Por Mariana Neira
@MarianaNeiraL
Quienes
sueñan con ver a los agentes de la Interpol trayendo desde algún lugar del
mundo a Rafael Correa, a la cárcel de Latacunga o a ‘La Roca’ de Guayaquil,
podrían vivir una decepción porque dependerá, primero, de que esta Policía Internacional
apruebe la emisión de la ‘notificación o alerta roja’.
Ya
tuvimos una mala experiencia cuando la Interpol se negó a capturar a Correa cuando
una juez ecuatoriana dictó prisión preventiva en su contra por estar vinculado
al secuestro de un ex legislador. El ex presidente que ya residía en Bélgica,
contrató abogados que, bajo el argumento de ‘persecución política’, presentaron
documentos que conmovieron a la Interpol que se negó a dictar la ‘alerta roja’.
Uno de esos abogados estaba sorprendido por esta negativa que “no ocurre
mucho”, pero a la justicia ecuatoriana le ocurrió. Pareciera que las ‘alertas’ dependieran
de los abogados que contrata el personaje requerido por la justicia.
Si
la Interpol llegara a emitir la ‘alerta roja’, la captura de Correa dependería
del trabajo de inteligencia que realice Ecuador para ubicarlo. Localizado, de
inmediato debería pedir a la Interpol su captura.
Si
la Interpol lograra capturar a Correa, el gobierno de Ecuador debería tramitar
de inmediato su extradición que solo se daría si Ecuador tuviese un convenio de
extradición con el país donde fue detenido. También dependería de la voluntad del
gobierno de esa nación porque, a veces, las voluntades se mueven por afinidades
políticas o por el dinero que gasta el perseguido en abogados y favores. Entonces
se suscitan discusiones políticas, diplomáticas y políticas que duran largo tiempo.
Esto
ha sucedido en los últimos tiempos en América Latina. Solo dos ex mandatarios
fueron capturados por Interpol y procesados por violación de derechos humanos,
ninguno por corrupción (que es el caso de Correa). El resto de ex dictadores y
ex presidentes escaparon de las ‘notificaciones rojas’ por protección política
más que por justificación jurídica. Veamos desde 1998.
DETENIDOS POR INTERPOL
Augusto Pinochet. Renunció a la
presidencia de Chile en 1990, pero conservó su inmunidad legal gracias a que
consiguió que lo nombraran senador vitalicio.
No
obstante, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, un grupo sin
afiliación partidista designado por el sucesor de Pinochet, Patricio Aylwin, comprobó
las violaciones cometidas por el dictador contra los derechos humanos durante
su gobierno y les adjudicó a las fuerzas del general por lo menos 3.200
muertes y desapariciones.
En
1998, durante una visita de Pinochet (quien en ese entonces tenía 82 años) al
Reino Unido para someterse a una operación de la columna, los jueces Baltasar
Garzón y Manuel García Castellón que investigaban en España desde 1996 los
asesinatos de ciudadanos españoles perpetrados cuando dirigía la junta militar
chilena, pusieron en práctica un procedimiento de urgencia, vía Interpol, y
detuvieron a Pinochet que fue extraditado a España.
Tras
una batalla legal, se le permitió regresar a Chile dieciséis meses después,
cuando se determinó que no podía comparecer en un juicio por razones de salud.
A
su regreso a Chile renunció a su cargo político y fue aprobado su desafuero por
el juez Sergio Muñoz que investigaba el origen de la fortuna del ex gobernante
(1973-1990) tras el descubrimiento de sus cuentas secretas en el Banco Riggs de
EEUU. El general había acumulado una fortuna calculada hasta ahora en 27
millones de dólares. La defensa de Pinochet, que sostiene que la suma es de
unos 12 millones de dólares, ha argumentado que el origen de ese dinero es
legítimo y proviene de ahorro, inversiones y ‘donaciones’.
Pinochet
pasó los últimos años de su vida recluido y enfrentó varios cargos penales,
aunque nunca se le sometió a juicio. A
su muerte, en 2006, a la edad de 91 años, se le había acusado en tres casos de
derechos humanos y se le investigaba por muchos más. (Datos de NY times. 23 de agosto de 2019; Elmundo.es, 16 de octubre de
1998; Dw.com/es 19 octubre 2005).
Alberto Fujimori. El ex presidente
de Perú, acusado de violación de los derechos humanos y corrupción, huyó al
Japón desde donde envió su renuncia a la Presidencia de Perú, vía fax, en
noviembre de 2000. El gobierno de Perú le solicitó a Japón la extradición, sin
lograrlo.
