Durante la colonia, los jóvenes ‘españoles’, ‘blancos’, que residían donde hoy es Ecuador, buscaban un empleo en el gobierno para rápidamente hacer fortuna: comprar casas, haciendas, y así tener la opción de casarse con la hija de un rico y ‘noble’ hacendado.
El empleo podían conseguirlo comprándolo directamente a los gobernantes que habían sido autorizados por la monarquía para vender cargos en sus instituciones, incluso en la milicia. El pago debían hacerlo con un ‘donativo voluntario’ o ‘donativo gracioso’, en dinero contante y sonante. (Así compraban, también, títulos de nobleza, tierras).
Los gobernantes hacían esta compra venta con los españoles y ‘criollos’, sin tomar en cuenta su honorabilidad ni los méritos personales. Con el paso del tiempo, estas personas sin estatus social, pero con mucho dinero, empezaron a ganarles espacio a los ‘nobles’ y se convirtieron en los patrones, los amos que explotaban, extorsionaban a los indígenas.
Esta forma de negocio con los cargos públicos que los españoles trajeron a América sería la raíz de la corrupción en la administración pública de varios países, entre estos, Ecuador, pero los protagonistas ya no son los ‘blancos’, los ‘nobles españoles’, ahora son mestizos e indígenas, más algún extranjero involucrado con ellos.
‘PIPONES 1’
Se creía que en nuestro país la gran corrupción estaba concentrada en el Poder Ejecutivo, pero en la década 1980, cuando en Ecuador comenzó a practicarse el ‘periodismo de investigación-denuncia’ (como área especializada del periodismo), se notó que se movía en todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial.
Se descubrió jueces corruptos y, en el Congreso, un ‘criadero’ de burócratas que cobraban por no hacer nada. A consecuencia de ello, entre los años 80-94, el personal del Poder Legislativo había aumentado en casi diez veces (de 130 a 1.200), lo describió la nota ‘Pipones en el Congreso’, publicada por la revista Vistazo el 14 de julio 1994.
Era tanta gente que, el Congreso presidido por Samuel Belletini, del Partido Liberal, estaba lleno de “asesores parlamentarios sin preparación académica y que muchas veces cobran sin trabajar (‘pipones’). Otros que han cumplido sentencias por delitos como peculado (e incluso estaban vinculados a una banda de roba carros). Familiares íntimos de los diputados… el Congreso es un botín”, decía el artículo periodístico.
La Asociación de Servidores Legislativos (calificados) denunció que estos ‘pipones’ “ocupan los mejores cargos, deambulan por los pasillos del Congreso o por afuera del edificio, no tienen lugar donde estar, ni una labor que cumplir”. (Nota: ‘Pipones en el Congreso’. Carla Maldonado. Vistazo. Julio 14, 1994’.)
No se supo si este voluminoso aumento de empleados legislativos se dio por una venta camuflada de cargos, si los ‘pipones’ pagaban un porcentaje de sus sueldos a sus jefes legisladores. Tampoco se conoció que estos casos hubiesen sido denunciados a la justicia y que esta hubiese dictado alguna prisión o sanciones administrativas. ¡Impunidad!
‘PIPONES 2’
El tema ‘Pipones 1’ se adormeció por la ‘guerra del Cenepa’ (febrero 1995), pero pronto apareció ‘Pipones 2’. Coincidió con los gobiernos del conservador Sixto Durán Ballén y del populista Abdalá Bucaram. El último subió al poder en 1996 y cayó en febrero 1997 envuelto en grandes actos de corrupción, también denunciados por la prensa. Eso empujó a la sociedad civil a exigir la formación de una Comisión de Anticorrupción. Fabián Alarcón Rivera, presidente de la república interino, sucesor de Bucaram, aprobó su creación con mala gana porque, posiblemente, presentía que sería el primero en caer en las manos de esta Comisión, como efectivamente sucedió porque, cuando presidente del Congreso, el mismísimo Alarcón había permitido el ingreso de casi 2.100 ‘pipones’ en los períodos legislativos 10 de agosto de 1995 y 28 de febrero de 1997. O sea, terminó ‘Pipones 1’ (sin ninguna sanción) y de inmediato iniciaron ‘Pipones 2’, un acto de corrupción similar.
