Si dijera que el Alto Mando de las
Fuerzas Armadas, al ir a la Corte con todos sus generales de aire, mar y tierra, imitó a su comandante en jefe, Rafael Correa, dirían que el presidente
de la república acudió a la Corte solamente para atender a los llamados de los
jueces por sus demandas. No es tan cierto. Con su séquito amedrentador de
funcionarios, guardaespaldas (vestidos de civil, con uniforme, armados) y
barras agresivas, en una ocasión fue a respaldar a uno de su círculo.
Pero como la mente es infiel, olvidaron
ese pequeño detalle y el presidente retó al alto mando militar por haber ido a
la Corte cuando se iniciaba un proceso por delitos de lesa humanidad
(violaciones de derechos humanos) en contra de algunos uniformados, ahora en
servicio pasivo. Llegaron los militares y el juicio se paró evidenciando que
los militares son tan influyentes como el presidente.
MILITARES
EN LA CORTE
Al arribo del alto mando a la Corte, el comandante
del Ejército, Carlos Obando, explicó por qué estaban allí. “Respaldamos a
nuestros oficiales en servicio activo y pasivo en este juicio que se está
llevando a cabo”.
Correa
respondió: “¡Qué pena que no se ha superado el discurso tan simplista y
elemental de defensa institucional! Las instituciones son un medio por el amor
de Dios (…). Me parecen declaraciones desafortunadas, presencia totalmente inoportuna. Esos
discursos mediocres deben ser
superados. Lo que es incuestionable y está demostrado es que se cometieron
delitos en los 80; en un Estado de derecho tiene que ser juzgado así se trate
de usted, de mí, del Papa, de militares…”
“En un estado de derecho se juzgan delitos, no es
que se persiguen personas, instituciones; entre los acusados tengo personas a
las que aprecio, pero tenemos que dejar que funcione la justicia (…) eso de
tener treinta altos oficiales uniformados en el juicio y que diga el comandante
del Ejército que están ahí como respaldo institucional, etcétera, es inadmisible
en un estado de derecho”.
El presidente agregó que en este caso
(Vaca-Cajas-Jarrín) se investiga torturas, violaciones y detenciones ilegales.
“No es que se está persiguiendo a militares, a las Fuerzas Armadas, eso es un
discurso mediocre que debe ser superado en este nuevo país”.
Manifestó que la próxima vez que los oficiales
quieran asistir a una audiencia “lo hagan de civil y a manera personal”.
Y le
pidió al autónomo fiscal general del Estado, Galo Chiriboga: “Tenemos que
inaugurar un verdadero Estado de derecho…”
El
ministro de Defensa, Fernando Cordero, dijo que la acción de los militares será
“evaluada con serenidad” pues no tenían “permiso” para ir a la Corte. “No se
puede dar permiso para cosas que no tienen sentido”.
HALAGANDO A LOS POLICÍAS
La actitud de los militares y la crítica
del presidente parecieran haber acentuado la pugna entre estos dos ‘poderes’
que desde hace algún tiempo se viene comentando y, para solventarla, se estaría
blandiendo la peligrosa intención de dividir a los armados.
Escuche detenidamente el discurso de
Correa en la graduación de policías del 17 de noviembre 2015 donde no tuvo los
aplausos esperados porque en esa institución también existen heridas abiertas
por el correísmo, los juicios a decenas de policías acusados de participar el
30 de septiembre 2010 en una revuelta policial.
Entonces Correa se lanzó contra los
militares: “No hay más muestra de mediocridad que los simplistas discursos de
defensa institucional que frecuentemente lo único que esconden son ilegítimos
espíritu de cuerpo. En un estado de derecho se persiguen delito, no personas,
peor instituciones y nadie puede estar fuera de la ley”. Mencionó el caso Fybeca
por el cual fueron juzgados miembros de la institución y “no por ello se dijo
que se persigue a la Policía”.
Siguió Correa: “Hace pocos días la
justicia inicio el primer juicio en la historia del país por crímenes de lesa
humanidad cometidos en 1984-1988. Indudablemente existieron agresiones
sexuales, torturas y detenciones ilegales, en la lucha contra el grupo
subversivo Alfaro Vive. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Alfaro Vive al ponerse fuera de la ley, pero
actos ilegales no se pueden combatir con más ilegalidad, peor aún con atentados
a los derechos humanos, esos delitos deben ser juzgados, y serán los jueces
competentes los que decidan quien es culpable o inocente, o si el delito está
prescrito o no. Debe permitirse que la justicia fluya sin presiones de ninguna
clase” (pausa para aplausos. No hubo aplausos).
