ANÁLISIS. La mano derecha ha sido históricamente vista como la ‘mano de dios’, la mano izquierda, como la ‘mano del diablo’. Gran problema para los zurdos obligados a santiguarse con la derecha, es contra natura, tanto como el pensamiento político que desde este siglo se mueve dentro de una paradoja: Luiz Inacio Lula da Silva, presidente del Brasil, de izquierda, es visto por los políticos de izquierda como un ‘dios’ y a los derechistas Bolsonaro, Jair y Flávio, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, los ven como ‘diablos’. ¿Qué mismo son? Entonces recordamos el refrán: ‘En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mira’. Ahora todos miran con el ‘cristal oro’. Hasta los que parecen honestos.
¿Cómo manejó Lula sus tres presidencias de la república (12 años) dentro del torrente de corrupción-narcotráfico que arrastró a los gobernantes americanos del SSXXI (Socialismo del Siglo XXI) en los últimos tiempos? Investigamos y lo descubrimos con una decena de casos turbios, algunos con condenas no ejecutadas por una justicia estatal manejada a dedo que dio paso al ‘lawfare’, una teoría inventada precisamente por los abogados de Lula y admirada por Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, prófugo por ‘sobornos’ y otros casos, que sueña con un lawfare. Estos abogados, ahora están tratando de salvar a Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina, que arrastra una larga lista de corrupción.
Frente a tanta desesperación de los políticos por limpiar su imagen, cae bien este refrán: ‘La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo’.
PERDIÓ 3 ELECCIONES, GANÓ 4 Y SALTÓ LA CORRUPCIÓN
Luiz Inacio Lula da Silva, fundador del Partido de los Trabajadores (PT), fue diputado federal y se presentó a la presidencia tres veces sin éxito (1989, 1994 y 1998). En 2002 ganó con un discurso más moderado y se convirtió en el primer presidente de Brasil salido de las filas obreras.
Sus dos primeros gobiernos se recuerdan por el crecimiento económico, la proyección internacional y programas como Bolsa Familia y Hambre Cero.
En sus 8 primeros años de gobierno, los buenos propósitos se fueron al tarro de la corrupción. La BBC, uno de los medios de comunicación más serios del mundo, hizo una lista de los 10 casos que fueron abiertos en contra del ex presidente Lula (‘Liberan a Lula: cuáles son los 10 casos abiertos que tiene el expresidente de Brasil en la Justicia’. BBC. 9 noviembre 2019.) Los resumimos:
1. Condenado: Por el tríplex de Guarujá. Lula fue hallado culpable de aceptar sobornos de US$1,1 millones por parte la constructora OAS. El pago fue destinado a reformar y amueblar un apartamento de lujo de tres pisos de Lula en la localidad costera de Guarujá, en el estado de São Paulo.
En julio de 2017, el juez Sergio Moro determinó que Lula dirigió una trama para conceder a OAS contratos millonarios del gobierno a cambio del apartamento en el marco de la operación Lava Jato. Esta investigación fue la que dejó al descubierto la escandalosa red de corrupción por la que grandes empresas de Brasil se pusieron de acuerdo para repartirse contratos de Petrobras sobornando a políticos y funcionarios de la petrolera.
Lula fue condenado en primera instancia a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. En 2018, un tribunal regional confirmó la condena y la elevó a 12 años y un mes. En abril 2019, el Tribunal Superior de Justicia lo condenó en tercera instancia, pero redujo la sentencia a 8 años y 10 meses de prisión.
2. Condenado por caso la finca de Atibaia. Lula fue condenado por recibir sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht para reformar una de sus residencias en Atibaia, São Paulo, a cambio de contratos con Petrobras.
Aunque la propiedad se encuentra formalmente a nombre de un empresario, la Justicia determinó finalmente que Lula era el verdadero dueño y principal usuario de la casa. El pasado mes de febrero (2019), Lula fue condenado en este caso a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción activa y pasiva y lavado de dinero.
Además de Lula, otras diez personas fueron condenadas, incluidos los expresidentes de OAS y Odebrecht, Léo Pinheiro y Marcelo Odebrecht, respectivamente.
El expresidente Lula negó los cargos, mientras que los dos empresarios ahora son colaboradores de Lava Jato y reconocieron los delitos.
3. Nombramiento como ministro de la Casa Civil. En 2017, el entonces fiscal general Rodrigo Janot presentó una denuncia contra los expresidentes Lula y Dilma Rousseff por obstrucción de la justicia. El motivo fue el nombramiento de Lula, un año antes y en tiempo récord, al ministro de la Casa Civil del gobierno de Dilma. Lula negó cualquier tipo de irregularidad.
