, advierte.
Los precios de las viviendas siguieron cayendo en este primer trimestre al extinguirse -el 30 de abril pasado- el crédito fiscal del Gobierno para adquirir propiedades de USD 8000.
El Pacífico salió al rescate. Para darle una salida rápida a esta crisis, el Banco del Pacífico de Ecuador -con la aprobación de su accionista, el Estado ecuatoriano- resolvió, a fines del 2009, inyectarle capital por USD 5 millones. Y de acuerdo con el balance de marzo se observa una nueva capitalización por un monto similar.
Con estas inyecciones se busca acatar las exigencias de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), que pide niveles de capital más altos de lo que normalmente se establece. Por ejemplo, un capital efectivo mínimo del 9% y un capital de riesgo del 13%, cuando la regla general es 4 y 8%, respectivamente.
Además de los préstamos vencidos, el Banco ha perdido depósitos, que en un 95% provienen del Ecuador. Entre el 2007 y el 2008, los balances revelan que las captaciones cayeron en 5,6%, y un año después el bajón fue del 18,2%, sin una recuperación importante hasta marzo del 2010.
Según fuentes del Banco, tres son las principales razones de la caída: tasas de interés bajísimas (menos del 1%), el 2% del Impuesto a la Salida de Capitales y a que cada envío al exterior implica llenar un formulario del Servicio de Rentas Internas. “Posiblemente, las personas no quieran verse inmersas en ese tema”, destacó Baquerizo hace dos meses.
Adicionalmente, el Banco Central obligó a la banca ecuatoriana a que mantuviera el 45% de su liquidez en el Ecuador. Esto implicó que el Banco del Pacífico dejara de depositar parte de sus dineros en el PNB (ver nota adjunta).
Con las cifras en rojo y los depositantes insatisfechos, el Pacific afronta otro desafío: demostrar a la OCC que puede controlar que las transacciones entre Ecuador y Miami no se prestan para el delito de lavado de activos.
A través de las dos órdenes de consentimiento que pesan sobre el banco, la OCC busca que “cese y desista” de cualquier práctica ilegal que vaya en contra de la seguridad y solidez de la entidad. Según las estadísticas de la OCC, generalmente a un banco le toma dos años salir de una orden, pero en este caso ya se extendió a cuatro años y cinco meses.
En el Banco reconocen que no es bueno que el proceso de observación haya tomado tanto tiempo, pese a todos los esfuerzos que han hecho por fortalecer la supervisión y cumplir con las exigencias de la OCC. De los 1 519 bancos que supervisa la OCC en EE.UU., hasta la fecha 105 tienen órdenes de consentimiento (6,9%).
Un giro en la administración. La situación del PNB dio un giro luego de la salida de la administración española, por disposición del presidente Rafael Correa, en febrero del 2008. Esta decisión dejó inconcluso el plan de correctivos que había sido diseñado y aprobado por la OCC, recuerda Carl Wolf, ex presidente de la Junta Directiva.
Desde entonces -mayo del 2008- cinco banqueros han pasado por la dirección general de la entidad; en abril pasado acaban de nombrar al último: Carlos Fernández Guzmán, quien se desempeñaba como vicepresidente del Bank United.
La institución, además, enfrenta una demanda judicial interpuesta por Wolf, quien denunció las presiones políticas a las que estaba sometida la institución durante su gestión, que se ventilan en la Corte Federal de Miami.
La rotación de personal fijo también ha sido una constante. Entre despidos y renuncias, del 2007 al 2008, se fueron 11 personas y hasta marzo pasado ingresaron otras 13.
Gustavo Lemos, un ecuatoriano que trabajó 18 años como encargado de las seguridades del Banco, cuenta que le pidieron su renuncia “por orden de arriba”. Le ofrecieron darle tres meses de sueldo y tres de seguro médico.
Pero no aceptó. Un mes antes se había enterado que a otras 10 personas liquidadas les cancelaron dos semanas de sueldo por cada año trabajado, por lo cual él exigió lo mismo.
Lemos dice que su cruz fue haber sido asesor del ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, en la época del ex presidente Febres Cordero. “Creo que eso no les gustó y me sacaron”. 15 días después lo liquidaron con los mismos derechos que el resto.
Por el momento, el PNB está enfocado en la auditoría que están realizando los reguladores a cada una de sus áreas. Estos exámenes, por lo general, toman cuatro, seis semanas, en este caso están desde el 15 de marzo pasado.