Aconsejó a los policías no parecerse a
los militares: “Aunque este caso lo ha
llevado a cabo la Fiscalía, órgano autónomo del gobierno nacional, algunos
oficiales en servicio pasivo llegaron a decir que es parte de un plan para destruir
a las Fuerzas Armadas, lo cual ya es cantinflesco. Queridos jóvenes (policías) a
huir de la mediocridad como de la peste (pausa para aplausos. No hubo
aplausos). A superar ese viejo país, a seguir construyendo con amor sacrificio
y ejemplo, la patria nueva, donde todos seamos iguales ante la ley y donde
nadie pretenda con un falso espíritu de cuerpo dejar sin sancionar evidentes
delitos cometidos”.
Para el presidente, tan delito como la
tortura o violaciones sexuales atribuidas a algunos militares en la década del
80, son las manifestaciones públicas (sea de civiles o uniformados). Se deduce
de lo que dijo en su intención de halagar a los policías:
“Entenderán eso los mismos de siempre
que cuando agreden a nuestros policías, cuando los golpean, cuando generan
violencia contra ellos, detrás de ese uniforme hay un hijo, un esposo, un padre de familia. Después, con la más grande
hipocresía son ellos los que se victimizan. Los pájaros disparando a las
escopetas y nos hablan de lugares comunes, de conceptos gastados: criminalización
de la protesta social, como que si patear a un policía cobardemente no es
protesta social criminal. En este país los crímenes tendrán que ser sancionados
compatriotas”.
Entonces sí, los policías y sus
familiares aplaudieron efusivamente, sin darse cuenta que estaba justificando
los juicios a los ‘criminales’ que participaron en manifestaciones como el 30S,
por el agua, por la minería, por las enmiendas, etc. Estaba estimulándoles para
una misión: la represión a la protesta social.
AYUDAMEMORIA
Nos pusimos a revisar procesos legales y
recordamos acciones ‘inadmisibles’ de amedrentamiento de Correa a los jueces.
CASO BANCO DEL PICHINCHA
Agosto
2001.
El banco La Previsora fue absorbido por Filanbanco en el año 2000 y en agosto
de 2001 el Banco del Pichincha adquirió las operaciones de la tarjeta
Filancard. Allí aparecía una deuda no pagada de Rafael Vicente Correa Delgado
por $ 136,98, en consecuencia, este cliente fue ingresado a Central de Riesgos
de la Superintendencia de Bancos (llamada ‘lista negra’). Hubo un error porque
Correa había cancelado esa tarjeta en 1997. Él hizo el reclamo legal al Banco
del Pichincha. El 20 de abril 2005, el presidente Alfredo Palacio nombró
ministro de economía y finanzas a Rafael Correa y estuvo en funciones hasta el
4 de agosto 2005. Según la versión del Banco del Pichincha, el juez sentenció a
favor de Correa en diciembre 2005. Entonces, esta institución financiera
admitió que el demandante había pagado 169 dólares y le retiró del registro de
la Central de Riesgo de la Superintendencia. http://www.eluniverso.com/2005/08/05/0001/9/A99FF2FCCCAE4D70BE0A1E92B2AC69D1.html
10 de enero 2007. Para Correa, ganarle este juicio al banco no
fue suficiente, optó por demandarle por “daño moral irreparable”, por un millón
de dólares. Dijo que lo hizo antes de ser elegido presidente, pero el asambleísta
Galo Lara del opositor Partido Sociedad Patriótica (PSP) liderado por el ex
presidente Lucio Gutiérrez, salió a desmentirle. En una entrevista concedida a
radio Primavera 90.1, Lara aseguró con copias de los documentos que esta
demanda fue puesta “el 10 de enero del 2007, cuando Correa ya era presidente
electo, y apenas 5 días antes de posesionarse como presidente constitucional de
la República. La demanda fue calificada el 16 de enero de 2007, un día después
de su posesión, y notificada a las partes en esa misma fecha. Ese mismo día, el
Juzgado Primero de lo Civil de Pichincha admite a trámite ordinario la causa y
notifica al representante del banco, Antonio Acosta Espinoza”. http://radioprimavera.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1426:-lara-correa-miente-el-juicio-al-banco-del-pichincha-lo-hizo-cuando-ya-era-presidente-&catid=31:primavera-noticias&Itemid=27
En mayo del 2007, cuando ya era presidente de la república, Correa invitó a
periodistas para un diálogo público en la casa de gobierno. Entre ellos estaba
el articulista de El Universo, Emilio Palacio, quien le preguntó al presidente
qué haría con la indemnización que le daría el Banco del Pichincha. Incómodo
respondió: “…a mí no me interesa la plata, si quieren puedo donar esa plata,
aunque mi principal deber es darle seguridad económica a mi familia".