Textualmente la Comisión denunció que en el período de Alarcón “se suscribieron dos mil ochenta y nueve contratos con un costo adicional de $ 32.289’438.949”. Entonces, nuestra moneda era el sucre cotizado en ese período entre 2.552 y 3.983 por dólar. Tomando como referencia el segundo valor, el monto señalado por la Comisión equivalía a unos 8’106.813 dólares. Este sería el monto del perjuicio al Estado por sueldos pagados a los nuevos empleados que ni siquiera trabajaban, pero gozaban del respaldado de varios partidos políticos. Lo que nunca se aclaró fue qué les dieron los ‘pipones’ a sus ‘padrinos’ legisladores por el cargo recibido. Una vez más –como en ‘Pipones 1’- la acción de la justicia fue incompleta y frustrante. (Fuente: COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN. INFORME DE ACTIVIDADES II – Agosto 1,1997 a Julio 31. 1998. https://1997-2001.state.gov/global/narcotics_law/global_forum/F400cocr.pdf )
La Comisión de Anticorrupción puso este escandaloso caso de ‘Piponazgo’ en manos de la justicia que ordenó la “prisión preventiva de Alarcón”, por corrupción, en marzo 1999. Estuvo recluido hasta diciembre 1999. “El caso finalizó con el sobreseimiento definitivo a Alarcón mayo 2000 y no tuvo repercusiones sobre ningún otro diputado, pero evidenció vacíos normativos y falencias procedimentales en el manejo del recurso humano de la Asamblea Nacional”, anota el Observatorio Anticorrupción Ecuador, de FCD, Ciudadanía y Desarrollo (https://www.observatorioanticorrupcion.ec/casos-de-corrupcion/diezmos).
‘PIPONES’ SUSTITUIDOS POR ‘DIEZMADOS’
Tras ‘Pipones 2’, a los congresistas se les hizo recomendaciones y ellos ofrecieron cambios para que no se repitiera esta mala práctica política, pero en el 2007, cuando Rafael Correa llegó a la presidencia de la república, se produjo una avalancha de ‘diezmos’ que arrolló al ‘piponazgo del pasado.
En la historia antigua, ‘diezmo’ era el 10% de ciertas mercaderías que se pagaban al rey. O, la décima parte del producto bruto de las cosechas que los fieles entregaban a la Iglesia.
El correismo, en pleno Siglo XXI, hizo algo parecido: cobrar ‘diezmos’ por los cargos en instituciones de los tres poderes del Estado. El pago era obligatorio para la gente de su partido, Alianza Pais, y para los militantes de otros partidos aliados que también buscaban cargos. En otras palabras, igual que en la colonia, los funcionarios no eran elegidos por méritos, sino por el dinero que pagaban.
Al convertirse los ‘diezmos’ en una especie de ‘política de Estado’, saltaron de la historia al whatsap donde las víctimas se quejaban del cobro de un ‘diezmo’ sobre su sueldo. La corrupción es tan fuerte que hasta incorpora nuevas palabras al idioma: ‘Diezmo’ es lo que se paga, ‘Diezmador’ sería quien cobra y ‘Diezmado’ la víctima que paga.
‘DIEZMOS 1’. EL CORREISMO AL DESCUBIERTO
Rafael Correa apenas había cumplido un año en el poder cuando funcionarios de una institución de su gobierno salieron a las calles a reclamar por el secretísimo cobro de ‘diezmos’. La prensa recogió la denuncia y publicó:
“Empleados y trabajadores de la Superintendencia de Compañías (SC) exigen la inmediata destitución de Francisco Arellano Raffo, titular de la entidad, pues el funcionario habría incurrido en 20 casos de corrupción… presentaron una copia de depósito para comprobar que la cuenta a la cual habrían sido transferidos los fondos recaudados por los diezmos en la SC pertenece a Elizabeth Verdesoto…” El presidente Correa defendió a Arellano, su ‘honrado’ ex profesor, a capa y espada, pero por la presión de la opinión pública, tuvo que renunciar.
Muchas personas, aun de ‘luna de miel’ con Correa, dudaban que el cobro de ‘diezmos’ fuese una práctica generalizada dentro del ‘gobierno revolucionario’ preocupado por los pobres, según ellos. Pero diez años después, en el 2018, sus ‘devotos’ confirmaron que estaban equivocados. (Detalles sobre este caso en las notas: Superintendencia de Compañías: ‘Nos obligaron a contribuir con diezmos’. Hoy.com.ec 28/Marzo/2008.
Correa ‘bendijo’ el cobro de ‘diezmos’ en el Estado. Mariana-neira.blogspot.com Sep. 2018).
INCREÍBLE PERO CIERTO: EL PRESIDENTE CORREA PLANIFICABA EL COBRO DE LOS ‘DIEZMOS’
La mano cobradora de ‘diezmos’ del correismo estaba extendida en todos los poderes del Estado, lo confirmó un ex aliado de Rafael Correa y de su partido Alianza Pais, quien reveló cómo el presidente, en persona, en el palacio de gobierno, planificaba el cobro de los ‘diezmos’ con power point. Leamos textualmente:
“El exasambleísta de Alianza PAIS (AP), Christian Viteri, aseveró que los cobros indebidos denunciados en la Asamblea Nacional es un tema que “lideró” el expresidente de la República, Rafael Correa. Así lo declaró el político el miércoles 28 de noviembre de 2018, en una entrevista realizada en Radio Democracia.