El 11 de mayo este Diario pidió entrevistas a Diego Borja, titular del BCE, y nuevamente a Baquerizo. Se les envió cuestionarios para que respondieran, pero se negaron.
Solo Baquerizo contestó parcialmente las inquietudes (ver nota compartida) e insistió en que el PNB es un banco privado, por lo que su situación es de índole interna. Pero, el presidente Rafael Correa ha dicho varias veces que el Grupo Banco del Pacífico es de “todos los ecuatorianos”.
Incluso, a través de su matriz, se canalizan USD 200 millones de la reserva monetaria del país en préstamos hipotecarios, con una tasa de interés subsidiada del 5%.
El Pacific, por su parte, opera bajo reglas estadounidenses; no obstante, esto no evitó que sus actuales administradores sean designados por el BCE. Pero será la OCC la que establezca cuál será el rumbo de la entidad, cuyo estandarte ecuatoriano no deja de flamear en el centro de Miami.
Tomado de Diario El Comercio de Quito.
¿POR QUÉ DEMANDÓ WOLF, EL JEFE DE LEMOS?
“DEMANDAN A BANCO DE ECUADOR POR ANOMALÍAS
Miami Herald
Publicado el martes, 06.09.09
GERARDO REYES
greyes@elnuevoherald.com
El presidente del Pacific National Bank N.A (PNB) en Miami, propiedad del estado del Ecuador, cerró el año pasado una cuenta de la entonces secretaria privada del presidente de ese país, Rafael Correa, por cuanto supuestamente movía una cantidad de dinero que no correspondía a sus ingresos y la funcionaria se negó a explicar el origen de los fondos, según documentos judiciales.
El hoy ex ejecutivo del banco, Carl Wolf, planteó la presunta irregularidad en una demanda civil radicada el lunes en la corte federal de Miami en la que alega que fue separado de su cargo injustamente por tomar ésta y otras decisiones.
Wolf afirma que también pesó en la determinación en su contra el haberse negado a contratar a una persona con problemas legales y haber rechazado la propuesta de pagarle al presidente del Banco del Pacífico del Ecuador (BPE) un sobresueldo por "debajo de la mesa''.
El abogado del PNB en Miami, Mark Raymond, restó importancia a la demanda y advirtió que ya había sido rechazada en una corte estatal. "Ya una jueza muy preparada estudió cada uno de los alegatos y no encontró mérito, no cabe una acción contra el banco'', dijo Raymond. "El señor Wolf ya fracasó en probar los méritos y ahora presenta la misma demanda ante un juez federal, yo espero que se la vuelvan a rechazar''.
Según la demanda, Wolf ordenó el cierre entre el 2007 y el 2008 de 4,600 de las 11,000 cuentas del banco en Estados Unidos debido a que no cumplían con las regulaciones contra el lavado de activos. Wolf sostuvo que recibió presiones de Pedro Delgado Campana, miembro de la junta directiva del Banco Central del Ecuador y pariente de Correa, para poner en marcha un plan que incluía la reapertura de las cuentas.
Si este plan no se cumplía, alega la querella, "la gerencia de Miami sería despedida''.
Raymond dijo que los puntos planteados por Delgado no fueron entendidos por Wolf porque estaban en español y el ejecutivo no domina ese idioma.
De acuerdo con la demanda, entre las cuentas cerradas se encontraba la de Cassia Delgado, identificada como sobrina de Correa y quien fue su secretaria privada entre el 2007 y el 2008.
"Grandes cantidades de dinero fueron transferidas desde y hacia la cuenta de Cassia Delgado'', asegura la demanda, aunque no señala nada concluyente sobre el origen o destino de esos fondos.
Gary Costales, abogado de Wolf, explicó en la demanda que su cliente tomó la decisión de cerrar la cuenta "porque los depósitos eran sospechosos, dado que excedían notoriamente los ingresos reportados por Delgado y Delgado se negó a reportar el origen de los fondos''.
Delgado, quien explicó que es prima segunda y no sobrina del presidente, calificó las acusaciones de "maliciosas'' en una entrevista con El Nuevo Herald.
"Tengo como demostrar legalmente los ingresos que yo percibo porque vivo de mi trabajo, eso es demasiado malicioso'', afirmó Delgado.
Agregó que sus depósitos no pasaron de $52,000 aunque admitió que la cuenta fue cerrada porque no pudo responder las solicitudes de explicaciones del banco ya que la correspondencia llegaba a una dirección donde no estaba viviendo.