Sobre el juicio dijo que se sentía "en un dilema moral y ético… Haré lo
que quieran ustedes, lo que diga el pueblo ecuatoriano en esto. Nunca he tenido
apego al dinero, nací pobre y moriré pobre". http://www.elcomercio.com/politica/Rafael_Correa-demanda-Banco_del_Pichincha-Alemania_0_503349737.html
En el recurso de casación Correa reclamó
una indemnización de un millón de dólares, pero el 30 de julio 2009, se conoció
que la Segunda Sala de lo Civil de la Corte de Pichincha sentenció nuevamente a
favor de Correa, pero bajó la indemnización a 300.000 dólares. Galo Chiriboga,
abogado del mandatario demandante dijo que “el presidente jamás pretendió
enriquecerse a través de una acción legal. Él ha aceptado lo que los jueces han
establecido… La sentencia ha sido dictada con absoluta independencia de parte
de los jueces”. Chiriboga, además de pariente lejano de Correa, fue durante
este gobierno ministro, embajador, al momento, fiscal general del Estado.
EXIGÍA CINCO MILLONES DE DÓLARES
El 29 de enero 2010, en una nota
titulada ‘Correa insiste en los cinco millones de dólares’, diario La Hora narraba: El presidente de la República,
Rafael Correa, insistirá a través de sus abogados, que se le reconozca el daño
moral que le habría causado el Banco del Pichincha y por el cual está
reclamando una indemnización de cinco millones de dólares.
Ayer, el Mandatario acudió personalmente a la audiencia de estrados. Y el
diario narra lo sucedido entonces. “…el presidente Rafael Correa, que llegó con
20 minutos de retraso a esta audiencia, insistió en su tesis de que el juicio
contra el Banco del Pichincha ‘no es una lucha suya, sino de los ciudadanos de
a pie contra uno de los poderes más grandes y abusivos que ha tenido el país,
que es el poder financiero’.
Luego de esta audiencia, que duró dos horas, Rafael Correa y su comitiva, entre
ellos el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, visitaron por unos
minutos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya…”
29 de abril 2010. En esta fecha, a los 3
meses de la audiencia, se conoció que la sala de lo Civil y Mercantil de la
Corte Nacional de Justicia (CNJ) hizo “una revisión por la presencia de errores
en el proceso y fijó una indemnización de USD 600 mil”. Esa fue la cantidad que
al final ganó Correa en su demanda al Banco del Pichincha. ¿Qué hizo con esa plata?
NO PAGÓ IMPUESTOS
Por dudas expuestas por algunos líderes
de opinión, comenzaron las investigaciones periodísticas que descubrieron dos
cosas: el presidente no pagó impuestos por esa indemnización y sacó ese dinero fuera del
país.
En el caso de los tributos, el director
del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, le eximió al
presidente del pago de impuesto sobre ese monto ganado, “Porque no es renta,
nuestra ley habla del Impuesto a la Renta, que se obtiene por un trabajo o
servicio… una indemnización por daño moral no es renta sino un ingreso
compensatorio del daño moral causado…”, dijo a María Elena Verdezoto del diario
Hoy, el 1 de abril 2011.
La primera semana de abril, León Roldós
Aguilera, ex vicepresidente de la república, abogado y columnista de medios de
comunicación, denunció que por orden del mismo Carrasco, la viuda de un militar
que recibió una indemnización por 15 mil dólares sí fue obligada a pagar
impuesto a la renta y el director del SRI no pudo refutar a Roldós. En una
entrevista concedida al canal estatal Gamavisión el 4 de abril 2011 dijo que no
dijo lo que dijo al diario Hoy.
En junio 2011, una denuncia de la
revista Vanguardia revelaba que Correa depositó USD 331.082,50 en una cuenta
bancaria en Alemania.
24 de junio 2011. El Mandatario confirmó
la transferencia de USD 300 000, no a un banco de Alemania sino a uno de
Bélgica. “Este dinero estuvo destinado a la adquisición de un departamento, en
la ciudad natal de mi esposa”, dijo. El inmueble costó 207 000 euros y tiene 62
metros cuadrados.