4. Préstamos del BNDES a Angola (operación Janus). El Ministerio Público Federal de Brasil acusó a Lula de los delitos de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias por haber presuntamente presionado al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para conceder préstamos a obras de Odebrecht en Angola entre 2008 y 2015.
Según la denuncia presentada en 2016, el expresidente habría recibido como retribución cerca de US$ 9,4 millones de Odebrecht a través del pago de conferencias y contratos sin prestación de servicios reales a través de una empresa de su sobrino.
El pasado mes de julio, sin embargo, Lula fue absuelto de las acusaciones de recibir comisiones, pero mantuvo los cargos de corrupción pasiva y tráfico de influencias. El expresidente lo niega.
5. El terreno para el Instituto Lula. El ex presidente Lula está acusado de negociar con Odebrecht un soborno de unos US$ 2,9 millones para la compra de un terreno en São Paulo para construir una nueva sede para el Instituto Lula que se encarga de divulgar su legado. La transferencia no se concretó, pero la Fiscalía afirma que el delito se consumó con la aceptación del soborno.
En la misma causa también se le acusa de recibir un apartamento comprado por Odebrecht, justo al lado de la que era su vivienda antes de ser detenido.
6. Compra de aviones de combate (Operación Zelotes). Lula fue acusado de tráfico de influencias, lavado de dinero y organización criminal en la llamada Operación Zelotes, que investigó la compra del gobierno brasileño de 36 cazas del modelo Gripen al fabricante sueco Saab.
Según la denuncia, Lula recibió supuestamente US$ 540.000 a través de una empresa de su hijo en el marco de esta compra durante el mandato de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora y protegida política.
7. Beneficios a automotrices (Operación Zelotes). En el marco de la misma operación, la Justicia federal aceptó una denuncia contra Lula por corrupción pasiva.
En este caso, se le acusa de recibir US$ 1,4 millones en sobornos para aprobar una medida en 2009 que prorrogó los beneficios fiscales a los fabricantes de automóviles en el país.
Su defensa dice que Lula nunca cometió ningún acto ilegal y que es objeto de persecución política.
8. “La gran cuadrilla del PT”. A finales del año pasado, una jueza aceptó la denuncia del Ministerio Público Federal contra Lula, Rousseff, dos exministros de Finanzas y el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) por organización delictiva.
Según la denuncia, la cúpula del PT (bautizada en este caso como “la gran cuadrilla”) habría recibido unos US$ 355 millones de sobornos en dinero desviado de las arcas públicas.
9. Guinea Ecuatorial y el Instituto Lula. En este caso, el expresidente brasileño está acusado de recibir un soborno de US$ 240.000 pagado por empresarios brasileños a cambio de que negociara contratos a su favor con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.
El expresidente admite haber recibido la donación, pero rechaza haber realizado nada a cambio.
10. Soborno de Odebrecht. En junio de 2019, un juez aceptó una denuncia por corrupción contra Lula, el empresario Marcelo Odebrecht y los exministros Antonio Palocci y Paulo Bernardo.
El caso involucra el supuesto pago de sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de favoritismo por parte del gobierno federal. La defensa de Lula declaró que el expresidente “nunca solicitó ni recibió ninguna ventaja inadecuada”.
Durante el proceso se mencionó que la constructora pagó aproximadamente 349 millones de dólares en sobornos en Brasil entre 2003 y 2016 a cambio de contratos sobrefacturados con la petrolera estatal Petrobras y obras públicas. (‘¿A dónde fueron a parar los más de US$780 millones que la constructora brasileña Odebrecht pagó en sobornos en 12 países? BBC. 26 enero 2017).
ODEBRECHT, ‘VACA LECHERA’ DEL CORREISMO
En la decena de procesos en contra de Lula, él aparece recibiendo sobornos de la constructora Odebrecht, la empresa brasileña de ingrata recordación para los ecuatorianos porque se vio -en vivo y en directo- entregando sobornos a Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, el ex vicepresidente, ahora preso en la cárcel El Encuentro por ese y otros 'sobornos', el ex presidente Correa, por esa y otras acusaciones, prefirió convertirse en un fugitivo sin lawfare.
Por este cobro de coimas para su sobrino Jorge, el tío Ricardo fue acusado de ‘asociación ilícita’ y lo condenaron a 6 años de arresto domiciliario, por tercera edad, pero el 15 de enero 2022, la prensa informó que había muerto en su casa de Guayaquil, debido a las complicaciones ocasionadas por el covid, nada se dijo sobre su sepelio y por ahí anda suelto el rumor de que el ‘muertito’ está escondido en la Nicaragua SSXXI (Socialismo Siglo XXI) de los Ortega Murillo, Daniel y Rosario.