Quiero ser enfático. Tema diezmos lo lideró Correa y nos reunía en Carondelet a asambleistas AP con power point en mano y verificaba pago d 400 x mes y decía los asesores deben poner. En mi caso jamás pedí un dólar a mi equipo x q a un profesional no se le puede mochar su sueldo!
Cuando fuimos candidatos firmamos voluntariamente un código de conducta en el que los que fueran electos asambleístas nos comprometíamos a dar una contribución al Movimiento Alianza PAIS, $400”, explicó Viteri, quien aseguró que pagó puntualmente dicho valor a la organización correísta”. (Nota: “Viteri: ‘Cobros en la Asamblea los lideraba Correa”. Ecuavisa. 28 nov 2018.)
No está claro si esos 400 debían darlo de su sueldo o explotando, extorsionando a sus modestos subalternos, como han estado haciendo.
‘DIEZMOS 2’. ASAMBLEA, NIDO DE ‘DIEZMADORES’
Esta denuncia de Christian Viteri se dio luego de que varios ‘diezmados’ empezaran a denunciar a los asambleístas porque les habían dado un trabajo con la condición de que pagaran ‘diezmos’. El dinero tenían que depositarlo en cuentas de ‘testaferros’, generalmente parientes. No se nota un valor uniforme del ‘diezmo’, tampoco hay una aclaración de cuánto se quedaba con los asambleístas y cuánto le daban a su partido político. Algunos denunciantes han revelado que a los empleados les obligaban a que cubrieran hasta los gastos del hogar del legislador, cirugías estéticas, etc.
Las primeras denuncias fueron hechas públicas el 4 de septiembre 2018 por “Pablo Santillán Paredes, asesor del asambleísta por Pichincha, Fabricio Villamar Jácome (CREO), quien anunció que han recopilado varios casos de asesores y asistentes legislativos que denuncian el cobro de cuotas de sus sueldos por parte de asambleístas, como condición para mantenerlos en sus puestos (Ecuavisa, 2018). Santillán explica que suman una docena de casos, con su respectiva documentación de prueba, y que algunos han sido maquillados como ‘aportes al partido’, enfatizando que toda la documentación debe ser validada por Contraloría (El Universo, 2018)”.
Esa cifra quedó pequeña. Solo hasta el 2019, se duplicaron. Ya son 24 los ‘diezmadores’ denunciados ante la fiscalía, o sea, el 18.2% de los asambleístas estuvo en el quehacer de coimar, explotar, extorsionar a sus asesores, como en los tiempos de la colonia. Los asambleístas que hacen esto son el nuevo ‘patrón’, el nuevo ‘amo’.
La lista de los denunciados e investigados por la justicia está encabezada por una ex vicepresidenta de la república y dos ex presidentes de la Asamblea. Quince eran afiliados al partido gobernante que –obvio- tenía el poder para dar empleo en cualquier entidad del Estado. Pero también había seis de otros partidos, ‘comodines’ políticos del correismo.
Los datos usados en este análisis los extrajimos de la página web del Observatorio Anticorrupción Ecuador que tiene un relato cronológico del cobro de ‘diezmos’ en las asambleas correistas que parece una novela de bandidos. https://www.observatorioanticorrupcion.ec/casos-de-corrupcion/diezmos
LA NUEVA ASAMBLEA YA TIENE ‘DIEZMADORES’
Entre los que acabamos de elegir (2021) ya hay cinco asambleístas denunciados por ‘diezmos’. Dos son de Pachakutik, partido aliado a la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE. Dos son de Izquierda Democrática, un partido de centro izquierda nacido durante el retorno a la democracia. Y otro es independiente. Estos partidos mantienen buena relación con el gobierno de CREO que asegura no haberle dado cargo a ningún recomendado de estos asambleístas.
Pero alguno de ellos ya anticipaba cargos y robo, pero había que “robar bien”. Lo dijo Rosa Cerda, de Pachakutik, provincia del Napo, Amazonía. Resumimos lo informado por los medios: el sábado 17 de julio 2021, en una convención provincial de su partido en la comunidad San Francisco de Cotundo, en Napo, esta legisladora pidió: “Si roban, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros”. Y quienes la escucharon, la aplaudieron. Tras este video que dio la vuelta al mundo y ridiculizó a los ecuatorianos, el movimiento Pachakutik dijo que esas fueron “declaraciones personales”, mientras Cerda repetía que los medios sacaron sus palabras de contexto y que es una persona que habla quichua o sea, con el español no sabe lo que dice. El CAL (Consejo de Administración Legislativa) la suspendió por ocho días en el ejercicio del cargo.