CASO
ALVARADO-CHUJI
El funcionario le puso una demanda que
fue respaldada por el presidente Correa, hasta con su presencia en la audiencia
judicial, acto que se vio como un amedrentamiento a los jueces.
Alvarado acusó a Chuji de supuestas
injurias calumniosas y pidió una sentencia de 3 años de prisión y 250 mil de
indemnización.
18 noviembre 2011. Este día, en Quito,
se realizó la audiencia previa al juzgamiento a Chuji en la cual se dio una
demostración de poder y solidaridad entre los integrantes del círculo íntimo
presidencial. Según Marcos Martínez, ex asambleísta de Montecristi, a la
audiencia se permitía solamente la entrada de la gente del gobierno. Reclamó
que “eso era una audiencia no un linchamiento gubernamental”. A la prensa se le
prohibió la entrada a la Corte, sin embargo, a hurtadillas narró:
14:00: llegó el denunciante Vinicio
Alvarado. Ingresó a la sala con guardaespaldas. También entraron la ministra de
Desarrollo Social, Doris Soliz, junto con un nutrido grupo de personas.
14:18: arribó el presidente Rafael
Correa a respaldar en persona a un funcionario de su gobierno. Le acompañaban
seis colaboradores.
Se unieron a la comitiva de respaldo a Alvarado, su hermano Fernando,
secretario de comunicación; el secretario del partido de gobierno, Alianza
País, Galo Mora; el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera.
Chuji solo tuvo tres acompañantes: su hermano, otra persona no identificada y
el dirigente indígena Humberto Cholango. Más tarde llegó la asambleísta por
Pachakutik, Lourdes Tibán.
Correa abandonó la sala del Juzgado Décimo Cuarto de lo Penal de Pichincha una
hora más tarde diciendo que no van a permitir más acusaciones falsas, que se
defenderán con la ley en la mano. http://www.elcomercio.ec/politica/Rafael-Correa-Soliz-Monica-Chuji_0_593340751.html (Rafael Correa
y Doris Soliz asistieron a la audiencia contra Mónica Chuji)
23 de noviembre 2011. En un enlace
ciudadano el presidente Correa agregó que a Chuji "se le está aplicando la
ley por mentirosa, por calumniadora".
La ex secretaria de comunicación le
respondió durante una entrevista en Ecuavisa: "Yo no he mentido señor
presidente, he demostrado que mis expresiones se hicieron eco de lo que ya todo
mundo conoce. Decir a alguien 'nuevo rico' no es delito. Esto muestra una
intolerancia total del gobierno a las críticas que como ciudadanos tenemos
derecho a hacerlo… No hay injuria ni calumnia (...) ¿Dónde está el delito? El
señor Alvarado ha reconocido que es un empresario, que es muy próspero. El
mismo Fabricio Correa dice que uno de los funcionarios más prósperos del
gobierno es Vinicio Alvarado. Entonces, no hay ningún delito, lo que hay es
persecución política… Uno de los titulares de una investigación que hizo la
Revista Vanguardia fue ‘Los negocios de los Alvarado crecen como espuma’.
Expresiones de Fabricio Correa decían: ‘Vinicio Alvarado gana 12,5 veces más
que antes sin ir a la oficina".
http://www.elcomercio.com/politica/delito-persecucion-politica-Monica-Chuji-Vinicio-Alvarado-injuria-juicio_0_596340375.html?commentsPage=2 (23 noviembre
2011).
25 de noviembre 2011. El secretario de
Administración Pública, Vinicio Alvarado, decidió perdonar a la ex secretaria
de comunicación Mónica Chuji, bajo la figura de remisión. Alvarado dijo que
ella "No tendrá que dar ni un solo centavo… Nuestro único objetivo es que
mi honor y mi honra vuelvan al lugar en que siempre estuvo. Y que mi familia
vuelva a salir con la frente en alto (...) La señora ha quedado como una
injuriadora calumniosa grave, tal cual lo ha marcado el señor juez… He pedido a
las autoridades de control que hagan exámenes especiales de mis ingresos. La
Controlaría ha investigado mis ingresos personales y empresariales y las
conclusiones han sido absolutamente claras: que no hay ni un solo centavo que
no corresponda a mis ingresos legítimos y honestos".
El mismo día, Chuji rechazó el “perdón” de Alvarado. "A mí solo me puede
perdonar Dios. Yo soy inocente así que no necesito que nadie me perdone…
Creyeron que era una Huairapamushka, no se dieron cuenta que tengo el respaldo
de todas las organizaciones sociales e indígenas".