Pero
el 7 de noviembre 2005, Fujimori llegó sin previo aviso al aeropuerto
internacional de Santiago de Chile y, tras maratonianas gestiones llevadas a
cabo por los gobiernos de Perú y Chile, agentes de la Interpol lo detuvieron en
un hotel.
El
presidente de Perú, Alejandro Toledo, convocó con urgencia al gabinete e hizo
llegar a su homólogo chileno Ricardo Lagos un informe de los delitos de
violación de los derechos humanos por los que se procesa a Fujimori en Perú
desde 2001.
A
su llegada al aeropuerto de Santiago, Fujimori envió un comunicado en el que
señalaba que se había trasladado a Chile como parte del proceso de retorno a su
país con el fin de participar en las elecciones presidenciales peruanas de
2006. Pretendía ser candidato pese a la prohibición del Congreso para
que no ocupara cargos de elección popular hasta el 2011.
Miles
de seguidores de Fujimori ocuparon varias calles del centro de Lima para apoyar
al ex presidente peruano detenido. También salieron a las calles sus opositores.
El
7 de abril de 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su
responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y
lesiones graves, tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de
Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por un escuadrón del
ejército. El 20 de julio de 2009, Fujimori fue condenado a otros siete años y
medio de cárcel al ser hallado culpable de peculado doloso, apropiación de
fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado. Ahora está
recluido en un cuartel. (Datos. EFE.
7 noviembre 2005.)
BURLARON LAS ‘ALERTAS’
Alejandro Toledo. El 10 de
febrero 2017, doce años después de que la Interpol capturara a Fujimori, el ejecutor
de su extradición, el ex presidente Toledo, fue colocado en la lista de
delincuentes más buscados y su gobierno ofrecía una recompensa de 100.000 soles
(30.000 dólares) por información que conduzca a su captura por tráfico de
influencias y lavado de activos.
Los
responsables de la constructora brasileña Odebrecht habían confesado que
pagaron 20 millones de dólares a Toledo para que facilitara sus negocios. El ex
gobernante niega esos cargos y asegura que es víctima de una
persecución política.
Se
suponía que el ex presidente se encontraba en Francia y el gobierno peruano indicó
que la ‘alerta roja’ ya fue trasladada a la Interpol de ese país que estaba
evaluando el pedido.
Según
el juez Richard Concepción que seguía el caso, Toledo no tiene arraigo en el
Perú, ya que pasa la mayor parte de su tiempo fuera del país, pues trabaja como
investigador en la Universidad de Stanford (EE.UU.) (Datos Efe, Terra. 10.02.2017).
Y
fue precisamente en ese país, en el Estado de California, donde el 18 de marzo
2019 detuvieron a Alejandro Toledo, en un restaurante, por encontrarse “en
estado de ebriedad”, pero fue liberado de inmediato porque “esta detención del
ex presidente Toledo no guarda relación alguna con el proceso de
extradición en curso y que viene desarrollándose con el mayor celo con la
coordinación de diversas instituciones del Estado”.
Según
medios peruanos, tanto Toledo como su esposa negaron que se encontrara bebido y
atribuyeron lo sucedido a una “conspiración de sus enemigos políticos”.
Un
comunicado enviado por la oficina del sheriff de la localidad a la agencia
Reuters indicó que, mientras se encontraba bajo custodia, la policía recibió un
mensaje de Interpol sobre “posibles cargos” en Perú contra el detenido. “Después
de contactar a funcionarios peruanos de Interpol, nos enteramos de que la
sola existencia de cargos en Perú no autoriza la detención del sujeto en
Estados Unidos y el señor Toledo Manrique fue puesto en libertad”. Ahí terminó
esta historia, el ex presidente sigue viviendo en Estados Unidos. (Datos BBC News Mundo. 18 marzo 2019)
Mauricio Funes. El ex
presidente de El Salvador, con su compañera de vida Ada Mitchell Guzmán y tres
de sus hijos recibieron asilo político de Nicaragua, en septiembre de 2016.
El
28 de junio 2018, el Juzgado Quinto de Paz notificó a la oficina de
Interpol en El Salvador que emita la ‘difusión roja’ en contra el ex presidente
Mauricio Funes, de su pareja sentimental Ada Mitchell Guzmán, sus dos hijos y
otros 11 prófugos para que se los capture en cualquiera de los 192 países que forman
parte de este organismo policial mundial.
Funes
ha sido vinculado por la Fiscalía al saqueo de $351 millones de fondos públicos
durante su administración 2009 y 2014. Este dinero provenía de la partida de
“gastos reservados” de la Presidencia la que, según la Fiscalía, es “ficticia”
y la crearon para saquear las cuentas estatales. En la red participaron
exfuncionarios, familiares y excompañeras de vida de Funes, entre ellas la ex primera
dama Vanda Pignato.