IDEÓLOGOS ‘LAWFARE’ AL SERVICIO DE LULA
Lula da Silva gobernó hasta el 2010, le sucedió Dilma Rousseff, también del Partido de los Trabajadores (2011-2016 destituida) y los hechos hacen notar que pronto elaboraron un plan para defender al ex presidente Lula de la avalancha de denuncias. Formaron un equipo jueces y abogados, y los resultados comenzaron a verse.
Edson Fachin, en junio 2015 fue nominado por la presidenta de la república, Dilma Rousseff , magistrado (ministro) del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
La defensa en el caso Operación Lava Jato, la lideró el abogado Cristiano Zanin, que trabajó con su esposa Valeska Zanin Martins. Son los autores del libro ‘Lawfare: Waging War Through Law -Lawfare: librar la guerra con ley’, una de las obras más populares sobre este tema. (Fuente: ‘Quién es Cristiano Zanin, el juez acusado por Bolsonaro de dar vuelta la elección con un ‘lapicerazo”. perfil.com/internacional).
En la defensa también participó el equipo del bufete Teixeira Martins. Les fue bien porque de los 10 casos mencionados, solo la ‘operación Lava Jato’ generó una sentencia de 8 años diez meses en contra de Lula, pero pasó en prisión apenas 580 días, entre 2018 y 2019.
Sergio Moro que dictó la sentencia, dejó la magistratura en 2018 para ser Ministro de Justicia y Seguridad Pública del expresidente Jair Bolsonaro, cargo del que renunció en 2020 tras denunciar injerencias políticas. (Fuente Yahoo). Fue elegido senador por Paraná en 2022 y en octubre de 2026, se impuso como gobernador de Paraná. (Fuente: Data diario.)
PLAN PARA ANULAR SENTENCIAS DE LULA
Zanin y su equipo de abogados, también planeó la estrategia para anular todas las sentencias en contra Lula. Se propusieron demostrar que las investigaciones de la Operación Lava Jato "no buscaban impartir justicia, sino aplicar un uso abusivo del derecho para proscribir y desgastar la figura pública de Lula da Silva".
Con estas palabras dejaron en claro que, el objetivo del lawfare es convertir en víctimas a los funcionarios públicos y personas privadas que incurrieren en actos de corrupción, en otras palabras, a los que le roban al Estado.
Guiado por este principio, el 8 marzo 2021: “El juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló todas las sentencias dictadas en contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Argumentó que el tribunal de Curitiba —a cargo del exjuez Sergio Moro— no tenía la competencia territorial ni legal para juzgar esos casos en el marco de la operación Lava Jato”. (RTVE y BBC).Lula da Silva asumió la presidencia de la república por tercera ocasión (2023) y Fachin fue nominado Presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y del Consejo Nacional de Justicia, para un mandato de dos años (2025-2027)
‘LAWFARE’ ¡A DEFENDER A CRISTINA!
En junio de 2023, Zanin fue nombrado por el propio Lula, magistrado de la Corte Suprema Federal de Brasil (Supremo Tribunal Federal).
Rafael Valim. Es otro de los abogados de la teoría lawfare que integró la defensa de Lula durante el proceso de Lava Jato. Brasileño, es doctor y magíster en Derecho por la Universidad Católica de São Paulo, y tiene más de 20 años de experiencia en Derecho Constitucional, Administrativo y Derechos Humanos.
Desde el 29 de julio 2026, Valim es defensor de expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Hace equipo con Javier Borrego, español, Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y cuenta con una larga trayectoria en sector público de su país desde la década de 1970. En los últimos años fue Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2003-2008), abogado del Estado ante el Tribunal Supremo (2011-2012), y Magistrado de la Sala Tercera, Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo (2018-2020). (Fuente: porta.com/política).
¿CAZADOR DE BOLSONAROS?
Después de la denuncia de fraude electoral hecha por Flávio Bolsonaro, entró en acción otro personaje: Alexandre de Moraes, otro lawfare integrante del grupo de jueces y abogados de Lula.Fue miembro del Ministerio Público del Estado de São Paulo (1991–2002); Secretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de São Paulo (2002–2005).
Su acercamiento a Lula se dio luego de que asumiera por primera vez la presidencia (2003), entonces Moraes ocupó altos cargos:
2005–2007: miembro del Consejo Nacional de Justicia (CNJ).
Agosto de 2007 hasta 2010, mandato del alcalde Gilberto Kassab, Secretario Municipal de Transportes de São Paulo.
En 2010, cuando Lula estaba por dejar la presidencia, fundó su oficina ‘Alexandre de Moraes Abogados Asociados’ y tuvo casos destacados de políticos y agentes públicos.