Su abogado, Julio César Trujillo, señaló
que "el perdón" de Alvarado no surte ningún efecto legal, porque es
un caso penal. "Si quería ser magnánimo el señor Alvarado debió desistir
de la denuncia en la audiencia que se fijó para ello. Ahora ya hay una
sentencia emitida".
(25 de noviembre 2011)
CASO
EL UNIVERSO
21
de marzo 2011.
El presidente Correa dijo durante una entrevista en la radio del portal
Ecuadorinmediato.com, que “será un hito en la historia ecuatoriana” enjuiciar a
los directivos de Diario El Universo y a Emilio Palacio de quien dijo:
"Hace poco un periodista dijo que yo debí haber ordenado disparar a
discreción a un hospital lleno de civiles sin previo aviso. ¿Qué es lo que van
a decir los directivos de ese diario? Bueno, esa fue la opinión de ese
editorialista. ¡Mentiras! Eso no es responsable, eso no es opinión. Esa es una
acusación gravísima porque el directorio es responsable de la política
editorial del diario... nosotros estamos presentando una demanda no solo en
contra del editorialista, sino contra los directivos de Diario El
Universo".
22 de marzo 2011. El presidente Rafael
Correa presentó una demanda penal, a título personal, en contra de los
directivos del diario El Universo: Carlos, César y Nicolás Pérez Barriga, y del
editor de opinión, Emilio Palacio, "por injurias calumniosas”. Para ellos
pidió tres años de prisión y una indemnización por $80 millones de dólares,
según informó este periódico el 30 de marzo 2011.
11 de julio 2011. El columnista y editor
de opinión de diario El Universo, Emilio Palacio, renunció irrevocablemente
para "evitar la quiebra de la empresa" y porque "peligra la
fuente de empleo y sustento de un millar de colaboradores".
19 de julio 2011. La audiencia final de
juzgamiento a los directivos y articulista de diario El Universo, se desarrolló
en ausencia de Carlos, César y Nicolás Pérez, quienes se retiraron del
auditorio del Consejo de la Judicatura luego de que los abogados del presidente
Correa se negaran al pedido de conciliación planteado por los representantes
del periódico. Ellos ofrecieron una rectificación y solicitaron a Correa
enviara un texto que satisficiera ese pedido.
Nicolás Pérez narró vía Twitter que
"antes de salir de la sala nos despedimos del Presidente estrechando
manos; viéndonos a los ojos nosotros dijimos únicamente ‘Señor Presidente' a lo
que él respondió ‘lo siento mucho".
En los exteriores del Consejo de la
Judicatura, en Guayaquil, simpatizantes de Correa agredieron verbalmente al ex
columnista del diario El Universo, Emilio Palacio, a sus directivos Carlos
César y Nicolás Pérez, y a la periodista de Ecuavisa, Tania Tinoco. A Palacio
incluso le lanzaron un huevo.
Más tarde el gobierno obligó a ‘cadenas’
de medios para decir que tanto El Universo como el periodista mentían.
20 de julio 2011. El juez Juan Paredes,
encargado temporalmente del Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del
Guayas, sentenció a tres años de prisión al articulista Emilio Palacio y a los
directivos de El Universo: Carlos, César y Nicolás Pérez. Además, Palacio debía
pagarle a Correa una indemnización de $30 millones, la empresa $10 millones.
En este juicio se batieron algunos
récords. Duró 4 meses. El juez Paredes dictó su sentencia en 24 horas, justo el
día que culminaba el encargo de su gestión. Batió el récord de lectura y
escritura. En doce horas y media, este juez leyó más de cinco mil páginas que
forman el expediente y redactó las ochenta páginas de la sentencia.
Alembert Vera, abogado de Correa dijo a
los medios que “se ha hecho justicia, ha ganado la libertad de expresión”, pero
apelarán para lograr los 80 millones de indemnización.
El 21 de julio 2011, la portada de El
Universo amaneció en blanco, solo con la palabra. “Condenados”. Más tarde,
Carlos Pérez, uno de los directivos del diario El Universo dijo en rueda de
prensa que la sentencia “es para callarnos”. El juez Paredes "quiere que
nos tiemble la mano cuando escribamos de un acto de corrupción o caer en lo
peor, la autocensura", pero continuarán trabajando e informando libremente
como lo han hecho durante 90 años.