El
30 de julio 2019, el gobierno de Nicaragua le dio a Funes la nacionalidad y
allí reside plácidamente. (Datos: el
salvador.com Junio 28 2018).
ECUADOR: DE CAZADOR A VENADO
En
Ecuador, la Interpol fue muy mencionada durante el gobierno de Rafael Correa quien,
de cazador pasó a venado.
El
juez ecuatoriano Daniel Méndez, de la norteña provincia de Scumbíos donde se
encontraba el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) en el que fue abatido el guerrillero ‘Raúl Reyes’ el 1 de marzo de 2008,
había ordenado la captura del ex ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel
Santos, por la incursión armada del ejército colombiano en territorio de
Ecuador.
Entonces,
el 3 de julio 2009, las autoridades de Quito pidieron a Interpol que hiciera
efectiva esta orden judicial, pero el organismo policial no se pronunció sobre
la procedencia de la solicitud.
Eso
generó una grave crisis diplomática entre ambos países. El mandatario de
Colombia, Álvaro Uribe, calificó a la orden del juez como una “pirueta que
hacen los auxiliadores de las FARC”. También dijo que la medida era una “agresión
para su país”. El presidente ecuatoriano Rafael Correa respondió que “agresión
es tirar bombas a sus vecinos, no empezar proceso judiciales”.
El
26 de febrero 2010, el llamado ‘caso Angostura’ tomó un giro inesperado. El
juez Tercero de Garantías Penales de Sucumbíos, Francisco Revelo, se abstuvo de
enjuiciar a cuatro autoridades colombianas que se atribuyeron la dirección de
la Operación Fénix, con la cual abatieron al ex líder de las FARC, Raúl Reyes
en territorio ecuatoriano.
El juez dispuso el sobreseimiento provisional del ex ministro de Defensa
de Colombia, Juan Manuel Santos; del jefe de las FF.AA., Freddy Padilla; del
jefe de la Policía, Óscar Naranjo; y del ex jefe del Ejército, Mario Montoya.
El
26 de abril 2010, cuando Santos estaba de candidato a presidente de la
república de Colombia, la Corte Provincial de Sucumbíos dijo que la orden de
prisión seguía vigente.
El
7 de agosto 2010, Correa fue invitado a la posesión de Santos, elegido presidente,
y el 30 de agosto 2010 un juzgado ecuatoriano revocó la orden de prisión en su
contra. (Datos: Redacción BBC Mundo. 3
julio 2009).
Nueve
años después, el 3 de julio 2018, la jueza Daniela Camacho ordenó la prisión
preventiva del ex presidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica desde
2017, por su presunta vinculación con el secuestro en Colombia, en 2012,
de Fernando Balda, político opositor que acusaba a su gobierno de corrupto. La
jueza también emitió un pedido a Interpol para que cumpla con la detención.
Correa
se declaró víctima de “un complot” y acusó a Balda de ser autor de una presunta
trama para derrocarlo. (Datos: Clarin.com
3 julio 2018).
El
19 de septiembre 2018 se conoció que la demanda de Ecuador a Interpol de
difundir orden de captura contra el ex presidente Rafael Correa estaba sin
efecto porque los documentos enviados al ente probaban irregularidades en el
proceso en su contra, según reportó Prensa
Latina.
El
procurador judicial de Correa, Christophe Marchand, informó que después de
conocer de la orden de detención solicitada por Quito, su equipo envió a la
sede de la Policía Internacional (Interpol) en Francia, documentos para
intentar frenar la demanda.
“Esto
es un caso que no ocurre mucho. Normalmente, a nivel internacional, Interpol
recibe la demanda y la ejecuta. Aquí no, porque hay razones muy importantes”,
afirmó.
Asimismo,
explicó que la situación con Correa está basada en el marco de la persecución
política que existe en América Latina contra ex gobernantes, casos que ya se
han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Datos: Juventud rebelde Cuba, miércoles 19
septiembre 2018).
El
7 de octubre 2020, el juez Iván León de la Corte Nacional de Justicia de
Ecuador pidió a Interpol que emita una notificación roja contra el ex presidente
Rafael Correa (y 14 personas más) para que cumpla su condena de 8 años de
prisión por el delito de cohecho correspondiente al ‘caso Sobornos’.
El
ex mandatario calificó la decisión en su cuenta de Twitter de “nuevo ridículo
para Ecuador”. “Habrá que gastar nuevamente en abogados, limitaciones de
viajes, etc. Así buscan quebrarnos”. (Datos:
CNN 7 octubre 2020).
Lo
que los ecuatorianos quieren es justicia y, por sobre todo, que los sobornados
devuelvan la plata.