Una vez enterada, ofreció amplias explicaciones a un oficial de cuentas del banco, agregó.
"No puede ser posible que se trate de dañar la imagen personal y la del presidente de esa manera'', comentó Delgado
El lunes El Nuevo Herald hizo varias llamadas a la subsecretaria de prensa de la presidencia ecuatoriana, Carolina Espinosa, pero no fueron respondidas.
El Pacific National Bank NA (no tiene relación con el banco del mismo nombre en California) es subsidiario del Banco del Pacífico del Ecuador (BPE), que a su vez es propiedad del Banco Central del Ecuador.
Wolf, quien fue contratado como vicepresidente del banco en el 2005 y ascendido a presidente en el 2007, reportaba a Andrés Baquerizo, presidente del BPE desde enero del 2008. De acuerdo con la demanda, Baquerizo se aprovechó de su poder para hacer pedidos ilegales a Wolf, como contratar a Wilfredo Villacís Guillén, "un delincuente condenado, requerido en Ecuador en ese momento por enriquecimiento con dineros públicos''.
Baquerizo le dijo a Wolf que estaba bajo una gran presión de funcionarios del gobierno ecuatoriano para que el banco contratara a Villacís, pero que él sólo era un "mensajero'', señaló la querella.
De acuerdo con la demanda, dos abogados que consultó Wolf recomendaron no contratar a Villacís.
Afirma el abogado Costales que Baquerizo le pidió a Wolf el pago subrepticio de $8,000 de sobresueldo a través de un contratista del banco. Con esa maniobra, Baquerizo pretendía eludir la regulación que prohíbe devengar un salario más alto que el del presidente del Ecuador, aseguró la demanda.
Debido a sus negativa y protestas, alegó Wolf, en mayo del 2008, Antonio Prada, presidente de la junta directiva del PNB, le pidió la renuncia. De acuerdo con Raymond, Wolf fue despedido ‘‘porque no estaba haciendo su trabajo''.
El abogado de Wolf dijo que la demanda fue rechazada en una corte estatal no por falta de méritos sino por tecnicismos.
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GOBIERNO ATACA A LEMOS EN LA CIDH
“GOBIERNO DENUNCIARÁ A EX ASESOR DE FEBRES CORDERO POR VIOLACIONES A DDHH
HOY. Publicado el 29/Octubre/2010
WASHINGTON. El ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador, José Serrano, anunció hoy que iniciará en las próximas semanas en Miami una acción civil contra Gustavo Lemos Larrea, ex asesor del Gobierno de León Febres Cordero, por crímenes cometidos durante la década de los ochenta.El ministro hizo el anuncio en una audiencia del 140 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde presentó a los comisionados el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador que se creó para investigar y esclarecer graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el Gobierno de Febres Cordero (1984-1988) y otros perÍodos, hasta 2008.
Gustavo Lemos Larrea era el asesor del ex ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, durante la presidencia de Febres Cordero, periodo durante el que se diseñó y ejecutó una polÍtica de Estado en cuyo marco, de manera sistemática y generalizada, se cometieron privaciones ilegales de la libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, según la Comisión.
"Lo que vamos a hacer con el señor Lemos es iniciar una acción civil por lo sucedido en Ecuador a partir de su acción como asesor del ex ministro de Gobierno Luis Robles Plaza. Fue el operador del Gobierno de León Febres Cordero para la represión y violación de derechos humanos", indicó Serrano.
"Él vive actualmente en Miami y nosotros estamos preparando esta demanda y la presentaremos en las próximas semanas", afirmó.
El ministro también explicó en la audiencia que Lemos, en el contexto del intento de golpe de Estado en Ecuador el 30 de septiembre: "pretendió tomarse nuestro consulado en Miami".
Serrano recalcó que la denuncia que interpondrá su país en EEUU contra Lemos no guarda relación con la acción en el consulado, pero, dijo: "obviamente estamos viendo que hay un vínculo".
"Mientras se presentó el Informe de la Comisión de la Verdad el señor (Lemos) preparó también todos estos temas y participó en los hechos del 30 de septiembre", aseguró.
Gustavo Lemos Larrea era el asesor del ex ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, durante la presidencia de Febres Cordero, periodo durante el que se diseñó y ejecutó una polÍtica de Estado en cuyo marco, de manera sistemática y generalizada, se cometieron privaciones ilegales de la libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, según la Comisión.