24 de agosto 2011. Emilio Palacio, ex
editor de opinión del diario El Universo, se fue a Estados Unidos porque su
“seguridad corría peligro” por los "descarados abusos" en su contra. "Me
quisieron imponer como juez al amigo más íntimo del abogado del dictador. Me
iniciaron un nuevo juicio penal por calificar de fascistas a los insultadores a
sueldo de Rafael Correa. Un ministro cuyo nombre no recuerdo, amenazó con
demandarme por "perjurio".
11 de octubre 2011. El Juzgado Tercero
Penal del Guayas admitió a trámite la demanda por injurias planteada por el
canal del Estado, Ecuador TV, en contra de Emilio Palacio, porque el 21 de
julio lo calificó de “medio fascista”.
El 17 de agosto 2012, tras seis meses de
trámite, el gobierno de los Estados Unidos concedió asilo político a Palacio y
su familia. Karen Hollihan, miembro del Instituto Interamericano para la
Democracia, informó vía Twitter que la decisión se fundamentó en que Palacio ha
sido víctima de persecución política.
Un día antes el presidente Correa le
concedió asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, requerido por
la justicia de Suecia y Reino Unido.
4 de octubre 2014. El juez penal del Guayas Juan Paredes que sentenció a los
directivos y al editorialista de El Universo fue removido de su cargo por orden
del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), porque “incurre, al parecer, en
una de las inhabilidades para ejercer el cargo de juez por tener en su contra
un juicio de insolvencia planteado por la Superintendencia de Bancos”.
14 de febrero 2012. El diario El
Universo le planteó al juez Juan Paredes un juicio por prevaricato y falsedad
ideológica, porque supuestamente él no fue el autor de la sentencia que condenó
a tres directivos del diario y su articulista a tres años de prisión y pago de
$40 millones por indemnización. Como supuesto autor de la sentencia apareció un
personaje fantástico oculto tras las sombras del poder, ‘Chucky Seven’. Lo dijo
el abogado defensor de El Universo, Joffre Campaña: esta sentencia “habría sido
elaborada fuera del Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas
porque, supuestamente, fue ingresada a la computadora del juez Juan Paredes a
través de un pendrive (dispositivo de almacenamiento externo)… la sentencia
estaba en un archivo llamado “Correa 457.2011.doc”, el cual habría sido creado
por un usuario llamado Chucky Seven”. O sea, el juez Paredes, aparentemente,
solo prestó su nombre. Al respecto, Correa dijo: “Hay gente a la que le encanta
hacer el ridículo. De una persona que dice cualquier cosa solo por unos cuantos
dólares se puede esperar lo que sea”. http://www.ppelverdadero.com.ec/actualidad/item/para-correa-denuncia-de-campana-es-ridicula.html
Sin embargo, la jueza Mónica Encalada,
quien llevó el caso del diario El Universo antes de la primera sentencia, hizo
llegar a la Fiscalía del Guayas esta denuncia escrita: "Recibí una llamada
a mi teléfono reconociendo que se trataba de uno de los abogados del acusador,
quien me manifestó que históricamente a usted le va a corresponder hacer la
audiencia el día de mañana... el 'número uno' está contento pues él dice que se
lleva bien con las damas que tienen más pantalones que los hombres, entonces le
corresponde a usted hacer la sentencia, haga nomás la audiencia, nuestro
respaldo y el respaldo del "número uno"…
Alerta Fundamedios 425.
15 de febrero 2012. Se dio la audiencia
de casación en el caso El Universo. El demandante Rafael Correa llegó protegido
por decenas de elementos de seguridad, incluso francotiradores. Le esperaba en
las afueras de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, una fuerza de
choque que gritaba a su favor y atacaba hasta físicamente a los periodistas que
cubrían el evento. Mientras lo hacían no dejaban de cantar: “¡Aplaudan,
aplaudan, no dejen de aplaudir, la prensa corrupta se tiene que morir!”
Estos seguidores de Correa también se
enfrentaron con los “K-breados”, un grupo opositor al gobierno, a quienes les
lanzaron lodo. Alerta Fundamedios 424.
16 de febrero 2012. La sentencia contra
El Universo fue ratificada y alrededor de las 10:30 de la mañana, el jefe de
Estado de Panamá, Ricardo Martinelli escribió en su cuenta oficial de Twitter
@rmartinelli el mensaje: "Acabo de darle asilo a periodista del Diario El
Universo Carlos Pérez Barriga multado con 3 años de cárcel y 40 millones de
multa en Ecuador".