2014-2016: Se licenció de la abogacía y el gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin (hoy vicepresidente de la república con Lula), le designó Secretario de Estado de la Seguridad Pública de São Paulo.
2016-2017: El presidente Michel Temer lo nombró Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil y Moraes defendió una política de “tolerancia cero”. Denunció las supuestas “actitudes criminales” de los movimientos de izquierda y justificó la violencia policial. Estuvo en el centro de una polémica cuando el diario Estadao (O Estado de S. Paulo) publicó una investigación en la que se afirmaba que había intervenido para defender a la cooperativa Transcooper, sospechosa de estar vinculada al principal grupo de narcotraficantes de Brasil, el Primer Comando Capital (PCC), lo que él negó.
(2022–2024): Moraes fue nominado Presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). El periódico O Globo publicó un reportaje sobre un supuesto plan de asesinarlo, luego de las elecciones del 2022 que ganó Lula y el perdedor, Jair Bolsonaro, consideró fraudulentas. Hubo negativa para una investigación judicial del fraude, pero el juez Moraes inició el procesamiento a Jair Bolsonaro por intento de golpe de estado, abolición violenta del Estado de derecho, organización criminal armada e incitación a los actos violentos del 8 de enero de 2023 en Brasilia. La Corte Suprema de Brasil lo condenó a 27 años y 3 meses de prisión domiciliaria. Jueces que lo condenaron: Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin, el inventor del lawfare.
A partir de julio 2025, Estados Unidos impuso sanciones a Alexandre de Moraes y a otros jueces brasileños.
Ahora, el perseguido por el equipo judicial de Lula es Flávio Bolsonaro, hijo de Jair. Tan pronto habló de una maniobra para hacerle perder la elección presidencial del 25 de octubre 2026, el juez Alexandre de Moraes ordenó retener su pasaporte y prohibir su salida del país, también impedir contacto entre Flávio Bolsonaro y Willer Tomaz.
Tomaz es un abogado investigado por la justicia brasileña -expediente, también a cargo del juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes- por presuntos delitos de lavado de dinero, evasión de divisas e irregularidades asociadas a empresas de pagos digitales y al sector de las apuestas en línea. Las investigaciones de la Policía Federal de Brasil señalan a Tomaz como amigo y supuesto socio del senador Flávio Bolsonaro.
¿Son ilegalidades reales o un afán de tapar el fraude? La sospecha es por la solicitud de prórroga de dos horas para el cierre de las urnas, el 25 de octubre 2026. “El Tribunal Superior Electoral (TSE), presidido por Kassio Nunes Marques, elegido en el gobierno de Jair Bolsonaro, demoró su decisión e inmediatamente asumió la competencia el Ministro (juez) del Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, nominado por Lula para ese cargo el 2023. Él autorizó de inmediato la postergación”.
¡Justicia a dedo, justicia a la carta!
RECUADRO
*Luiz Inacio Lula da Silva, nació 27 octubre 1945, en Garanhuns, Pernambuco, Brasil noreste. Obrero metalúrgico, sindicalista, fundador del Partido de los Trabajadores (PT). Fue diputado federal y se presentó a la presidencia tres veces sin éxito (1989, 1994 y 1998). Pero desde el 2003 ha sido presidente tres veces y va por la cuarta:
Primer mandato: Del 1 de enero de 2003 al 1 de enero de 2007. Segundo mandato: Del 1 de enero de 2007 al 1 de enero de 2011. Tercer mandato: Desde el 1 de enero de 2023-2027. Cuarto mandato: Aspira a iniciarlo el 1 de enero 2027-2031, luego de las controvertidas elecciones del 25 de octubre 2026.
*Refrán: ‘En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mira’. Poeta español Ramón de Campoamor.
*Refrán: “Mi esposa (Pompeya) debe estar por encima de toda sospecha”, dijo Cayo Julio César, Dictador de la República Romana. El filósofo Marco Tulio Cicerón le dio un giro literario que lo hizo popular: “La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo”.
*Lawfare: Waging War Through Law -Lawfare: librar la guerra con ley’.
“Es un acrónimo o anglicismo que combina las palabras en inglés law (ley o derecho) y warfare (guerra o conflicto). Consiste en el uso abusivo, instrumental o político de los procedimientos judiciales para atacar, desacreditar, inhabilitar o destruir a un adversario (generalmente político). IA”.
Este “uso abusivo” también lo hacen funcionarios públicos y personas independientes para tapar corrupción, narcotráfico y otros delitos.
MNeiraperiodismo.blogspot.com /5/11/2026
(TEXTO DE LIBRE REPRODUCCIÓN).