"Lo que vamos a hacer con el señor Lemos es iniciar una acción civil por lo sucedido en Ecuador a partir de su acción como asesor del ex ministro de Gobierno Luis Robles Plaza. Fue el operador del Gobierno de León Febres Cordero para la represión y violación de derechos humanos", indicó Serrano.
"Él vive actualmente en Miami y nosotros estamos preparando esta demanda y la presentaremos en las próximas semanas", afirmó.
El ministro también explicó en la audiencia que Lemos, en el contexto del intento de golpe de Estado en Ecuador el 30 de septiembre: "pretendió tomarse nuestro consulado en Miami".
Serrano recalcó que la denuncia que interpondrá su país en EEUU contra Lemos no guarda relación con la acción en el consulado, pero, dijo: "obviamente estamos viendo que hay un vínculo".
"Mientras se presentó el Informe de la Comisión de la Verdad el señor (Lemos) preparó también todos estos temas y participó en los hechos del 30 de septiembre", aseguró.
El ministro afirmó que se observa una vinculación entre el Informe de la Comisión de la Verdad sobre los responsables de los crímenes cometidos y el intento de golpe contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa de hace un mes.
Apuntó, en este caso, a Lemos, operador de Febres, y a los ex miembros del eliminado Grupo de Apoyo Operacional (GAO), unidad de elite de la Policía Nacional sobre la que recaen varias denuncias de violaciones a los derechos humanos, con la sublevación contra el mandatario ecuatoriano.
El informe, dijo Serrano, refleja la voluntad del Gobierno "de jugarse por la democracia, por la vigencia de los derechos humanos y en donde el primer paso fue tener una nueva Constitución que está recibiendo la embestida de la infamia de la violencia por grupos de poder que pretenden no perder un milímetro de su impunidad, ni un centímetro de su status quo".
Según el ministro, "el 30 septiembre es una muestra de esto", dado que en el "intento de golpe y el posterior intento de magnicidio en contra de nuestro presidente también tienen como antecedente la voluntad y decisión del Gobierno de no olvidar y de juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el Gobierno de Febres Cordero".
Lemos, "como parte de los hechos del 30 de septiembre, quiso tomar nuestro consulado en Miami justamente pretendiendo hacer invisibles y mantener en impunidad sus nefastas y abominables acciones cometidas en la década de los ochenta", aseguró.
El ministro de Justicia también presentó una protesta formal ante la CIDH porque Mireya Cárdenas, víctima y parte de la Comisión, no pudo obtener el visado para acudir a la audiencia.
Otro miembro, Eduardo Khalifé, fue interrogado durante una hora en el aeropuerto de Miami sobre hechos específicos de la investigación, en concreto sobre Mireya Cárdenas, dijo Serrano. (EFE)”
Apuntó, en este caso, a Lemos, operador de Febres, y a los ex miembros del eliminado Grupo de Apoyo Operacional (GAO), unidad de elite de la Policía Nacional sobre la que recaen varias denuncias de violaciones a los derechos humanos, con la sublevación contra el mandatario ecuatoriano.
El informe, dijo Serrano, refleja la voluntad del Gobierno "de jugarse por la democracia, por la vigencia de los derechos humanos y en donde el primer paso fue tener una nueva Constitución que está recibiendo la embestida de la infamia de la violencia por grupos de poder que pretenden no perder un milímetro de su impunidad, ni un centímetro de su status quo".
Según el ministro, "el 30 septiembre es una muestra de esto", dado que en el "intento de golpe y el posterior intento de magnicidio en contra de nuestro presidente también tienen como antecedente la voluntad y decisión del Gobierno de no olvidar y de juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el Gobierno de Febres Cordero".
Lemos, "como parte de los hechos del 30 de septiembre, quiso tomar nuestro consulado en Miami justamente pretendiendo hacer invisibles y mantener en impunidad sus nefastas y abominables acciones cometidas en la década de los ochenta", aseguró.
El ministro de Justicia también presentó una protesta formal ante la CIDH porque Mireya Cárdenas, víctima y parte de la Comisión, no pudo obtener el visado para acudir a la audiencia.
Otro miembro, Eduardo Khalifé, fue interrogado durante una hora en el aeropuerto de Miami sobre hechos específicos de la investigación, en concreto sobre Mireya Cárdenas, dijo Serrano. (EFE)”