27 de febrero 2012. Por el alto impacto
y reclamo nacional e internacional, el presidente Correa anunció "perdón
sin olvido” a los directivos sentenciados de El Universo, Carlos, César y
Nicolás Pérez, y a su exeditor de opinión, Emilio Palacio. También el
desestimiento de la demanda por daño moral en contra de los periodistas y autores
del libro "El Gran Hermano", Juan Carlos Calderón y Christian Zurita,
porque "no vale la pena perder el tiempo en personas que ni aquello
merecen".
CASO
ASAMBLEÍSTA JIMÉNEZ
5 de agosto 2011. El asambleísta Cléver
Jiménez de Pachakutik, el partido de oposición, brazo político de las
organizaciones indígenas, presentó una denuncia penal en la Fiscalía contra el
presidente Rafael Correa y el ministro de Defensa, Javier Ponce, por presunto
delito de lesa humanidad durante los hechos ocurridos el 30 de septiembre del
2010 (30-S), día de la insurrección policial.
Jiménez acusó al mandatario de ser el
único responsable de la muerte de cinco personas (dos militares, dos policías y
un civil) durante la Operación Rescate de las Fuerzas Armadas para la
liberación de Correa del Hospital de Policía en Quito.
“Alguien tiene que pagar por las muertes... al
momento que él (Correa) dispone y da la orden que le rescaten y en el rescate
se da la balacera, el culpable directo y responsable de todo lo que pasó el
30-S se llama Rafael Correa Delgado, como comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas”, aseguró Jiménez.
A esta demanda se unieron su asesor Fernando
Villavicencio, y Carlos Figueroa, dirigente de organizaciones médicas.
4 de septiembre 2011. El presidente
Correa anunciaba una contrademanda a sus demandantes Jiménez, Villavicencio y
Figueroa. De paso ‘diagnosticó’ al asambleísta Jiménez de “no tener cerebro y
que el hígado se le ha subido a la cabeza”. Jiménez le respondió que “esas son
expresiones no dignas de un mandatario, pero que cualquier cosa se puede
esperar de Correa, ‘me tienen sin cuidado sus insultos, provienen de un ser
acomplejado, falto de amor y cariño, lleno de errores y exabruptos. El insulto
es la razón de aquel que carece de la razón”. Y creía que el presidente
reaccionó así porque “tiene pánico de un juicio internacional, porque en la
CPI, no podrá meter la mano en las decisiones judiciales, como lo hace en la
Fiscalía y en el conjunto de la justicia ecuatoriana”.
5 de mayo 2012. Luego de tres horas de
audiencia, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Richard Villagómez,
calificó a la demanda de Jiménez, Villavicencio y Figueroa de "temeraria y
maliciosa", por lo tanto, desestimó y ordenó el archivo de la acción legal
en contra del presidente Correa.
24 de julio 2012. El presidente Rafael
Correa contrademandó al asambleísta Cléver Jiménez, así como a Fernando
Villavicencio y Carlos Figueroa por haber “propuesto una acusación judicial, o
hecho denuncia, que no hubiese sido probada durante el juicio”. La prensa
observó que la “denuncia fue archivada en la Corte Nacional por pedido del
fiscal General del Estado, Galo Chiriboga. Es decir, nunca llegó a la etapa de
juicio, por lo que según el artículo 494 del Código Penal, esta acción perdería
fuerza al punto de ya no ser considerada como supuesto delito. Pese a ello, el
Jefe de Estado insistió en el juicio penal contra Jiménez, Villavicencio y
Figueroa”. Pedía para ellos una sanción de tres meses a tres años de prisión.
El artículo 128 de la Carta Magna señala
que “para iniciar causa penal en contra de un asambleísta se requerirá la
autorización previa de la Asamblea, excepto en los casos que no se relacionen
en el ejercicio de sus funciones”.
La jueza de la Corte Nacional de
Justicia, Lucy Blacio recogió la ‘excepción’ para dar paso al enjuiciamiento
penal del asambleísta y los dos activistas por el supuesto ‘delito de calumnia
judicial’. Jiménez cuestionó la decisión y dijo que la denuncia la presentó en
calidad de asambleísta y en “defensa de los intereses ciudadanos”.
12 de abril 2013. Se dio el ‘show’ de la
audiencia judicial para juzgar a Jiménez, Villavicencio y Figueroa. Según narró
la prensa, el presidente Correa llegó a la Corte con barra propia, los acusados
solo con su abogado defensor.
Leamos parte del relato hecho por el
diario El Comercio: “El octavo piso de la Corte Nacional de Justicia estuvo de
nuevo abarrotado de militantes, ministros y legisladores de Alianza PAIS
(partido de gobierno)… para mostrar su respaldo al presidente Rafael Correa en
el juicio que inició contra el asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, y de
los activistas políticos Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa”.