Esto da la razón a los ciudadanos que opinan que en la Asamblea cada vez hay menos ‘cerebros’ para crear leyes en beneficio de los ecuatorianos. Ahora es un ‘puesto de venta de cargos’, un nido de corruptos.
Si la justicia no aplica la ley severamente, este cruel, inhumano sistema de explotación de los jefes asambleístas a sus subalternos va a crecer. No es preciso saturar las cárceles con corruptos, basta confiscarles el dinero robado.
Ya es hora de sacarles la careta a estos falsos ‘defensores del pueblo, defensores de los pobres’. Y el periodismo de investigación y los observatorios independientes deben mantenerse unidos en esta cruzada.
CUADRO
ASAMBLEISTAS DENUNCIADOS DESDE 2018 POR ‘DIEZMOS’
-Orden alfabético por nombres-
María Alejandra Vicuña Muñoz. AP, asambleísta que llegó a ser vicepresidente de la república.
Gabriela Rivadeneira. AP, asambleísta que fue presidenta de la asamblea y hoy está fugitiva en México, por casos de corrupción.
José Serrano. AP, asambleísta que fue ministro y luego, presidente de la asamblea.
Alberto Zambrano Chacha, asambleísta de AP, por Orellana. Le denunciaron el 16 de junio 2017 por tráfico de influencias.
Ana Galarza Añazco, asambleísta por Tungurahua (CREO) pagaba a empleada que no iba a la Asamblea. Involucrado esposo.
Ángel Gende Calazacón, asambleísta por Santo Domingo del Movimiento Alianza Tsáchila. Su asesor solicita al equipo del legislador una cuota para la organización de una marcha en Santo Domingo.
Ángel Vilema Freire (AP), ex asambleísta por Galápagos (2013-2017);
Brenda Flor Gil (AP), asambleísta por Galápagos.
Fernando Burbano Montenegro, asambleísta de CREO-Podemos. Presunto delito de concusión (La Hora, 2019).
Fernando Flores (CREO), asambleísta por América Latina, El Caribe y África.
Johanna Cedeño Zambrano (AP), asambleísta por Santo Domingo;
Juan Pablo Velín Cortez (Independiente, antes AP), asambleísta por Morona Santiago.
Karina Arteaga Muñoz AP, asambleísta por Manabí;
Leandro Cadena, Independiente, antes AP, ex asambleísta por Carchi (2009-2013).
Marcia Arregui Rueda, de AP, por Los Ríos.
María José Carrión Cevallos (AP), asambleísta por Pichincha;
Nivea Vélez, asambleísta de Loja, por Alianza Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional.
Norma Vallejo Jaramillo (AP), asambleísta por Pichincha.
Raúl Aquilla, antes de CREO, hoy PSC. Asambleísta por Loja;
Rosa Orellana Román (AP), asambleísta por El Oro.
Sebastián Palacios Muñoz (SUMA), asambleísta por Pichincha. Tráfico de influencias.
Teresa Benavides Zambrano, Asambleísta por Manabí, de AP y Unidad Primero.
Tito Puanchir Payashña. Pachakutik, asambleísta por Morona Santiago.
Vanessa Fajardo Mosquera (AP), ex asambleísta por Santa Elena (2013-2017);
Washington Paredes Torres, Asambleísta por Galápagos, (Independiente), antes SUMA.
ASAMBLEISTAS DENUNCIADOS POR ‘DIEZMOS’ 2021
-Orden cronológico denuncia-
Rosa Elizabeth Cerda Cerda, asambleísta del movimiento indígena Pachakutik, por la provincia amazónica de Napo. Suspendida 8 días en su cargo por decir públicamente, el sábado 17 de julio 2021: “Si roban, roben bien, justifiquen bien, pero que no se dejen ver las cosas, compañeros”.
Bella Jiménez, asambleísta del Guayas, por Izquierda Democrática, fue denunciada el 23 de agosto de este año ante la fiscalía por cobro de diezmos a través de parientes.
Darwin Pereira Chamba, asambleista de Pachakutik. Piden investigar los chats de su empleado Peter Armijos “en los que habla de espacios de trabajo ‘para la gente leal”. Agosto 25 2021.
Washington Elías Jachero Robalino, asambleísta de Pastaza. Independiente, antes del Movimiento Político Unidos Por Pastaza, “le pide paciencia a hombre que lo presiona por trabajo para su hijo”. 26 agosto 2021.
Eckenner Recalde, asambleísta de Pichincha por Izquierda Democrática. Denunciado por cobro de ‘diezmos’ a su equipo de trabajo. 14 septiembre 2021. Twitter.
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