“Antes de las 09:00, los simpatizantes
del oficialismo se instalaron en las pocas sillas del auditorio de la Corte”.
“Poco antes de la hora fijada, el Mandatario
llegó con su abogado Caupolicán Ochoa y su asesora, Pamela Martínez. La
funcionaria presidió la Comisión de Selección que designó a los actuales jueces
de la Corte Constitucional… los simpatizantes que estaban en la puerta del
auditorio se apretujaron por saludarlo mostrándole su apoyo”.
“En la calle unos 30 partidarios agitaban sus
banderas verdes, gritando consignas contra los acusados. Los llamaban
farsantes, mentirosos, calumniadores y pedían ‘todo el peso de la ley’ para
sancionarlos”.
“Fue una escena similar, aunque con
menos gente, a las que se vivieron en enero y febrero del 2012, cuando la Corte
tramitó en última instancia el juicio de Correa contra los directivos de El
Universo”.
“Media hora después del inicio de la
diligencia, la jueza Lucy Blacio, encargada del proceso, suspendió la audiencia
porque Villavicencio no llegaba y Figueroa lo hizo tarde. La magistrada les
impuso una multa de USD 1 272 a cada uno por su incumplimiento.
El diferimiento molestó al Presidente
(Correa) que dijo: ‘Esta es una nueva estrategia para demorar el proceso
judicial y tratar de entorpecer el caso".
16 de abril 2013. La jueza Lucy Blacio
condenó al asambleísta Cléver Jiménez y al activista político, Fernando
Villavicencio, a un año y medio de prisión por el supuesto ‘delito de
injurias’.
A Carlos Figueroa, a seis meses de
prisión porque acreditó buena conducta. Él fue el único que llevó dos testigos
a la audiencia de juzgamiento.
El fallo también dispuso que los
imputados se disculpen públicamente con el Presidente a través de los medios de
comunicación y paguen una indemnización de USD 140.000, calculada de acuerdo al
sueldo actual del Mandatario (a marzo 2013 era de 6.957 dólares).
El 4 de
noviembre el asambleísta Jiménez denunció en la Fiscalía amenazas de muerte en
su contra. “Estarían intentando incriminarme, encarcelarme y posteriormente
asesinarme”.
Por
diciembre, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, el Presidente
Rafael Correa y el Vicepresidente Jorge Glas habían ordenado se abriera una
investigación en contra del asambleísta Cléver Jiménez por la revelación de una
serie de correos electrónicos de la Presidencia de la República que demostraría
una supuesta injerencia del Ejecutivo en la Función Judicial.
El
27 de diciembre 2013, el Fiscal José Luis Jaramillo, con 10 elementos del Grupo
de Intervención y Rescate (GIR) de la policía, allanó la vivienda de Fernando
Villavicencio, asesor del asambleísta Cléver Jiménez e investigador de la
revista digital de investigación, Plan V, donde ha publicado varios reportajes
de supuesta corrupción en negocios petroleros y de seguros, en los cuales
estarían involucrados funcionarios y ex funcionarios del gobierno ecuatoriano.
Al
siguiente día, sábado 28 de diciembre 2013, Correa justificó el allanamiento porque
varios ministros de Estado, el Vicepresidente de la República, el Asesor
Jurídico de la Presidencia y el propio Presidente de la República fueron
víctimas de espionaje, puesto que varios de sus mails habrían sido hackeados y
que las pistas condujeron hacia el asambleísta de oposición Cléver Jiménez y a
su asesor Fernando Villavicencio.
Continuó
Correa: “Tenemos todo filmado (el allanamiento), así que no les servirá de
mucho victimizarse como de costumbre. Se han descubierto cosas realmente
graves, que en su momento y de acuerdo al debido proceso en su momento las
sabrá el país. ¡Es terrible lo que ha estado haciendo esa gente!” Alertas
de Fundamedios 676, 677.
El
14 de enero de 2014, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de
Justicia ratificó la sentencia en contra de Jiménez, Villavicencio y Figueroa.
El
22 de julio 2014, tras un operativo ejecutado por la Policía Nacional, se
detuvo al dirigente gremial médico Carlos Figueroa, sentenciado a seis meses de
prisión, mientras Jiménez y Villavicencio se escondieron en la selva
ecuatoriana.
3 de
junio 2015. Jiménez y Villavicencio quedaron libres porque caducó la pena de un
año de prisión sin ser detenidos.